El DIPr surge por la concurrencia de dos presupuestos
¿Para qué sirve el Derecho internacional privado (en adelante DIPr)?:
La suma de los dos presupuestos hace que sea necesario que exista una rama del ordenamiento jurídico para dar
Las relaciones privadas internacionales se producen cuando la actividad jurídica de las personas traspasa las fronteras. Estas relaciones se caracterizan por dos
Son relaciones
Son relaciones de carácter
El DIPr únicamente tiene por objeto las relaciones de carácter internacional, y no se ocupa de las
Las situaciones privadas internacionales plantean
La
La
Las fuentes normativas de DIPr en España se caracterizan por ser muy numerosas y por estar contenidas en un amplio número de textos normativos, lo que dificulta mucho la identificación de la norma aplicable. Nuestro panorama de DIPr es especialmente complicado porque en nuestro país no solo se aplican las normas de DIPr establecidas en el Derecho interno, sino también otras previstas en Convenios internacionales y normas de Derecho europeo. En efecto, en el ámbito europeo se han aprobado numerosos Reglamentos y Directivas con normas de DIPr que nos vinculan; junto a lo anterior, nuestro país participa en numerosos Convenios internacionales que incluyen reglas de DIPr.
Obviamente, la gran cantidad de normas existentes dificulta la identificación de la
La primera cuestión siempre es decidir si debe aplicarse un
Verificar si la cuestión entra dentro del ámbito de
Ver si el texto es de
Comprobar su ámbito de
A veces nos encontramos con una dificultad adicional: verificados los distintos ámbitos de aplicación, pueden existir casos en que varios textos son simultáneamente de aplicación al mismo supuesto, produciéndose
Los textos supranacionales
Si concurren textos supranacionales entre sí (Reglamentos europeos con Convenios internacionales p. ej.), la solución debe darse
De no ser aplicable ningún Reglamento europeo o Convenio internacional, la solución será siempre aplicar
La abundancia de Convenios internacionales y de normas de Derecho europeo sobre DIPr, nos podría hacer pensar en la existencia de un DIPr unificado a nivel internacional. Sin embargo, no existe un sistema mundial uniforme de DIPr. Debemos tener claro que
Lo anterior se conoce como “
Sin embargo, para evitar los inconvenientes que conlleva que las soluciones de DIPr sean diferentes en cada Estado, estos se pueden poner de acuerdo para establecer
Daniela, nacional ecuatoriana, trabaja como empleada de hogar en Madrid. Quiere solicitar la reagrupación familiar de sus hijos menores de edad, que residen en Ecuador. Desea saber qué trámites administrativos debe realizar.
Un famoso futbolista de nacionalidad uruguaya juega en España en un equipo español de fútbol. Es denunciado por fraude fiscal ante un tribunal penal español. El tribunal se pregunta si tiene competencia para juzgar el caso.
Una española solicita en España el divorcio contra su marido, de nacionalidad marroquí. Ambos cónyuges residen en Marruecos. El tribunal español se pregunta si debe resolver el caso utilizando el derecho español o el marroquí.
Una empresa española fleta un autobús desde Madrid hasta Bucarest (Rumanía). En el bus, conducido por un chófer español, viajan personas de diferentes nacionalidades (rumanos, españoles y dos búlgaros). Circulando por Italia, el autobús tiene un accidente en que sufre graves daños uno de los pasajeros rumanos. Este demanda en España a la empresa española, pidiendo una indemnización basada en la responsabilidad civil extracontractual por los daños producidos. El Juez español se plantea si debe aplicar en este supuesto derecho español, derecho rumano, o derecho italiano.
Una empresa española firma un contrato internacional con una empresa estadounidense, acordándose que las obligaciones del contrato deberán cumplirse en el Reino Unido. La empresa española quiere demandar a la de EE. UU. En España, considerando que no está cumpliendo con lo estipulado en el contrato. El Juez español quiere saber si tiene competencia para juzgar el caso
Una española trae a sus hijos a España, incumpliendo el régimen de visitas establecido en la resolución judicial italiana que otorga la custodia a su ex marido. Este interpone una querella criminal en España contra la mujer, por
Un tribunal de Florida (EE. UU.) condena a una empresa española a pagar una indemnización extracontractual a una empresa de EEUU. La última solicita la ejecución de la sentencia en nuestro país, y el Juez quiere saber si esta sentencia extranjera tiene validez en España.
Las normas de Competencia Judicial Internacional (CJI) establecen cuando los tribunales de un Estado son competentes para juzgar un litigio sobre una relación privada internacional. Estas normas
Competencia judicial internacional y sectores relacionados:
Debe diferenciarse correctamente el concepto de CJI de otros relacionados
Las normas de
Las normas de
A través de las
En el caso de que los tribunales españoles tengan CJI, en un segundo paso, las
En el tema 3 se verá una panorámica de las normas de CJI vigentes en España (mapa normativo). Estudiemos ahora brevemente cuáles son sus condicionantes: la Constitución, el Derecho internacional público y el Derecho europeo.
Nuestra Constitución
Como consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva (1º) cuando se aprobó la LOPJ, se incluyeron en la misma foros de competencia judicial internacional, con la finalidad de fijar el Juez ordinario predeterminado por la ley, como requiere el art. 24.2 CE; (2º) La misma LOPJ fijó a través de dichos foros un volumen “razonable” de CJI, que permite al demandante interponer ante nuestros tribunales demandas en casos razonablemente vinculados con España (volumen suficiente); pero al tiempo, evitando un volumen excesivo de CJI: la LOPJ no otorga a nuestros tribunales competencia en esos casos en que el supuesto no tiene ningún tipo de vinculación razonable con nuestro
El Derecho internacional público
Pero impone
El principio de territorialidad. Según este, un Estado no puede realizar en un país extranjero actuaciones que impliquen ejercicio de autoridad. Para llevar a cabo estos actos, hay que recurrir a la cooperación internacional (ver tema 10)
Las normas sobre inmunidad de jurisdicción y ejecución. Estas prohíben que los tribunales españoles juzguen los casos en que el demandado es un Estado extranjero u otro ente o sujeto con inmunidad de jurisdicción.
Las instituciones europeas tienen competencia para elaborar normas sobre CJI, reconocimiento y ejecución de decisiones, y desarrollo del proceso internacional. En este contexto, en la UE se han adoptado numerosas normas sobre DIPr, que se estudiarán con detalle en próximas lecciones.
La Constitución española incluye normas de competencia judicial internacional
El Derecho internacional público reparte la competencia judicial internacional entre los Estados miembros de la comunidad internacional
Las instituciones europeas tienen competencia para elaborar normas sobre competencia judicial internacional
El sistema español de CJI se compone de una
En este tema expondremos los rasgos básicos de los textos más importantes
El
El CB se
El RBI se
El RBI bis se aplica en todos los Estados miembros de la UE (en adelante EM). Pero hay que tener en cuenta que
Este Reglamento incluye normas de CJI y de reconocimiento y ejecución de decisiones (en adelante, RYE). Se dice por ello que es un Reglamento “doble”
El Reglamento incluye un
El Reglamento obligatorio en todos sus elementos y
La interpretación uniforme del RBI bis corresponde al
A menudo el TJUE hace una interpretación
Según el TJUE, el Reglamento se aplica si una de las partes de la relación jurídica es una persona jurídico-pública, siempre que la misma actúe
El
El ámbito de aplicación espacial del RBI bis es distinto en CJI y en RYE
Si el demandado está domiciliado en un EM del RBI bis:
Si el demandado está domiciliado en Suiza, Noruega o Islandia: los jueces españoles
Este Reglamento encuentra su
En el año 2000 se aprobó el primer Reglamento de Bruselas II: el
Por ello, solo 3 años más tarde, el anterior texto se transformó en el
El RBII bis fue modificado por el
Al igual que el RBI bis, es un
Su
Las normas de CJI del RBII ter son de aplicación
Pero este texto prevé la
Los arts. 21, 22 y 25 LOPJ incluyen
Su regulación es
Sus normas son
La aplicación de la LOPJ es
En Derecho patrimonial: cuando el demandado no está domiciliado en un EM del RBI bis o CL, p. ej., en Estados Unidos o en México.
En Derecho de familia, en los casos excluidos del ámbito de aplicación material de los Reglamentos europeos, o cuando estos indican la aplicación residual del Derecho nacional.
La LOPJ presenta un claro
En los instrumentos reguladores expuestos (RBI bis, CL, RBII ter y LOPJ) se establecen los llamados
Un foro o fuero de CJI
En el RBI bis, el CL, el RBII ter y la LOPJ se encuentran los siguientes
Foro general del
Foros
Foros
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Los
En defecto de foros exclusivos y si las partes no han elegido el tribunal competente, actúan los demás foros de
En derecho de familia, el sistema no funciona de la misma forma, ya que el papel de los foros exclusivos y de la autonomía de la voluntad de las partes es muy limitado. Veremos en el tema 6 los distintos foros aplicables en derecho de familia.
Se interpone ante un tribunal español una demanda en materia contractual por A, empresa del Reino Unido contra B, empresa española. Las obligaciones del contrato deben cumplirse en Nueva York (EE. UU.)
Se interpone ante un tribunal español una demanda en materia contractual por A, empresa española, contra B, empresa danesa. Las obligaciones del contrato deben cumplirse en Suiza.
Se interpone ante un tribunal español una demanda de responsabilidad civil por A, español con domicilio en España, contra B, francés con domicilio en Suiza, por los daños que el último le ha causado en el curso de unas vacaciones en Australia.
Se interpone ante un tribunal español una demanda de divorcio de común acuerdo por dos españoles con domicilio en Suiza
A, con domicilio en España, interpone en España una demanda contra B, su ex mujer, que reside en Francia, solicitando la custodia compartida en relación con el hijo común de la pareja
El régimen aplicable en este caso es el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis o RBI bis). Se trata de una demanda en materia contractual, cuestión regulada
Igual que en el caso anterior, son aplicables las normas de competencia judicial internacional del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis). Se trata también de una demanda en materia contractual, y el demandado tiene domicilio en Dinamarca. Aunque con carácter general, Dinamarca no participa en los Reglamentos europeos sobre DIPr, a través del Acuerdo firmado entre la UE y Dinamarca y la UE, se ha extendido a este país la aplicación de las reglas del Reglamento de Bruselas I bis.
En este caso, debemos aplicar el Convenio de Lugano. La materia objeto del litigio, la responsabilidad civil extracontractual, se incluye en el ámbito de aplicación material de este texto legal, y el demandado está domiciliado en Suiza. Con carácter general, este Convenio se aplica, dentro de su ámbito material, si el demandado está domiciliado en Suiza, Noruega o Islandia. No puede aplicarse el Reglamento de Bruselas I bis porque el demandado no está domiciliado en un Estado miembro de la UE. No es relevante el país donde se han causado los daños.
En este caso, no podemos aplicar ni el Reglamento de Bruselas I bis ni el Convenio de Lugano, que excluyen de su ámbito de aplicación las cuestiones propias del Derecho de familia. Al tratarse de una demanda de divorcio, debe aplicarse el Reglamento 2019/1111 (Bruselas II ter), aplicable con carácter universal en este tipo de situaciones. Es indiferente que los cónyuges residan en Suiza.
Igual que en el caso anterior, al tratarse de una cuestión propia del Derecho de familia, excluimos la aplicación del Reglamento de Bruselas I bis y del Convenio de Lugano, y aplicamos el Reglamento de Bruselas II ter, aplicable con carácter universal a la responsabilidad parental. Dentro de este concepto, se entienden incluidos, entre otros aspectos, los derechos de custodia y visita.
En el tema 3 hemos visto una panorámica de los instrumentos reguladores de la CJI (RBI bis, RBII ter, CL y LOPJ) y de cuándo se aplican. En los temas 4 a 8, estudiamos los
Se dice que este foro es de carácter
El foro determina
Como acabamos de ver, el foro del domicilio del demandado se regula en el RBI bis, el CL y la LOPJ. Pero
Como vimos en el tema 3, la determinación del régimen aplicable depende de
Observe que el domicilio del demandado sirve para dos cosas distintas: en el tema 3, lo teníamos en cuenta para decidir qué texto legal debe aplicarse, pero en el tema 4 vamos a utilizar el domicilio del demandado para determinar cuál es el tribunal competente. Eso nos indica que el domicilio del demandado cumple una
Es fundamental evitar confundir una y otra función del domicilio. Recuerde que en el tema 3 hablábamos del domicilio del demandado como criterio para establecer el texto legal aplicable, mientras que en este tema nos centramos en el domicilio del demandado como foro o criterio de atribución de la CJI (foro del domicilio del demandado). Veamos la diferencia entre las dos funciones con varios
1. Si el demandado está domiciliado en Francia (u otro EM de la UE): (a) el
Para determinar si una persona física está domiciliada en un EM,
El Derecho español considera domiciliadas en España a las personas que tienen residencia habitual en nuestro país (art. 40 C.c. y 22.ter.2 LOPJ)
En caso de que el demandado tenga domicilio desconocido (a) si no hay pruebas de que está domiciliado fuera de la UE, se aplica el RBI bis (TJUE, as. 292/10) y (b) se admite la posibilidad de demandarle ante el tribunal de su último domicilio conocido dentro de la UE (TJUE 327/10)
Su fundamento es el principio de
Son
Para el demandante, los foros especiales son
El foro atribuye CJI al tribunal del lugar donde está
El foro es
Con presencia estable en el mercado: una sucursal debe ser un centro efectivo de operaciones que se manifiesta de forma duradera hacia el exterior y que está provisto de una dirección que le permite negociar con terceros
Y que está bajo la “dirección y control del demandado”: el foro no actúa en relación con entes con personalidad jurídica independiente, como las filiales. No obstante, el foro sí se aplica cuando estas se presentan ante el tráfico como sucursales. Esta corrección se basa en el principio de apariencia
El art. 7.1 RBI bis y el art. 5.1 CL introducen dos tipos de reglas de CJI para los contratos, que vemos a continuación
El
Si las partes han establecido de forma expresa en el contrato el lugar de cumplimiento: se tiene en cuenta el lugar de cumplimiento pactado por las partes.
Si las partes no han previsto en el contrato el lugar de cumplimiento: debe determinarse tal lugar conforme a la ley rectora del contrato
Esta regla general es subsidiaria y
Si las partes acuerdan dicho lugar en el contrato, se tiene en cuenta la elección de las partes: también si dicha elección se realiza a través de un INCOTERM.
Si las partes no han acordado en el contrato el lugar de entrega o de prestación, la jurisprudencia del TJUE ha establecido que:
En los contratos de compraventa de mercancías se entiende como lugar de entrega el de destino final de las mercancías, es decir, aquel donde se ponen las mismas a disposición del comprador (TJUE, as. 381/08, 87/10)
En caso de pluralidad de lugares de cumplimiento, se prefiere el principal en términos económicos. En un contrato de transporte aéreo, se entiende como lugar de cumplimiento el lugar de partida o de llegada del vuelo, a elección del actor (TJUE, as. C-204/08,
Se aplica cuando el demandado está domiciliado en un tercer Estado. El art. 22 quinquies a)
Ambos textos legales prevén
Los foros nos indican el tribunal competente en litigios sobre materia
El concepto de responsabilidad extracontractual
El concepto de materia extracontractual es
Se incluyen en el concepto, entre otras acciones: (i) la responsabilidad civil por accidentes de circulación, daños al medio ambiente, daños por productos defectuosos, etc.; (ii) acciones de cese o prevención de un daño; (iii) la llamada responsabilidad precontractual o por
Se regula en los arts. 7.2 RBI bis-5.3 CL, que otorgan CJI al
Concreción del lugar de origen y del daño:
Lugar de origen: es el lugar donde se produce la actuación que provoca el daño
Lugar del daño: es el lugar donde la víctima sufre un daño inicial y directo; el concepto no abarca otros lugares donde se sufren las repercusiones o consecuencias indirectas de este ni aquellos donde terceras personas sufren daños por repercusión
Responsabilidad por daños financieros: El Sr. Marinari, nacional italiano, deposita unos pagarés en un banco en el Reino Unido. El banco, creyendo erróneamente que los pagarés son falsos, los retiene, impidiendo al Sr. Marinari disponer del dinero, y causándole con ello importantes daños económicos. El Sr. Marinari interpone una demanda contra el banco reclamando el resarcimiento de los daños financieros sufridos. La demanda solo se puede interponer en el Reino Unido, que es tanto el lugar de origen como el del daño inicial. El Sr. Marinari no puede demandar al banco en Italia, aunque sea el lugar donde se encuentra su patrimonio y donde sufre el daño financiero: el daño inicial se produce en el Reino Unido (STJUE, as. 364/93,
Responsabilidad por productos: El Sr. Kainz, austriaco, compra en Austria una bicicleta de fabricación alemana. Tras caerse de la bici en Alemania, sufriendo diversas lesiones, reclama al fabricante de la bicicleta una indemnización, pues considera que la caída se debió a que las patas de la horquilla se desprendieron de esta, por un defecto de fabricación. El lugar de origen es el lugar de fabricación (Alemania) y el lugar del daño, donde se produce el accidente y la caída (Alemania) (TJUE, as. 45/13,
Responsabilidad por actos de competencia desleal: El TJUE ha tenido que precisar el lugar del hecho dañoso en el famoso caso “Dieselgate”: La VKI, asociación austriaca de defensa de consumidores, interpone en Austria una demanda contra el fabricante de automóviles Volkswagen, con domicilio en Alemania. En la demanda se reclaman indemnizaciones por los daños sufridos por varios ciudadanos austriacos, que habían adquirido en Austria vehículos en que Volkswagen había instalado un software ilegal para alterar los resultados de los controles de emisiones de gases de escape. Según el TJUE, el lugar del hecho causal es Alemania, donde Volkswagen instaló el software ilegal, mientras que el lugar del daño se materializa en Austria, donde los consumidores adquieren, engañados, los vehículos manipulados (as. C-343/19,
Daños por difamación: Una revista francesa publica un artículo que implica a una ciudadana inglesa en una red de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. La revista se difunde principalmente en Francia, pero también (en menor número de ejemplares) en otros países. Según el art. 7.2 RBI bis, la víctima puede
Daños por difamación a través de internet: Si la difamación se produce vía internet, se amplían los foros de CJI y la víctima puede demandar (i) ante el tribunal de establecimiento del emisor, con carácter universal; (ii) ante cada uno de los tribunales en que sea accesible el contenido publicado en internet, que solo tienen competencia para conocer del daño causado en su territorio; y (iii) Ante el tribunal del lugar del centro de intereses de la víctima, con carácter universal
Estas reglas se utilizan para todo tipo de daños a la privacidad y a los derechos de la personalidad (intromisiones ilegítimas en la intimidad, difamación, etc.)
Este se regula en los arts. 7.3 RBI bis-5.4 CL, que prevén que el tribunal que conoce de un proceso penal tiene también CJI para la acción civil si, según su ley interna, la acción civil es acumulable a la penal. Se trata de un foro basado en la conexidad: se permite que el tribunal penal que juzga el delito pueda conceder también la indemnización civil que deriva de dicho delito.
En materia de obligaciones extracontractuales, el art. 22 quinquies b)
Un español plantea una acción reivindicatoria sobre un bien mueble (no cultural) que se halla en España: (a) Si la demanda se dirige contra un demandado domiciliado en Nueva York, se aplica la LOPJ y los tribunales españoles tienen CJI (art. 22
Tenga en cuenta las pautas que se indican a continuación para resolver casos prácticos sobre el tema 4. Resuelva después los ejercicios sobre el tema que encontrará a continuación
Entre los diferentes foros que atribuyen CJI a los tribunales españoles, hemos visto en el tema 4 el foro general y los foros especiales en el ámbito patrimonial más importantes. Vamos a ver a continuación cómo se resuelven en la práctica los casos en que un tribunal español debe decidir si tiene o no CJI, estando en juego los foros estudiados.
Cuando nos enfrentamos a la solución de un caso práctico de CJI que trata sobre una cuestión de Derecho privado patrimonial, siempre tenemos que responder a dos cuestiones distintas:
En primer lugar, SIEMPRE debemos identificar
Solamente una vez identificado el texto legal aplicable, determinamos, en segundo lugar, qué tribunal o tribunales tienen competencia judicial internacional. Para ello, utilizaremos los foros de CJI incluidos concretamente en el texto legal (RBI bis, CL o LOPJ) que hemos considerado aplicable en el paso anterior
Empezamos por la determinación del régimen aplicable a la CJI. Con carácter general, los pasos que debemos seguir para resolver esta cuestión son los siguientes:
Primero, comprobar si el RBI bis o CL son de aplicación material. Estos instrumentos se aplican
Caso de no incluirse la cuestión en el ámbito de aplicación material de dichos instrumentos, la norma aplicable es la LOPJ, salvo que sea de aplicación otro Reglamento europeo (por ejemplo, el RBII ter u otro diferente: el de alimentos, regímenes matrimoniales, sucesiones, etc.)
En los temas 3 y 4 nos hemos centrado en la
Identificado el régimen aplicable, hay que determinar cuál es el tribunal competente. Para ello, utilizaremos concretamente los foros de CJI contenidos en el texto legal que hemos considerado aplicable en el paso anterior.
Esto quiere decir que: si hemos indicado que el régimen aplicable es el RBI bis, debemos aplicar los foros contenidos en este texto legal; si aplicamos el CL, los foros que tendremos en cuenta son los de este Convenio; y si el régimen es la LOPJ, son los foros de esta Ley los que nos indican si el tribunal español es competente.
En el tema 4 se explica con detalle cómo funciona el foro general del domicilio del demandado y cuáles son los foros especiales por razón de la materia en el ámbito patrimonial (reglas principales). Siempre hay que tener en cuenta que el foro general y los foros especiales actúan con carácter alternativo. Esto significa que el demandante puede elegir, a su conveniencia, ante cuál de ambos foros interpone la demanda.
Recordemos algunos aspectos básicos sobre los foros que hemos visto. Para estudiarlos con más detalle y resolver los casos prácticos debe consultar el contenido del tema
La regla general (todos los textos legales): establece que tienen CJI los tribunales del
Las reglas especiales (solo RBI bis y CL) señalan que, si las partes no han establecido el lugar del pago en un contrato de compraventa de mercancías o de prestación de servicios, se considera que las obligaciones del contrato se cumplen en el lugar de entrega de las mercancías (compraventa) o en el de la prestación de servicios (contrato de prestación de servicios). El tribunal de tal lugar será entonces el competente.
Litigio en materia contractual, estando el demandado domiciliado en España y cumpliéndose las obligaciones del contrato en París (Francia).
Litigio en materia contractual, estando el demandado domiciliado en Suiza y cumpliéndose las obligaciones del contrato en España
Litigio en materia extracontractual, estando el demandante domiciliado en España, el demandado en EE. UU., y produciéndose el hecho dañoso en España.
Litigio reclamando la propiedad de un bien mueble (no cultural) situado en España, el demandante está domiciliado en España y el demandado en Malta
Litigio reclamando la propiedad de un bien mueble (no cultural) situado en España, el demandante está domiciliado en Suiza y el demandado en Estados Unidos.
La empresa española se retrasa en la entrega de las mercancías y, por ese motivo, la empresa francesa quiere demandarla. (a) Determine el régimen aplicable a la CJI. (b) Establezca ante qué tribunal o tribunales puede la empresa francesa interponer la demanda. Señale en qué normas del texto normativo aplicable basa su respuesta.
La empresa española quiere demandar a la francesa por impago: (a) Determine el régimen aplicable a la CJI. (b) Establezca ante qué tribunal o tribunales puede la empresa española interponer la demanda. Señale en qué normas del texto normativo aplicable basa su respuesta.
Vamos a suponer ahora que en el contrato se ha acordado la entrega de las mercancías en Bélgica, pero no se ha acordado el lugar del pago del precio. Igualmente, la empresa española quiere demandar a la francesa por impago. Establezca ante qué tribunal o tribunales puede hacerlo. Señale en qué normas del texto normativo aplicable basa su respuesta.
El Sr. Pérez es operado de urgencia en Alemania, y luego trasladado a un hospital español, en el que finalmente fallece como consecuencia de las heridas sufridas. Sus familiares desean interponer una demanda de responsabilidad civil contra Laurent B., al que consideran responsable del accidente, para solicitar una indemnización por los daños sufridos
Determine el régimen aplicable a la competencia judicial internacional en este caso
Señale ante qué tribunal o tribunales pueden interponer los familiares del Sr. Pérez una demanda contra Laurent B. reclamando una indemnización basada en la responsabilidad civil extracontractual. Indique de forma expresa si en su opinión, los tribunales españoles tienen competencia judicial internacional en este caso
Si el demandado está domiciliado en España;
Si el demandado está domiciliado en Italia;
Si el demandado está domiciliado en Marruecos;
En todos los casos anteriores;
Solo en a) y en b);
solo en b y en c);
solo en a) y en c).
(a) El régimen aplicable es el RBI bis, porque (i) se trata de una demanda en materia contractual, incluida en el ámbito de aplicación material del Reglamento (art. 1) y (ii) el demandado está domiciliado en España (EM del Reglamento). (b) Tienen CJI los tribunales españoles (por el foro general del domicilio del demandado, art. 4 RBI bis) y los tribunales franceses (según el foro contractual del art. 7.1 RBI bis, ya que las obligaciones del contrato se cumplen en Francia)
(a) El régimen aplicable es el CL, ya que dicho texto legal incluye los contratos en su ámbito de aplicación material (art. 1) y el demandado está domiciliado en Suiza. (b) Tienen CJI los tribunales españoles porque las obligaciones del contrato se cumplen en España (foro contractual: art. 5.1 CL), y los tribunales suizos, por el foro general del domicilio del demandado (art. 2 CL)
(a) El régimen aplicable es la LOPJ, porque el demandado está domiciliado en Estados Unidos, que es un tercer Estado, lo que excluye la aplicación tanto del RBI bis como del CL. (b) Tienen CJI los tribunales españoles, porque el hecho dañoso se produce en España (art. 22 quinquies b) LOPJ). Ignoramos si los tribunales de EEUU tienen CJI: para saberlo, tendríamos que consultar el DIPr estadounidense, y nosotros solo estudiamos DIPr español.
(a) El régimen aplicable es el RBI bis, ya que la cuestión se incluye dentro de su ámbito de aplicación material (art. 1) y el demandado está domiciliado en Malta, que es un Estado miembro de la UE. (b) El RBI bis no establece un foro especial para los derechos reales sobre bienes muebles no culturales,
(a) El régimen aplicable es la LOPJ, ya que el demandado está domiciliado en Estados Unidos, que es un tercer Estado. (b) El art. 22 quinquies, f) establece que los tribunales españoles tienen CJI, porque el bien está situado en España. Como en el supuesto núm. 3, ignoramos si los tribunales de EE. UU. tienen CJI: para saberlo, tendríamos que consultar el DIPr estadounidense.
El régimen aplicable a la CJI en este caso es el Convenio de Lugano. Se trata de una demanda en materia contractual, incluida por tanto en el ámbito de aplicación material de este Convenio (ver art. 1) y el demandado es una empresa suiza. Para determinar el texto legal aplicable, con carácter general, atendemos al domicilio del demandado, y aplicamos concretamente el Convenio de Lugano cuando el mismo tiene su domicilio en Noruega, Islandia, o Suiza, como en este caso.
Como el régimen aplicable es el Convenio de Lugano, utilizamos los foros establecidos en este texto legal para responder a la segunda cuestión. Según este Convenio, tienen CJI: (a) los tribunales suizos, por el foro general del domicilio del demandado (art. 2 CL); (b) los tribunales de Madrid, por el foro de la sucursal (art. 5.5 CL), ya que la demanda se refiere a la actividad prestada por la sucursal madrileña; y (c) los tribunales de París, por el foro contractual (art. 5.1 CL): el foro contractual otorga competencia judicial internacional al tribunal del lugar donde se cumple la obligación que sirve de base a la demanda. En este caso, la demanda se debe a una prestación de servicios eventualmente incorrecta, así que atendemos al lugar donde se prestan los servicios, esto es, París.
(a) En este supuesto, como se trata de una demanda interpuesta por una empresa francesa contra una empresa española en materia contractual, el régimen o texto legal aplicable es el Reglamento de Bruselas I bis. El mismo incluye dentro de su ámbito de aplicación material los contratos (art. 1), y el demandado está domiciliado en un Estado miembro (España), así que se cumple el ámbito de aplicación espacial del Reglamento; (b) De acuerdo con dicho Reglamento, la demanda puede interponerse, i) ante los tribunales españoles (foro general del domicilio del demandado, art. 4 RBI bis) y ii) ante los tribunales belgas, por el foro contractual del art. 7.1 del Reglamento. Este foro establece, en materia de contratos, la CJI del tribunal del lugar donde se cumple la obligación que sirve de base a la demanda. En este caso, dicha obligación es la entrega, ya que la demanda se interpone ante un retraso en
(a) En este segundo caso, igualmente se aplica el RBI bis, por motivos similares: la materia contractual se incluye en su ámbito de aplicación material, y el demandado está domiciliado en un Estado miembro, Francia en este caso. (b) La empresa española puede demandar a la francesa: i) ante los tribunales franceses, por el foro general del domicilio del demandado (art. 4 RBI bis); ii) ante los tribunales españoles, por el foro contractual del art. 7.1.a) RBI bis. En este caso, la obligación que sirve de base a la demanda es el pago, ya que se trata de una demanda por impago. Según el contrato, la obligación de pago debe realizarse en España.
En este tercer supuesto, como en el núm. 2 y por los mismos motivos, aplicamos el RBI bis. Tienen CJI igualmente los tribunales franceses, por el foro general del art. 4 RBI bis. En cuanto al foro contractual del art. 7.1, en este caso, atribuye CJI a los tribunales belgas. Es una demanda por impago, así que la obligación que sirve de base a la demanda es el pago. Como en este caso las partes no han acordado en el contrato el lugar del pago, se aplica la regla especial establecida en el art. 7.1.b) RBI bis para los contratos de compraventa de mercancías, según la cual se entiende que las obligaciones del contrato se cumplen en el lugar de entrega, esto es, Bélgica.
En este caso, el régimen o texto legal aplicable es el Convenio de Lugano: se trata de una demanda de responsabilidad civil extracontractual, cuestión incluida dentro del ámbito de aplicación material de este texto legal (art. 1), y el demandado, Laurent B., tiene domicilio en Suiza. Como ya sabemos, si el demandado está domiciliado en Suiza, Noruega o Islandia, como regla general se aplica el Convenio de Lugano.
De acuerdo con el Convenio de Lugano, los familiares del Sr. Pérez pueden interponer una demanda en materia de responsabilidad civil extracontractual (a) ante los tribunales suizos, por el foro general del domicilio del demandado (art. 2); y (b) ante los tribunales alemanes, por el foro especial en materia extracontractual (art. 5.3 CL). Este último precepto atribuye competencia judicial internacional a los tribunales del lugar del hecho dañoso: estos son los tribunales alemanes, ya que el accidente se produce en Alemania. Es importante recalcar que en este supuesto la demanda
Los tribunales españoles sin embargo no podrían conocer del asunto en el caso b), teniendo en consideración que, en este, el régimen aplicable es el RBI bis (el demandado está domiciliado en Italia, EM del Reglamento) y según este instrumento solamente son competentes los tribunales italianos: en el RBI bis no existe foro especial por razón de la materia para los derechos reales sobre bienes muebles (salvo si se trata de una acción relativa a un bien cultural, que no es el caso), así que el único foro aplicable es el del domicilio del demandado.
En los
Se prevén foros de CJI que protegen a la parte débil, que vemos en esta lección;
Se limita el juego de la autonomía de la voluntad, como veremos en el tema 8; y
No se reconocen las sentencias extranjeras que no respeten los foros de protección, medida que estudiaremos en los temas 11 y 12
El RBI bis y CL se aplican cuando el demandado tiene
Si el demandado no tiene domicilio ni sucursal en un EM, se aplica la LOPJ.
Ambos textos legales incluyen una
La regulación del RBI bis y CL excluye la aplicación de los foros de CJI de los arts. 4, 7 y 8 que veíamos en el tema 4. Si nos encontramos ante un contrato de seguro incluido en la sección especial, solo se aplican los foros de esta sección, con exclusión del foro contractual.
Se excluyen de la sección especial: (i) la seguridad social; (ii) los contratos de reaseguro (contratos en los que el asegurador reasegura el riesgo con otro asegurador); (iii) las acciones del asegurador contra el responsable del daño y (iv) los litigios entre compañías de seguros sobre obligaciones de garantía.
Se incluyen los seguros de grandes riesgos y los de empresas públicas, siempre que la relación jurídica sea
Tribunal del domicilio del asegurador (art. 11.1.a)
Tribunal del lugar de situación de la sucursal (art. 7.5)
Tribunal del domicilio de la parte débil demandante (
Para
Llamada a terceros: A con domicilio en Madrid, provoca un accidente en Maastricht (Países Bajos). B, víctima del accidente interpone una demanda de responsabilidad civil contra A en los tribunales de Maastricht. A puede llamar a este proceso a su compañía aseguradora española para que cubra su responsabilidad civil.
El asegurador solo puede demandar al tomador, asegurado o beneficiario ante el tribunal del
Si un consumidor demanda a un profesional, los foros de protección del RBI bis se aplican con
Si el profesional demanda al consumidor, el régimen aplicable depende, como siempre, de dónde está domiciliado el demandado
Ambos textos prevén una sección especial para estos contratos, de contenido similar. Solo varía su numeración: los arts. 17-19 RBI bis son idénticos a los arts. 15-17 CL.
La regulación prevista es
Los
El
Que las partes del contrato sean
Debe existir un “contrato” entre las partes. La sección es aplicable a las “promesas de premio”, según el TJUE, cuando el profesional se ha comprometido jurídicamente a entregar el premio ofrecido o si el consumidor realiza el contrato de consumo al que está subordinada la promesa: p. ej. un empresario ofrece un regalo a todo consumidor que realice un contrato de cierto importe:
No se incluyen todos los contratos. Solamente los que cumplan estos requisitos:
Los
El consumidor puede litigar en España si tiene su residencia habitual en territorio español (
El profesional sólo puede litigar en España si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio español (domicilio del demandado)
Si el trabajador demanda al profesional, los foros de protección del RBI bis, si atribuyen CJI a un tribunal de un Estado miembro, se aplican con
Si el demandado está domiciliado en un EM, se aplica el RBI bis y no las normas nacionales de CJI incluso si estas son más favorables al trabajador (TJUE, as. 804/19)
Los dos textos legales incluyen una sección especial para estos contratos, con una regulación idéntica. Solo varía la numeración de los preceptos: los arts. 20-23 RBI bis son idénticos a los arts. 18-21 CL
La regulación es
El
En defecto de la regla (c), cuando esta no es operativa, se puede demandar al empresario ante el tribunal de
Cuando no puede identificarse un lugar de desempeño habitual del trabajo. Esta situación no es frecuente, pues las reglas anteriormente vistas permiten determinar en la mayoría de los casos el lugar principal de los servicios.
Cuando los servicios se prestan íntegramente en terceros Estados o en territorio no sujeto a soberanía estatal, caso en que el art. 21.1.b.i) no conduce a ninguna solución y es inaplicable
Adicionalmente, en casos de desplazamiento temporal de trabajadores, la Dir. 96/71 permite demandar al profesional ante el
Después de estudiar en el tema 5 los foros de protección para los contratos de seguro, consumo y trabajo, vemos a continuación algunas pautas para resolver casos prácticos en la materia. Los pasos para resolver casos prácticos sobre CJI son, como veíamos en el programa de prácticas núm. 1, los dos siguientes:
En primer lugar, SIEMPRE debemos identificar
Solamente una vez identificado el régimen aplicable, determinaremos en segundo lugar si el tribunal español tiene o no CJI, utilizando los foros correspondientes del RBI bis, CL o LOPJ, según el caso.
Para determinar el régimen aplicable a la CJI en el caso de los foros de protección, a diferencia de lo que sucede con carácter general,
En los
En los
Si es la
En este caso, en principio, no queda espacio para la aplicación de la LOPJ.
Sin embargo, si es el
Identificado el régimen aplicable, hay que determinar si el tribunal español tiene CJI. Para ello, debemos aplicar los foros de CJI contenidos en el texto legal que hayamos considerado aplicable. En el tema 5 se tratan con detalle los foros de protección, que debe estudiar para resolver casos prácticos sobre los mismos. Aquí solo se recuerdan algunos de los rasgos más importantes de estos foros.
Tanto en el RBI bis-CL como en la LOPJ, los foros de CJI difieren según quien interponga la demanda. Los foros de los tres textos legales son muy similares. A continuación, se hace un resumen de los establecidos en el RBI bis. En el mismo,
Si la
el tribunal del domicilio del asegurador (art. 11.1.a);
el tribunal de lugar de situación de la sucursal (art. 7.5) y
el Tribunal de su propio domicilio (
Además, se prevén foros adicionales y alternativos a los anteriores para el contrato de coaseguro (art. 11), los seguros de responsabilidad civil o sobre inmuebles (art. 12) y para la llamada a terceros y la acción directa en los seguros sobre responsabilidad civil (art. 13)
Si el
Igual que en el caso anterior, los foros de CJI, muy similares en el RBI bis, el CL y la LOPJ, son distintos según quien interponga la demanda. En el RBI bis se prevén concretamente los siguientes:
el Tribunal del domicilio del profesional;
el Tribunal de situación de la sucursal (art. 7.5 RBI bis) o
el Tribunal del domicilio del consumidor.
La aplicación de los foros indicados requiere que exista un contrato de consumo en el sentido del Reglamento: esto significa que los foros
en las ventas a plazos de mercancías o préstamos a plazos vinculados; o
en otros contratos, si el profesional ejerce o dirige sus actividades al mercado del domicilio del consumidor. En el caso de la contratación electrónica, es preciso que la página web se dirija al mercado del consumidor, y no es suficiente que el sitio web sea accesible desde el mismo. Sin embargo, no es imprescindible que el contrato se celebre
Los foros no se aplican a los contratos de transporte, pero sí a los de viaje combinado.
También en este caso los foros del RBI bis y el CL, similares entre sí, diferencian según quién interponga la demanda. Los establecidos en la LOPJ presentan bastantes diferencias con los de la regulación europea.
En el RBI bis, las reglas indican lo siguiente:
El Tribunal del domicilio del empresario (art. 21.1.a);
El Tribunal de la sucursal (art. 7.5);
El Tribunal del lugar de desempeño habitual del trabajo (art. 21.1.b) i). En los materiales del tema se detalla cómo solucionar los casos en que los servicios se prestan en más de un Estado;
Con carácter subsidiario, cuando no hay lugar de desempeño habitual del trabajo, se acude al tribunal de situación del establecimiento que contrató al trabajador (art. 21.1.b.ii);
Adicionalmente, en casos de desplazamiento temporal de trabajadores, la Directiva 96/71 permite demandar ante el tribunal del lugar de desempeño temporal del trabajo.
El 15 de agosto de 2023, A se encuentra en Berlín (Alemania) cuando, de forma imprudente, deja caer una piel de plátano al suelo, con la que resbala B, con domicilio en Alemania. En la caída, B se fractura un pie, y requiere baja laboral durante 6 semanas. Ante tales hechos, B reclama a A una indemnización con base la responsabilidad civil extracontractual. A se pone en contacto con su compañía de seguros, para el pago de la indemnización, pero esta le indica que no va a cubrir el caso, pues considera que A ha actuado con imprudencia al dejar caer el plátano al suelo. A no está de acuerdo conesta decisión, y quiere interponer una demanda contra la compañía aseguradora reclamando el cumplimiento de lo previsto en el contrato de seguro.
Establezca qué texto legal aplicaría un tribunal español para determinar la competencia judicial internacional en este caso.
De acuerdo con el texto legal que haya considerado aplicable, señale si los tribunales españoles tendrían CJI para juzgar la demanda dirigida por A contra la compañía aseguradora norteamericana. Indique también si el mismo texto legal atribuye CJI a otros tribunales diferentes de los españoles.
Según el texto legal aplicable, si B, la víctima del daño, decidiera interponer una acción directa contra la compañía de seguros, reclamando el pago de la indemnización, ¿ante qué tribunal o tribunales podría hacerlo?
Ante la inminente llegada del huracán Carolina, el crucero es cancelado 2 días antes de la salida. Carnival ofrece a los consumidores el reembolso de la
Interpuesta la demanda ante el tribunal español, ¿cuál es el régimen aplicable a la competencia judicial internacional?
¿Tienen competencia judicial internacional los tribunales españoles en este caso?
Suponga ahora que Marie C. ha adquirido, de forma independiente del crucero, un vuelo de ida y vuelta Madrid-Miami-Madrid, de la compañía American Airlines, con sede en Texas, EEUU. El vuelo se adquiere igualmente online, en la página web de la compañía que se dirige al mercado español. El vuelo es cancelado también debido al huracán, y la consumidora quiere reclamar su importe: ¿Son aplicables en este caso los foros de protección establecidos para los contratos de consumo?
En este supuesto, el texto legal que debería aplicar un tribunal español para determinar si tiene competencia judicial internacional es el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis). Es cierto que el demandado tiene domicilio en un tercer Estado, ya que se indica que su sede social se encuentra en EEUU, pero en los contratos de seguro, para aplicar el RBI bis es suficiente que el demandado tenga domicilio,
Los tribunales españoles, ya que el art. 11.b) atribuye competencia judicial internacional a los tribunales del domicilio del demandante, si se trata de una demanda interpuesta por la parte débil del litigio. Nuestros tribunales también tienen CJI por el foro de la sucursal (art. 10 en relación con el art. 7.5 RBI bis)
Los tribunales alemanes, según el art. 12 RBI bis: este establece que en los seguros de responsabilidad también tiene competencia judicial internacional el tribunal del hecho dañoso, que en este caso se ha producido en Berlín (Alemania).
Apoyándonos en el RBI bis solo podemos indicar que los dos tribunales mencionados tienen CJI. Aunque la compañía aseguradora tenga su domicilio en Nueva York (EEUU), no podemos afirmar que los tribunales de Estados Unidos tengan CJI, porque el Reglamento de Bruselas I bis distribuye la CJI solamente entre los Estados miembros del Reglamento. Para determinar si los tribunales de EEUU tendríamos que conocer el DIPr de este país, algo que excede los objetivos de este curso.
Para responder a esta última cuestión, tenemos en cuenta el art. 13.2 RBI bis, según el cual “los artículos 10,11 y 12 serán aplicables en los casos de acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador cuando la acción directa sea posible”. Esto significa que la víctima del daño, aunque no sea parte del contrato de seguro, tiene a su disposición los mismos foros que el asegurado, el tomador y el beneficiario del seguro. En el polémico caso
los tribunales españoles, en cuanto tribunal del domicilio del asegurado (art. 11.b) y en cuanto tribunal de la sucursal (art. 10 en relación con art. 7.5 RBI bis), y
Los tribunales alemanes, por el lugar del hecho dañoso (art. 12) y por el domicilio de la víctima demandante (art. 11.b) en relación con lo establecido en la Sentencia TJUE en el caso
Para resolver la primera cuestión planteada, lo primero que tenemos que observar es que nos encontramos ante un contrato de consumo al que le son aplicables los foros especiales de protección: nos encontramos ante un contrato celebrado entre una empresa y un consumidor (persona física), para un uso ajeno a la actividad profesional del consumidor, y el empresario se dirige al mercado del domicilio del último a través de internet,
A partir de esta idea, debemos concluir que, interpuesta la demanda ante un tribunal español, el régimen aplicable a la competencia judicial internacional en este caso es el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis), aunque el empresario demandado esté domiciliado en EEUU: este Reglamento se aplica con carácter universal cuando el consumidor demanda al empresario, siempre que nos encontremos ante un contrato de consumo en el sentido del Reglamento.
Tal y como indica el art. 18.1 del RBI bis, los tribunales españoles tienen CJI en este caso. Según el precepto mencionado, “La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse (…) con independencia del domicilio de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que está domiciliado el consumidor.
La situación cambiaría por completo en el caso de que la demanda tuviera por objeto el contrato de transporte mencionado, ya que los foros de protección no son aplicables en el caso de los contratos de transporte, como indica el art. 17.3 RBI bis.
Por lo tanto, al no encontrarnos ante un contrato de consumo, en este caso, tendríamos que aplicar los foros previstos para los contratos que estudiábamos en el tema 4. Esto implica: (a) que el régimen aplicable sería la LOPJ, y no el Reglamento de Bruselas I bis, ya que el demandado está domiciliado en Estados Unidos, tercer Estado; y (b) que los tribunales españoles tendrían competencia judicial internacional, por el foro contractual. El art. 22 quinquies a) LOPJ atribuye CJI a nuestros tribunales en materia contractual si la obligación objeto de la demanda se ha cumplido o debe cumplirse en España y esto sí sucede en este caso, ya que el vuelo de ida tiene origen en España y el de vuelta tiene destino en nuestro país. Como vimos en el tema 4, en los contratos de transporte aéreo, se considera que la obligación de prestación de servicios se presta tanto en el lugar de partida como en el de llegada del vuelo
En este supuesto el régimen aplicable a la CJI es el Convenio de Lugano, al tener el demandado su domicilio en Suiza. Se trata de una demanda en materia de contrato de trabajo interpuesta por el trabajador contra el empresario, y en estos casos, es aplicable el Convenio de Lugano cuando el demandado tiene domicilio en Suiza, Noruega o Islandia.
El Convenio de Lugano incluye diferentes foros de competencia judicial internacional que puede utilizar el trabajador en su favor en este caso. En particular, puede interponer la demanda ante los tribunales:
Españoles, según el art. 19.2 del mismo Convenio, que atribuye CJI a los tribunales del lugar en que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo. En este caso, como se prestan los servicios en varios Estados, debemos buscar el lugar donde se prestan principalmente los servicios: la jurisprudencia del TJUE, que podemos tener en consideración en este caso, nos conduce a entender que Madrid es el centro efectivo de las actividades profesionales, teniendo en cuenta que el trabajo se organiza desde el despacho del trabajador en Madrid. Los desplazamientos a Francia y a Portugal se organizan en este lugar, y desde el mismo se mantienen también los contactos con la empresa a través de videoconferencia.
El trabajador, sin embargo, no podría interponer la demanda en Portugal o en Francia, puesto que ninguno de los dos países es el centro efectivo de la actividad del trabajador.
Particularidades de la CJI en este sector
Como veíamos en el tema 3, en Derecho de familia el régimen aplicable a la CJI depende de la materia. Para la institución del matrimonio, el
El Reglamento se aplica a (a)
Sin embargo, el Reglamento no se aplica a las relaciones económicas entre cónyuges o entre los integrantes de una pareja de hecho, materias en las que son aplicables los Reglamentos 2016/1103 y 2016/1104.
Como vimos en el tema 3, el
Según este precepto, en demandas de separación, divorcio o nulidad, el demandante puede interponer, a su elección, la demanda ante cualquiera de los siguientes tribunales:
El tribunal del último lugar de la RH
El tribunal de la
El tribunal de la RH del demandante si ha residido allí desde al menos
El tribunal de la nacionalidad común de los cónyuges (art. 3.b). En
Determinación de la
El Reglamento no otorga competencia judicial internacional a ningún tribunal de un Estado miembro, y
El demandado no es nacional de un Estado miembro y no tiene residencia habitual en un Estado miembro.
Esta regla presenta escasa utilidad práctica en el caso de España. Los foros de la LOPJ coinciden con los del RBII y no amplían en estos casos la CJI de los tribunales españoles.
Los foros de CJI del Reglamento 2016/1103 se han establecido teniendo en consideración que, muchas veces, las demandas sobre regímenes
P. ej. Si fallece un cónyuge, antes de repartir los bienes entre los herederos, hay que liquidar el régimen económico matrimonial, para determinar cuáles son los bienes del cónyuge fallecido que serán objeto de la sucesión. Igualmente, cuando se disuelve un matrimonio con motivo de un divorcio, es necesario liquidar el régimen económico matrimonial y atribuir a cada ex cónyuge los bienes que le corresponden.
En estos casos, conviene que el Juez que está resolviendo la sucesión o el divorcio, pueda también tomar las decisiones oportunas sobre el régimen económico matrimonial. Por ese motivo, el Reglamento 2016/1103 establece foros basados en la conexidad. Así:
El tribunal que está juzgando la sucesión tiene CJI para la liquidación del régimen económico matrimonial y las cuestiones jurídicas que este plantee (art. 4 Reglamento)
Igualmente, el tribunal que está juzgando una crisis matrimonial (divorcio, separación, nulidad) puede resolver las cuestiones relativas al régimen económico matrimonial. Si el tribunal que está juzgando la crisis es el de la residencia habitual del demandante (art. 3.a) v y vi RBII ter), este solo tiene CJI en relación con el régimen económico matrimonial si así lo acuerdan ambos cónyuges (art. 5 Reglamento).
Este Reglamento contempla otras reglas de CJI que no estudiamos con detalle.
Mientras que en materia de
Un alemán con residencia en Alemania (presunto hijo) interpone demanda de paternidad contra un español con domicilio en España (presunto padre). Tienen CJI los tribunales españoles porque el
Un francés residente en España (presunto hijo) interpone demanda de paternidad contra un francés que reside en Francia (presunto padre). Tienen CJI los tribunales españoles porque
Una madre española interpone demanda de paternidad en representación de su hijo, francés y con residencia en Francia, contra el presunto padre, francés y con residencia en Francia. Tienen CJI los tribunales españoles porque la
Una madre francesa reside en España desde hace más de seis meses. Interpone demanda de paternidad en representación de su hijo, contra un presunto padre, francés y con residencia en Francia. Tienen CJI los tribunales españoles porque la demandante tiene RH en España desde hace al menos seis meses (art. 22 quater d) LOPJ)
Como sabemos, el
Se considera como
Bajo ciertas condiciones, el tribunal de la RH anterior al cambio conserva durante tres meses su competencia para modificar una resolución existente sobre derecho de visitas. La regla pretende que este tribunal pueda adaptar una resolución, previamente dictada, a la nueva situación (ver art. 8 Reglamento).
En caso de traslado o retención ilícito de un menor (secuestro internacional de menores), el traslado del menor no se puede considerar un cambio lícito de residencia habitual, y por este motivo, el art. 9 del RBII ter establece que la competencia judicial internacional corresponde al tribunal de la residencia habitual
El tribunal que está juzgando el caso, de oficio o a instancia de parte, puede poner en marcha un procedimiento para remitir el asunto a otro tribunal “más conveniente” (art. 12)
O un tribunal que se considere a sí mismo “más conveniente” puede solicitar al tribunal de la residencia habitual del menor que le transfiera la competencia (art. 13)
En los dos casos, es necesario que el tribunal “más conveniente” guarde una relación estrecha con el menor, bien por ser el menor nacional de tal Estado, o haber residido en el mismo, o por ser el de la residencia habitual de uno de los titulares de la responsabilidad parental. Si el asunto trata sobre medidas de protección de los bienes del menor, también se considera que tiene una vinculación estrecha con el menor el tribunal del Estado en que se encuentran tales bienes.
Después de estudiar en el tema 6 los foros de CJI previstos para el Derecho de familia, vamos a ver algunas pautas para solucionar casos prácticos en la materia. Como veíamos en el programa de prácticas núm. 1, para resolver casos prácticos sobre CJI, hay que responder a dos cuestiones distintas: (a) En primer lugar, siempre hay que identificar
Empezamos por la primera cuestión. Existen diferentes Reglamentos europeos aplicables en materia de familia que prevalecen sobre la LOPJ. Entre ellos, en el tema 6 hemos estudiado el
La elección del texto legal aplicable en Derecho de familia es muy sencilla: los diferentes Reglamentos europeos en esta materia son aplicables tanto a demandados domiciliados en un Estado miembro como en un tercer Estado. De esta forma, desplazan la aplicación de la LOPJ dentro de su ámbito de aplicación material. Aplicaremos este último texto legal solamente en los supuestos excluidos del ámbito de aplicación material de los Reglamentos, y en los casos en que los mismos establecen la aplicación residual del Derecho nacional. Estos últimos casos tienen una importancia práctica muy marginal para España, así que apenas nos detenemos en ellos.
Teniendo en cuenta lo anterior, según cual sea la materia objeto del litigio, el régimen aplicable será el siguiente:
Una vez identificado el régimen aplicable, para determinar el tribunal competente, hay que tener en cuenta los foros de CJI previstos en cada uno de los textos legales mencionados, que se explican con detalle en el tema 6. A continuación, se recuerdan algunas de las cuestiones más importantes vistas en el tema.
La residencia habitual común de los cónyuges;
El último lugar de la RH común de los cónyuges, si uno de ellos aún reside allí;
La residencia habitual del demandado;
La RH del demandante si ha residido allí desde al menos un año inmediatamente antes de presentar la demanda o seis meses si es nacional de tal Estado;
La nacionalidad común de los cónyuges;
En demandas conjuntas, también tiene CJI el tribunal de la RH de cualquiera de los cónyuges
el demandado tiene domicilio en España o;
el hijo o menor tiene su RH en España al tiempo de interposición de la demanda o;
el demandante es español o reside habitualmente en España al menos desde seis meses antes de la presentación de la demanda
Se admite la posibilidad de que las partes realicen un acuerdo de elección de foro, bajo ciertas condiciones: entre ellas, hay que señalar que solo se admite la elección de un tribunal que esté “estrechamente vinculado” con el menor. Si el acuerdo de elección de foro es válido, el tribunal elegido por las partes tiene competencia judicial internacional (art. 10)
En defecto de los foros anteriores, si no se conoce la residencia habitual del menor y no se ha realizado un acuerdo válido de elección de foro, se puede interponer la demanda ante el tribunal de
Los arts. 12 y 13 establecen procedimientos para que, en casos excepcionales, se pueda trasladar la demanda a otro tribunal que se pueda considerar más “conveniente” en el caso concreto para juzgar el caso, por estar mejor vinculado para valorar el interés superior del menor.
Demanda de divorcio: (a) ¿Qué texto legal utilizará el tribunal español para decidir si tiene competencia judicial internacional para conocer de la demanda de divorcio?; (b) ¿Tienen competencia judicial internacional los tribunales españoles en este caso? (c) Suponga ahora que Alberto fuera nacional uruguayo, en lugar de español. ¿Tendrían CJI los tribunales españoles en el caso?
Custodia de los menores: (a) ¿Qué texto legal utilizará el tribunal español para decidir si tiene competencia judicial internacional en relación con esta cuestión?; (b) ¿Tienen CJI los tribunales españoles para decidir sobre la custodia de los menores?
(a) En relación con la
(a) El texto legal aplicable para decidir si el tribunal tiene CJI en relación con los
En este caso, el texto legal que debe aplicar el tribunal español para determinar si tiene CJI es la LOPJ. Nos encontramos ante una demanda en materia de filiación, ya que se reclama que se declare la paternidad del demandado. Esta cuestión no se incluye en el ámbito de aplicación material de ninguno de los Reglamentos europeos ni en ningún Convenio aplicable en nuestro país. Por ese motivo, en las demandas sobre filiación, siempre es aplicable la LOPJ.
Los arts. 22 ter LOPJ y 22 quater d) LOPJ establecen foros de CJI de carácter alternativo aplicables en demandas sobre filiación. En particular, el art. 22 quater d) otorga CJI en este caso a nuestros tribunales. Dicho precepto establece que en materia de filiación tienen CJI los tribunales españoles si el hijo o menor tiene residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda, como sucede en este caso. El mismo precepto atribuye CJI a los tribunales españoles también si el demandante reside habitualmente en España, como igualmente sucede en este caso. Los criterios de CJI establecidos en
Por otro lado,
El art. 24 RBI bis y el art. 22 CL se aplican con
Se trata de dos foros exclusivos concurrentes, así que no es posible interponer la demanda ante ningún otro tribunal (p. ej. un tribunal acordado por las partes)
El
El foro exclusivo
a los contratos de licencia o explotación sobre estos derechos, que se rigen por el régimen general previsto en el RBI bis sobre los contratos;
a las acciones extracontractuales en que se reclama una indemnización de daños y perjuicios por la vulneración de uno de estos derechos (acciones de violación de patente). Estas acciones se rigen por las reglas del RBI bis para la responsabilidad extracontractual.
La patente europea clásica es un “haz” de patentes nacionales, y cada EM tiene CJI sobre la parte protegida en su territorio. Así, cada EM tiene competencia exclusiva en relación con el registro o validez de una patente europea expedida para su territorio.
Junto al anterior sistema “clásico” de patente europea, en el ámbito de la cooperación reforzada, se ha adoptado una patente unitaria europea: el Reglamento 1257/2012 crea una patente europea de efecto unitario para todos los Estados participantes en el sistema, y, para su protección, el Tratado sobre el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) de 19 de febrero de 2013, crea un Tribunal supranacional, competente para conocer los litigios relativos a la nueva patente de efecto unitario. Este sistema, en el que España no participa, ha entrado en vigor en junio de 2023.
Tras estudiar en el tema 7 los foros de competencia judicial internacional exclusiva, vemos algunas pautas sobre cómo resolver en la práctica los casos en que un tribunal español debe decidir si tiene o no CJI, estando en juego los foros estudiados. Como ya sabemos, cuando nos enfrentamos a la solución de un caso práctico de CJI, tenemos que responder a dos cuestiones distintas: (a) En primer lugar, SIEMPRE debemos identificar
Para determinar el régimen aplicable a la CJI en el caso de los foros exclusivos, a diferencia de lo que sucede con carácter general,
Por tanto, siempre que se trate de una competencia exclusiva de los tribunales de un EM de la UE (incluido España) se aplica el RBI bis. Si el foro exclusivo corresponde a un tribunal suizo, noruego o islandés, el régimen aplicable es el Convenio de Lugano. No olvide que cuando la competencia exclusiva corresponde a un tribunal español, siempre es aplicable el RBI bis, que desplaza la LOPJ. Este último texto legal solo se aplica si se trata de un foro exclusivo de un tercer Estado.
Para identificar a qué tribunal corresponde la CJI en los foros exclusivos, debe tenerse muy presente que, en estos casos, el único tribunal que puede conocer del litigio es el exclusivamente competente. No se admiten los pactos de sumisión en favor de otro tribunal ni actúa el foro general del domicilio del demandado. Si se interpone ante un tribunal español un litigio que corresponde a la competencia exclusiva de otro Estado, el tribunal español debe inhibirse de oficio y declinar su CJI en el caso. En el tema 7 hemos visto los foros exclusivos previstos para las siguientes cuestiones:
Foro principal: En materia de derechos reales sobre inmuebles y contratos de arrendamiento sobre inmuebles, son exclusivamente competentes los tribunales del lugar de situación del bien (art. 24.1 RBI bis y 22.1 CL). No puede conocer del litigio ningún otro tribunal.
El foro para los arrendamientos de temporada se aplica en aquellos contratos de arrendamiento de inmuebles con una duración máxima de seis meses consecutivos, y en que el contrato se realiza para un uso particular, el arrendatario es una persona física y el propietario y el arrendatario tienen su domicilio en el mismo Estado. En tal caso se admite que conozcan del litigio dos tribunales: a) el del lugar de situación del bien; y b) el del domicilio del demandado (art. 24.1.b) RBI bis y 22.1.b) CL)
Ante el impago, el banco decide instar la ejecución del derecho real de hipoteca contra el Sr. Müller: (a) Establezca el régimen aplicable a la CJI y (b) Señale si los tribunales españoles son competentes para ordenar la ejecución del derecho.
Suponga que, en la demanda, el Banco, sin pedir la ejecución de la hipoteca, se limita a reclamar al Sr. Müller el pago de las mensualidades vencidas.
Suponga que SONAE SAUDE demanda a IBERMASK ante los tribunales españoles. (a) Determine el régimen aplicable a la competencia judicial internacional; (b) Establezca si los tribunales españoles tienen competencia judicial internacional en este supuesto; (c) Diga si, en su opinión, podría conocer del litigio algún otro tribunal europeo.
Supongamos ahora que el tribunal español se declara competente (no debe tomar esto como la solución de la pregunta anterior). La empresa demandada IBERMASK, en su contestación a la demanda, se defiende de los cargos alegando que la patente inscrita por la empresa portuguesa es nula. En este caso, el tribunal español ¿tiene competencia judicial internacional para decidir sobre la nulidad de la patente?
En este caso, como el objeto del litigio es la ejecución de un derecho real de hipoteca, debemos aplicar el foro exclusivo en materia de inmuebles. Teniendo esto en consideración: (a) el régimen aplicable a la CJI es el
Sin embargo, si la demanda versa sobre el impago del contrato de préstamo, la situación cambia por completo, ya que entonces no nos encontramos, como en el caso anterior, ante un supuesto de foros exclusivos. Las demandas de carácter contractual relativas a un contrato de préstamo hipotecario no encajan dentro del foro exclusivo, ya que no se refieren ni a un derecho real inmobiliario (el objeto de la demanda es el contrato, no la hipoteca), ni, naturalmente, a un contrato de arrendamiento de inmuebles. Por ello, debemos resolver el supuesto aplicando las reglas estudiadas en el tema 4 para los contratos. Utilizando estas, podemos concluir que (a) el régimen aplicable a la CJI es el
En este caso, nos encontramos ante una demanda de responsabilidad civil extracontractual, en la que son aplicables las reglas que veíamos en el tema 4 para las obligaciones extracontractuales. Aunque el litigio esté relacionado con una patente, esto no implica sin más la aplicación del foro exclusivo en materia de patentes y otros derechos sujetos a inscripción. El foro exclusivo solo se aplica si la demanda se refiere a la validez o nulidad de una patente, o a la inscripción de la misma, y en este caso, no se plantea ninguna de estas cuestiones ante el tribunal. Partiendo de esta idea, podemos establecer que (a) El régimen aplicable a la competencia judicial internacional es el
La cuestión cambia si, una vez interpuesta ante un tribunal español la demanda extracontractual con base en el foro del domicilio del demandado,
En materia patrimonial, con carácter general, los textos legales permiten a las partes acordar el tribunal competente. En ese caso, el acuerdo de las partes deroga el juego de las reglas de CJI vistas hasta ahora. Existen dos opciones a la hora de elegir el tribunal competente:
Las partes pueden elegir el tribunal competente a través de un
Los acuerdos de elección de foro
La sumisión expresa en materia patrimonial se regula en los arts. 25
Cuando hay sumisión expresa a un tribunal, la determinación del régimen aplicable El art. No obstante, se aplica el Conv. Haya 2005 si el acuerdo de sumisión es en favor de un tribunal de la UE, pero una de las partes del litigio tiene domicilio en un EM del Conv. que no pertenece a la UE (actualmente, Montenegro, Singapur, México, Reino Unido y Ucrania) Para aplicar el En defecto de las reglas anteriores, se aplica la
La regulación establecida en el RBI bis parte de la base de que estos acuerdos tienen
Veamos a continuación las dos series de cuestiones:
Estas condiciones se contemplan en el art. 25. 1 RBI bis y 23.1 CL. Según el TJUE, son condiciones
Veamos
Que
Que se respeten ciertas
Un acuerdo por escrito es el
Si el acuerdo se inserta en las condiciones generales de contratación (CGC) adjuntas al contrato, es preciso que: a) ambas partes firmen las CGC o una remisión en el contrato a las mismas y b) que las CGC se hayan puesto a disposición previa de la otra parte
Un acuerdo verbal con confirmación escrita es aquel en que las partes han prestado verbalmente su consentimiento y una de ellas lo ha confirmado por escrito. No es necesaria la confirmación escrita de la otra parte, basta que lo reciba sin objeciones.
También se admiten los acuerdos de sumisión celebrados en una forma conforme a los usos que las partes tuvieren establecidos entre sí. Por ejemplo, en
Como antes se señalaba, las cláusulas de elección de foro sirven para (a) atribuir CJI al tribunal elegido por las partes y (b) derogar la CJI de los demás tribunales
En todo caso, los efectos del acuerdo dependen de la
Si una de las partes incumple el acuerdo de sumisión firmado, e interpone la demanda ante un tribunal diferente del pactado, el demandado cuenta con varias opciones en el marco del RBI bis para oponerse a tal conducta y asegurar la efectividad del acuerdo.
La declinatoria internacional: interpuesta la misma, el tribunal ante el que se ha planteado la demanda, si no tiene CJI, declinará el conocimiento del caso.
El demandante también puede simplemente interponer la demanda ante el tribunal elegido. Con ello, se crea una situación de litispendencia internacional, que se resuelve en favor del tribunal elegido por las partes. Como veremos en el tema 9, el tribunal no elegido debe suspender el procedimiento o inhibirse, según los casos.
La sumisión no se admite en todas las materias, sino que encuentra límites:
Por un lado, encontramos un límite absoluto a la sumisión: los
Por otro lado, en los
La LOPJ regula la sumisión expresa en el art. 22 bis y el art. 22 ter (4), desde la perspectiva de su eficacia prorrogatoria y derogatoria
Este precepto de la LOPJ solo
Las
Los acuerdos de sumisión no se admiten en los foros exclusivos
En los contratos de seguro y consumo solo son válidos los acuerdos de sumisión: (a) posteriores al nacimiento del litigio; (b) si ambos contratantes tienen domicilio o RH en España en el momento de celebración del contrato o (c) si el demandante es el consumidor, el asegurado o el tomador del seguro
No es admisible la sumisión en los contratos de trabajo: el foro de la sumisión no se recoge en el art. 25 LOPJ.
El art. 22 ter (4) establece que la competencia de los tribunales españoles podrá excluirse mediante un acuerdo de elección de foro en favor de un tribunal extranjero. Según dicho precepto, si las partes han acordado la CJI de un tribunal de un tercer Estado, el tribunal español debe
La sumisión tácita se produce cuando el actor interpone una demanda ante un tribunal y el demandado comparece ante el mismo sin impugnar su CJI.
El texto legal aplicable para determinar la CJI en casos de sumisión tácita depende del
La regulación establecida en RBI bis, CL y LOPJ es muy similar, así que la veremos conjuntamente, sin entrar en detalle en las pequeñas diferencias entre estos textos
Por parte del demandante, por el hecho de presentar la demanda ante un tribunal
Por parte del demandado, cuando comparece en un procedimiento sin impugnar la CJI del tribunal en tiempo y forma. Por ejemplo, si contesta al fondo de la demanda sin interponer declinatoria de la CJI.
El único límite de la sumisión tácita son los
En los foros de protección del RBI bis, si el demandado es la parte débil, el Juez debe asegurarse, antes de asumir la CJI, de que se ha informado al demandado de su derecho a impugnar la CJI. Ni el CL ni la LOPJ contemplan una regla similar.
De acuerdo con lo que hemos visto en los temas 4 a 8, la jerarquía de los foros en el ámbito patrimonial en el marco del RBI bis, CL y LOPJ se articula de la siguiente manera:
Este esquema no funciona bien para los foros de protección, que siguen un sistema diferente. En los mismos, el esquema es más bien el siguiente
Una vez que hemos estudiado en el tema 8 el papel que juega la autonomía de la voluntad en el ámbito de la competencia judicial internacional, vemos a continuación algunas pautas para resolver en la práctica los casos en que un tribunal español debe decidir si tiene o no CJI, habiendo elegido las partes el tribunal competente. Como ya sabemos, a la hora de solucionar un caso práctico de CJI, hay que responder a dos cuestiones distintas: (a) En primer lugar, comenzamos siempre por identificar el
Cuando nos encontramos ante un caso de sumisión, a diferencia de lo que sucede con carácter general, la determinación del texto legal aplicable
El art. 25 RBI bis se aplica, con independencia del domicilio de las partes, cuando se acuerda la CJI de un tribunal de un EM. Como excepción, si se acuerda la competencia de un tribunal de la UE, pero una parte del litigio está domiciliada en Montenegro, Singapur, México, Reino Unido o Ucrania, es aplicable el Convenio de la Haya de 2005 sobre cláusulas de elección de foro
La aplicación del 23 CL requiere (i) que el pacto atributivo de CJI sea en favor de un tribunal de Suiza, Noruega o Islandia y (ii) que una de las partes (demandante o demandado) tenga su domicilio en un EM del CL (cualquier Estado de la UE o Suiza, Noruega o Islandia).
La LOPJ se aplica con carácter subsidiario cuando no se cumplen las condiciones para aplicar ni el art. 25 RBI bis ni el 23 CL ni el Convenio de la Haya, en particular, cuando el acuerdo de sumisión es en favor de los tribunales de un tercer Estado.
En los casos de sumisión, para determinar qué tribunal tiene competencia judicial internacional, se utilizan las siguientes reglas, muy sencillas y fáciles de aplicar, que puede consultar con más detalle en el tema 8.
Tanto la sumisión expresa como la tácita encuentran su límite en los foros exclusivos, en los que no se admite nunca la elección de otro tribunal competente. La sumisión expresa también encuentra algunos límites en los foros de protección (puede consultarlos con detalle en el tema 8). La sumisión tácita sí se admite en los foros de protección (aunque el RBI bis establece que debe informarse a la parte débil de las consecuencias que tiene someterse al tribunal) y siempre prevalece sobre una sumisión expresa anterior.
(a) Señale el régimen aplicable a la competencia judicial internacional; (b) Determine si los tribunales de Marbella tienen competencia judicial internacional para resolver el caso.
Suponga a continuación que la cláusula de sumisión inserta en el contrato atribuye CJI a los tribunales de Minsk (Bielorrusia) en lugar de a los de Marbella. La empresa portuguesa demanda a la rusa en España alegando el foro de la sucursal, pero la empresa rusa interpone declinatoria internacional con base en la cláusula de sumisión: (a) Establezca el régimen aplicable a la CJI y (b) Indique cuál debe ser la actuación del tribunal español en este caso.
Pasados unos meses, el Sr. Álvarez deja de pagar el arrendamiento. Tras un tiempo razonable, la Sra. Fernández decide interponer una demanda ante los tribunales de Pozuelo de Alarcón reclamando los pagos pendientes e instando la resolución judicial del contrato.
Establezca el régimen aplicable a la competencia judicial internacional
Determine si los tribunales de Pozuelo tienen CJI en este caso.
Suponga ahora que, después de interpuesta la demanda ante el tribunal, el Sr. Álvarez comparece y contesta al fondo de la demanda. Esta actuación del demandado, ¿otorga CJI al tribunal por sumisión tácita?
(a) En este caso, el régimen aplicable para determinar la competencia judicial internacional es el
En este segundo supuesto, (a) El régimen aplicable a la competencia judicial internacional es
Para resolver todas las cuestiones que se plantean en este supuesto práctico, debemos darnos cuenta de que nos encontramos ante un caso de foros exclusivos en materia de inmuebles, ya que el litigio versa sobre un contrato de arrendamiento sobre un inmueble situado en Suiza. Por tanto, debemos responder todas las preguntas del caso utilizando la regulación prevista para los foros exclusivos. Por este motivo, en primer lugar, el régimen aplicable a la competencia judicial internacional es el
En segundo lugar, el art. 22.1 CL indica que en este caso tienen competencia exclusiva los tribunales suizos, ya que el contrato de arrendamiento se refiere a un inmueble situado en Suiza. Por tanto, el tribunal de Pozuelo de Alarcón debe declinar su competencia judicial internacional en el supuesto. Nos puede generar cierta confusión el hecho de que en el contrato exista una cláusula de sumisión en favor de los tribunales españoles, pero esta carece de validez y no tiene efectos. Así lo indica claramente el art. 22.5 CL, según el cual “no surtirán efecto los convenios atributivos de competencia (…) si excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes en virtud del art. 22”. Los foros exclusivos prevalecen sobre la sumisión y sobre el resto de los foros de CJI.
La solución de esta tercera cuestión también está condicionada por la presencia de un foro exclusivo de los tribunales suizos. Con carácter general, cuando el demandado comparece ante el tribunal y contesta al fondo de la demanda, se produce una sumisión tácita que otorga CJI al tribunal. Pero esta regla no opera en el caso de los foros exclusivos, como indica con claridad el art. 24 CL, que regula la sumisión tácita e indica que “esta regla no será de aplicación (…) si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del art. 22”. Al no ser haberse producido válidamente una sumisión tácita en el caso, la solución del supuesto sigue siendo la que veíamos en la pregunta 2: de acuerdo con lo previsto en el CL, se trata de un foro exclusivo de los tribunales suizos y los tribunales españoles deben declinar su CJI.
Hay
Las situaciones de litispendencia se solucionan indicando cuál de los tribunales tiene prioridad para conocer del litigio. No se puede permitir que dos tribunales juzguen demandas entre las mismas partes sobre lo mismo: hay que evitar que dicten resoluciones inconciliables y se dupliquen los costes procesales
En
Si existe litispendencia entre un tribunal español y otro de un EM de la UE: la situación se resuelve aplicando el
Si existe litispendencia entre un tribunal español y un tribunal suizo, noruego o islandés: la litispendencia se soluciona aplicando el
En supuestos de
Si la litispendencia se produce entre un tribunal español y otro de un Estado miembro de la
Si la litispendencia es entre un tribunal español y uno de un tercer Estado, el texto legal aplicable es la
El RBI bis contiene distintas reglas para solucionar las situaciones de litispendencia. Este instrumento regula por separado (a) la litispendencia entre tribunales de dos Estados miembros (intra-UE) y (b) la litispendencia entre un tribunal de un EM y otro de un tercer Estado (extra-UE).
Que ante dos tribunales diferentes estén interpuestas dos
El TJUE ha dado una
Que el litigio esté pendiente ante
En los casos de litispendencia, hay que determinar cuál de los dos tribunales es el que debe seguir juzgando el caso: hay que impedir que los dos continúen con el proceso y dicten sentencias potencialmente inconciliables. Para determinar cuál de los dos tribunales tiene prioridad para resolver el asunto, el RBI bis establece una regla de
Regla de
Esta se recoge en el art. 29 RBI bis y significa que el tribunal ante el que se ha interpuesto la primera demanda tiene prioridad para seguir conociendo del asunto
Se prevén dos posibles situaciones
Regla de preferencia del tribunal al que se han
Esta segunda regla se contempla en el art. 31 RBI bis, como
El art. 33 RBI bis regula las situaciones de litispendencia que se producen entre un tribunal europeo y otro de un tercer Estado. Este precepto podría
Que se planteen demandas con identidad de objeto, causa y partes ante un tribunal europeo por un lado y otro de un tercer Estado por otro.
Que el procedimiento ante el tribunal del tercer Estado sea anterior al europeo.
El art. 33 no se aplica si existen foros exclusivos o de protección
El tribunal
La situación de litispendencia se produce entre dos Estados miembros (Dinamarca, como ya sabemos, no es EM de este Reglamento)
Las demandas se incluyen en el ámbito de aplicación de este Reglamento (ver tema 3), en particular si se trata de:
Demandas de
Demandas de
El art.
Solo veremos la regulación del art. 30 RBI bis para situaciones de conexidad intra UE. No estudiamos la regla prevista en el art. 34 RBI bis para situaciones extra UE (conexidad con un tercer Estado) ni la del art. 40 LCJIMC
Que el objeto del litigio se incluya dentro del ámbito material de aplicación del RBI bis
Que se hayan interpuesto demandas conexas ante tribunales de dos Estados miembros.
Las demandas deben estar pendientes ante tribunales de dos EM, con
Si las demandas conexas están pendientes ante dos tribunales de la UE, se aplica el RBI bis, incluso si las partes están domiciliadas en terceros Estados. En las situaciones de litispendencia entre un tribunal español y otro noruego, suizo o islandés se aplica el Convenio de Lugano.
Estos preceptos regulan el tratamiento procesal de la CJI y determinan en qué casos el Juez puede realizar un
La regulación establecida parte de los siguientes
Un sistema de foros exclusivos exige que el Juez pueda declararse de oficio incompetente si el foro exclusivo corresponde a otro Estado. En los foros
Fuera de los foros exclusivos, en Derecho patrimonial, la cuestión de si se admite o no el control de oficio de la CJI, depende de la actuación procesal del demandado:
Si el demandado comparece en el litigio, es el demandado y no el Juez quien debe asumir el control de la CJI, así que el Juez no controla de oficio su competencia. Si no hay un foro exclusivo, el demandado puede optar entre impugnar la CJI o someterse tácitamente al tribunal. Si el demandado interpone una declinatoria, el Juez, en su caso, declinará su CJI a instancia de parte; pero si el demandado no interpone la declinatoria, se produce una sumisión tácita al tribunal y este tiene CJI.
Si el demandado permanece en rebeldía, el Juez debe controlar de oficio si tiene o no CJI para proteger los derechos de defensa de las partes
En Derecho de familia, al no admitirse la sumisión tácita, el tribunal siempre debe comprobar de oficio si tiene CJI.
Teniendo en consideración los parámetros que hemos visto, en el RBI bis y CL se establecen
Los
Si se interpone ante un tribunal de un EM una demanda que corresponde a la competencia exclusiva de otro Estado (art. 24 RBI bis o 22 CL), el primero debe declararse de oficio incompetente. A través de esta norma se asegura el adecuado respeto al sistema de foros exclusivos del Reglamento.
En España el Juez realiza este control en la fase de admisión de la demanda, aunque si en este primer periodo no advierte la falta de CJI, puede declinar su CJI en cualquier momento posterior
Una vez comprobada la corrección de la notificación, el Juez debe verificar de oficio si tiene CJI y en caso negativo, declinar su competencia
Dicho de otra forma, si el demandado no ha comparecido, el Juez debe comprobar en primer lugar si este ha recibido la notificación del procedimiento. Una vez acreditado lo anterior, el Juez procede a verificar si tiene CJI según las normas que hemos estudiado. El Juez se inhibirá si los foros establecidos no le atribuyen CJI.
El
En el Reglamento de Bruselas II ter, la CJI
Como en el RBI bis, si el demandado no comparece, lo primero que debe hacer el Juez es suspender el procedimiento hasta que se acredite la corrección de la notificación (art. 19 RBII ter)
El Derecho interno regula esta cuestión en los arts. 36 y 38 LEC. Según estos preceptos, el tribunal español se puede declarar incompetente de oficio en
El art. 24 LCJIMC añade a lo anterior que, si el demandado no comparece, se suspende de oficio el procedimiento mientras se acredita si la citación se ha notificado regularmente. Pasados seis meses, continuará el procedimiento, aunque no se haya podido certificar que la notificación ha tenido lugar.
Una vez completado el estudio del Módulo II, vamos a hacer un repaso de las pautas que permiten resolver casos prácticos sobre competencia judicial internacional. Diferenciaremos dos tipos de supuestos: a) los que versan sobre materia civil y mercantil patrimonial, regulados por el RBI bis, el CL y la LOPJ; y b) los que tratan sobre Derecho de familia, a los que se aplica el RBII ter y la LOPJ
En los dos casos, como ya sabemos, para resolver un caso práctico, hay que dar dos pasos distintos:
En primer lugar, hay que identificar
Solamente una vez identificado el régimen aplicable, se determina, en segundo lugar,
Los posibles
Por ello, para resolver adecuadamente los casos prácticos, empezaremos por determinar en cuál de los siguientes supuestos nos encontramos:
El art. 25 RBI bis se aplica, con independencia del domicilio de las partes, cuando se ha acordado la CJI de un tribunal de un Estado miembro (se aplicará el Convenio de la Haya sobre cláusulas de elección de foro de 2005 si una de las partes del litigio tiene domicilio en Singapur, Montenegro, México, Reino Unido o Ucrania)
El art. 23 CL se aplica si a) el acuerdo de sumisión es en favor de un tribunal suizo, noruego o islandés y b) al menos una de las partes tiene domicilio en un EM del Convenio de Lugano (UE – incluida Dinamarca –, Suiza, Noruega, Islandia).
Si el pacto de sumisión es en favor de un tribunal de un tercer Estado, se aplica la LOPJ
Demandas interpuestas por la parte débil contra profesional: los foros de protección del RBI bis se aplican con carácter universal, con independencia del domicilio del demandado. No obstante, si el demandado está domiciliado en Suiza, Noruega o Islandia, aplicamos el CL
En casos de litispendencia: se contemplan las siguientes posibles situaciones
Litispendencia entre dos tribunales europeos: se aplica el RBI bis (arts. 29, 31.2 y 3 RBI bis)
Litispendencia entre un tribunal europeo y un tribunal suizo, noruego o islandés: art. 27 CL
Litispendencia entre un tribunal europeo y un tribunal de un tercer Estado: se aplica la regla especialmente prevista en el art. 33 RBI bis para este tipo de situaciones
En casos de conexidad: las situaciones posibles son las siguientes:
Conexidad entre dos tribunales europeos: art. 30 RBI bis
Conexidad entre tribunal europeo y un tribunal de un tercer Estado: se aplica la regla especial que prevé para estas situaciones el art. 34 RBI bis, que no hemos estudiado.
Identificado el régimen aplicable, hay que determinar si el tribunal tiene CJI, de acuerdo con los foros de CJI que conocemos, que se explican con detalle en los temas 4 a 9.
Es importante tener en cuenta que los foros actúan de manera jerárquica: los foros exclusivos prevalecen sobre la sumisión (la tácita prevalece sobre la expresa) y esta sobre el resto de los foros. El foro general y los especiales son alternativos entre sí.
En los foros de protección, solo aplicaremos los foros establecidos en la sección especial que los regula. No se aplican el resto de los foros (foros exclusivos, foros especiales por razón de la materia, etc.). También debemos tener en cuenta que, en los foros de protección, solo se admiten los acuerdos de sumisión expresa en casos tasados. Sí se admite la sumisión tácita para los foros de protección en todos los textos, aunque el RBI bis prevé ciertas cautelas para la misma (ver tema 8).
Para determinar el régimen aplicable a la CJI en Derecho de familia, hay que centrarse en la materia sobre la que versa el litigio. Los diferentes Reglamentos europeos se aplican con independencia del domicilio de las partes. Se acude a la LOPJ con carácter subsidiario en las materias no reguladas por ningún Reglamento europeo, y en supuestos, de importancia práctica marginal, en que los Reglamentos establecen la aplicación residual del Derecho nacional. Las distintas posibilidades son las siguientes:
Crisis matrimoniales (nulidad, separación y divorcio): Reglamento Bruselas II ter
filiación (demandas de paternidad): LOPJ
Responsabilidad parental: Reglamento de Bruselas II ter
Alimentos: Reglamento 04/09 o Convenio de Lugano (ver tema 18).
Identificado el régimen aplicable, hay que determinar si el tribunal tiene CJI, de acuerdo con los foros de CJI estudiados en el tema 6.
Litigio en materia contractual. El demandante está domiciliado en Suiza y el demandado, en Italia. El contrato se firma a través de la sucursal española de la empresa italiana. Las obligaciones del contrato deben cumplirse en Francia.
Litigio en materia contractual. El demandante está domiciliado en Noruega y el demandado, en Suiza. Las obligaciones del contrato deben cumplirse en Berlín. La demanda se interpone en España y el demandado comparece ante el tribunal y contesta al fondo de la demanda.
Litigio en materia contractual. El contrato incluye una cláusula de sumisión expresa a los tribunales de Berlín. El demandante está domiciliado en España, el demandado en Suiza, y el contrato debe cumplirse en España.
Litigio relativo a un contrato de arrendamiento de un inmueble situado en España. El demandante está domiciliado en Estados Unidos, y el demandado en Noruega.
Litigio relativo a un contrato de compraventa de un inmueble situado en Suiza. En el mismo, la vendedora del inmueble, con domicilio en España, ejercita una acción por impago contra el comprador, domiciliado en Italia. El pago debe realizarse en España, según el contrato.
Litigio por el que A, domiciliado en España interpone una acción reivindicatoria de su derecho de propiedad sobre un inmueble situado en Noruega, contra B, demandado con domicilio en Oslo.
En el caso anterior, interpuesta la demanda de divorcio ante un tribunal español, se pide al tribunal que, además de divorciar a los cónyuges, liquide el régimen económico matrimonial de la pareja.
Demanda en que un supuesto hijo con RH en Alemania demanda a su supuesto padre, con RH en España, solicitando que se declare su paternidad.
Demanda relativa a los derechos de custodia y visita en relación con un menor de nacionalidad francesa y con RH en España. Los progenitores tienen nacionalidad francesa.
La empresa noruega demandada no comparece ante el tribunal español. Determine (a) El texto legal aplicable a la CJI; (b) Si los tribunales españoles tienen CJI para conocer del caso. (c) Indique de forma expresa si los tribunales españoles deben controlar de oficio su CJI.
La empresa noruega demandada comparece ante el tribunal español y contesta al fondo de la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la demandante y alegando que los test funcionan correctamente. Establezca, conforme al régimen aplicable, si el tribunal español tiene CJI en este caso.
Suponga ahora que en el contrato no existe cláusula de sumisión de ningún tipo. La farmacia demanda a NORSK-ANTIGEN en España y el demandado no comparece. (a) Establezca, conforme al régimen aplicable, si los tribunales españoles tienen CJI en el caso; (b) Suponga a continuación que, después de interpuesta la demanda en España, NORSK-ANTIGEN plantea una segunda demanda en Oslo pidiendo al tribunal noruego que establezca
En este caso de contratos: (a) El régimen aplicable a la CJI es el RBI bis, porque el demandado está domiciliado en Italia (EM del Reglamento). (b)Tienen CJI: (i) Los tribunales italianos (foro del domicilio del demandado, art. 4 RBI bis); (ii) Los tribunales franceses (foro contractual: lugar de cumplimiento de la obligación, art. 7.1 RBI bis); (iii) Los tribunales españoles (foro de la sucursal, art. 7.5 RBI bis).
En este caso de sumisión tácita: (a) El régimen aplicable es el Convenio de Lugano, ya que estamos ante una sumisión tácita y el demandado está domiciliado en Suiza. En la sumisión tácita el régimen aplicable se determina en función del domicilio del demandado. (b) En este caso, los tribunales españoles tienen CJI, por la sumisión tácita realizada (art. 24 CL). El demandante hubiera podido optar por interponer la demanda ante los tribunales suizos (foro general del domicilio del demandado, art. 2 CL) o ante los tribunales de Berlín (foro contractual, art. 5.1 CL)
En este caso de sumisión expresa: (a) El régimen aplicable es el RBI bis, aunque el demandado esté domiciliado en Suiza, ya que estamos ante una sumisión expresa realizada en favor de un tribunal de un EM (Berlín, Alemania). Es indiferente el domicilio de las partes. (b) Solo pueden conocer del litigio los tribunales de Berlín, por la sumisión expresa realizada (art. 25 RBI bis). Si llegara a interponerse la demanda ante un tribunal suizo, o ante uno español, estos deberían declinar su CJI.
Nos encontramos ante un caso de foros exclusivos (contrato de arrendamiento sobre un inmueble), así que (a) el régimen aplicable es el RBI bis, pese al domicilio de las partes: el inmueble se localiza en España, así que se trata de un foro exclusivo de un tribunal de un EM (España); (b) Los tribunales españoles son exclusivamente competentes según el art. 24.1 RBI bis. No se puede interponer la demanda ante ningún otro tribunal.
En este supuesto, a diferencia de lo que sucedía en el anterior, no estamos ante un caso de foros exclusivos, sino de contratos. Los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles no forman parte del foro exclusivo del art. 24.1 RBI bis: el objeto de la demanda no es un derecho real sobre un inmueble, ni tampoco un contrato de arrendamiento sobre un inmueble. Por tanto, se aplican las reglas establecidas para los contratos: (a) el régimen aplicable es el RBI bis, porque el demandado está domiciliado en Italia (EM del Reglamento),
En este supuesto, sí nos encontramos ante un caso de foros exclusivos, ya que se discute un derecho real sobre un inmueble, de manera que (a) El régimen aplicable es el Convenio de Lugano, ya que se trata de un foro exclusivo de los tribunales noruegos por estar situado el inmueble en Noruega. (b) Son exclusivamente competentes en este caso los tribunales noruegos (art. 22.1 CL). La demanda no se puede interponer en ningún otro Estado.
Nos encontramos ante un caso de Derecho de familia, concretamente sobre divorcio:
El régimen aplicable es el Reglamento de Bruselas II ter, que se aplica en las demandas de divorcio con independencia de la residencia y la nacionalidad de las partes.
Tienen CJI los tribunales españoles, según el art. 3.a) i) RBII ter, por tener los cónyuges residencia habitual común en España, Desconocemos si también tienen CJI los tribunales panameños: el RBII ter no se aplica en Panamá y no regula la competencia de los tribunales panameños. Para saber si los tribunales panameños tienen CJI, deberíamos consultar el DIPr panameño, algo que excede el contenido de este curso.
En este caso de Derecho de familia, como la demanda se refiere al régimen económico matrimonial: (a) Es aplicable el Reglamento 2016/1103, que incluye normas de competencia judicial internacional en relación con el régimen económico matrimonial. Este Reglamento se aplica con independencia de la residencia habitual y la nacionalidad de las partes. (b) El art. 5 de este Reglamento establece la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en el caso: según esta norma, el tribunal que está juzgando un divorcio, tiene también CJI para resolver sobre las cuestiones sobre régimen económico matrimonial asociadas a la demanda de divorcio.
En este caso sobre filiación, que se encuadra dentro del Derecho de familia: filiación:
(a) El régimen aplicable es la LOPJ. La filiación se excluye expresamente del RBII ter y no existe ningún Reglamento europeo o Convenio internacional que regule la CJI en la materia. (b) Los tribunales españoles tienen CJI, de acuerdo con el art. 22 ter LOPJ, porque el demandado tiene RH en España. Ignoramos si los tribunales alemanes tienen CJI en este supuesto: para saberlo, deberíamos consultar el DIPr alemán.
En este caso, nos encontramos ante un litigio en materia contractual en que las partes han acordado el tribunal competente a través de una cláusula de sumisión expresa. Por ese motivo: (a) el régimen aplicable a la CJI es el Convenio de Lugano, ya que la cláusula de sumisión expresa se ha realizado en favor de un tribunal noruego, y al menos una de las partes (de hecho, las dos) tienen domicilio en un Estado miembro de este Convenio. (b) Como señala el art. 23 CL, en este caso, tendrá CJI el tribunal elegido por las partes, y su competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario. Por tanto, solo son competentes los tribunales de Oslo en el supuesto y los tribunales españoles carecen de competencia judicial internacional para conocer del caso. (c) El tribunal español debe declararse incompetente de oficio, ya que el demandado no ha comparecido. El art. 26 CL establece que en los casos en los que el demandado no comparece ante el tribunal, este debe declararse de oficio incompetente “si su competencia no estuviere fundamentada en las disposiciones del presente Convenio”
En caso de que la empresa noruega comparezca ante el tribunal y conteste al fondo de la demanda, cambia la situación, puesto que se produce una sumisión tácita al tribunal español. El régimen aplicable sigue siendo el Convenio de Lugano, puesto que en la sumisión tácita el texto legal aplicable se determina según donde tenga su domicilio el demandado, que en este caso es la empresa noruega. Pero el tribunal español sí tiene competencia judicial en este caso, con base en la norma de sumisión tácita recogida en el art. 24 CL.
(a) Por último, si el contrato no incluye cláusula de sumisión de ningún tipo y la demanda contra NORSK-ANTIGEN se interpone en España, el régimen aplicable sigue siendo el Convenio de Lugano, ya que el demandado se encuentra domiciliado en Noruega, Estado miembro de este Convenio. En este caso, los tribunales españoles sí pueden conocer de la demanda, con base en el foro contractual del art. 5.1 del Convenio. Esta norma otorga competencia judicial internacional al tribunal del lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda, que en este caso es la entrega de los test: lo que se discute en el litigio tiene que ver con la calidad de los test, y no con la obligación de pago. El lugar de entrega acordado en el contrato es Majadahonda, así que nuestros tribunales sí tienen CJI en este caso. También se hubiera podido interponer la demanda ante los tribunales noruegos, con
En los procesos judiciales sobre Derecho internacional privado, a veces es necesario efectuar actuaciones procesales en otro país, por ejemplo, notificar la demanda a un demandado domiciliado en el extranjero, practicar una prueba en otro país, o aplicar una legislación extranjera. En este tema veremos a través de qué cauces procesales se pueden llevar a cabo estos trámites.
Para solucionar esta cuestión, todos los Estados parten del principio
Esta norma se recoge en España en el art. 3 LEC, que indica que “los procesos que se sigan en España se regirán únicamente por las normas procesales españolas”.
Según la regla
La mayor dificultad que presenta la regla
De acuerdo con el principio de territorialidad, las autoridades judiciales españolas solo pueden efectuar actuaciones procesales en España. Cuando hay que realizar algún acto procesal en el extranjero, se requiere la cooperación de las autoridades extranjeras.
Las normas de
En la cooperación pasiva, el Estado de origen lleva a cabo las actuaciones en el país extranjero. Esto se puede hacer, por ejemplo, a través de los funcionarios diplomáticos y consulares del país de origen, o en algunos casos, a través de medios tecnológicos, como la videoconferencia. La cooperación pasiva del Estado requerido consiste en permitir esto sin esta autorización, las actuaciones extraterritoriales no son posibles -, así como en dar apoyo logístico a la actuación, cuando es necesario.
Los Convenios de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares atribuyen competencia a los Cónsules y diplomáticos para realizar actuaciones de este tipo. El art. 15 LCJIMC faculta a los Cónsules y diplomáticos españoles para llevar a cabo actos procesales en el extranjero. Los Convenios y Reglamentos sobre asistencia judicial internacional establecen en qué condiciones se pueden realizar dichos actos.
Es la forma más habitual de prestar la cooperación. El Estado requerido presta la cooperación realizando las actuaciones procesales a través de sus funcionarios judiciales.
La
Las autoridades españolas
La autoridad extranjera
El régimen de las notificaciones dentro de la UE está regulado en el Reglamento
Dinamarca, como sabemos, no participa en los Reglamentos europeos de DIPr. Sin embargo, en el caso del Reglamento de notificaciones, la UE y Dinamarca han firmado un Convenio internacional por el que se extienden las normas del mismo a este país, de forma que Dinamarca recibe el mismo trato que el resto de los EM de la UE.
El Reglamento contempla
El
La transmisión de los documentos entre Estados miembros se llevará a cabo a través de un sistema informático descentralizado, seguro y fiable (art. 5),
La regla es que el Estado receptor realizará la notificación de acuerdo con su legislación, pero el Estado requirente puede solicitar que se realice de alguna manera especial, siempre que no sea incompatible con la legislación del Estado requerido.
La notificación debe realizarse, como mucho, en el plazo de un mes desde su recepción.
El Estado requerido solo se puede negar a realizar la notificación en supuestos absolutamente excepcionales, p. ej., si la solicitud contiene carencias en la información que hacen imposible la notificación, o si el país receptor no tiene competencia territorial para realizarla.
El art. 9 indica que el destinatario puede negarse a aceptar la transmisión o notificación del documento si no está traducido a la lengua del Estado requerido o a un idioma que el destinatario conozca.
Una vez realizada la notificación, se expedirá un certificado que acredite la misma (art. 14)
Junto al anterior, el Reglamento establece los siguientes
Transmisión por vía diplomática o consular: el art. 17 permite que un Estado miembro realice la notificación directamente a través de sus agentes diplomáticos o consulares. No obstante, cualquier Estado miembro puede oponerse, notificándolo a la Comisión, a que otro Estado practique ese tipo de notificaciones en su territorio
Notificación por servicios postales, mediante carta certificada con acuse de recibo (art. 18)
Se contempla también la posibilidad de la “notificación directa” por parte del interesado en un proceso judicial. En algunos países se permite que cualquier interesado en un proceso solicite a los funcionarios judiciales que notifiquen algún documento a una parte del proceso. El art. 20 del Reglamento admite esto, siempre que esté permitido en el país en que se recibe la notificación
Las vías de traslado del documento al destinatario son: a) la vía postal (siempre que los Estados firmantes del Convenio no rechacen esta vía); b) Vía diplomática o consular; o c) Notificación realizada por la autoridad del Estado requerido, como sistema general
En el sistema del Convenio, cada Estado debe nombrar una Autoridad central encargada de tramitar las solicitudes de otros Estados y de transmitir las suyas propias a otros países. En España, como ya se ha indicado, la autoridad central es un órgano dentro del Ministerio de Justicia.
El Estado requerido solo puede negarse a realizar una notificación solicitada por otro Estado si atenta contra su soberanía o seguridad
La práctica de la prueba en otro Estado miembro de la UE se regula en el
El Reglamento 2020/1783 admite la comunicación directa entre órganos jurisdiccionales: de esta forma, un Juez español puede solicitar directamente a un Juzgado de cualquier Estado miembro la práctica de la prueba (art. 3). En todo caso, cada Estado miembro debe designar un órgano o autoridad central, para asistir a los órganos jurisdiccionales cuando sea necesario (art. 4). Las solicitudes de práctica de la prueba se transmitirán a través de un sistema informático “descentralizado, seguro y fiable” (art. 7).
El Reglamento contempla
En el sistema general, basado en la cooperación activa, es el
La práctica de la prueba se efectuará conforme a la ley del Estado requerido. No obstante, se puede pedir que se ajuste a los requerimientos de la autoridad de origen. Pueden asistir a la práctica de la prueba las partes, sus representantes o mandatarios del órgano judicial requirente
La práctica de la prueba se llevará a cabo lo más rápidamente posible, y en un plazo máximo de 90 días.
Cabe denegar la práctica de la prueba si la persona designada tiene un derecho a no declarar según la ley del Estado requerido. Fuera de ese caso, se puede rechazar la solicitud si el órgano jurisdiccional no tiene competencia para realizarla. También se podría denegar la petición si no contiene los datos necesarios para realizarse o requiere una provisión de fondos previa; estos dos últimos errores son subsanables.
El mismo Reglamento incluye un sistema de cooperación pasiva, al incluir la posibilidad de que el Juez de origen se desplace al Estado requerido para la
En el marco de este Convenio, la solicitud se canaliza a través de una
La prueba se lleva a cabo según la ley del Estado requerido, pero se admite la presencia del Juez de origen si lo autoriza el Estado requerido. Cabe denegar la práctica de la prueba si la persona alega una exención de declarar prevista en la ley del Estado requirente o requerido
La legalización es un trámite, normalmente largo y engorroso, que requiere los siguientes pasos: 1º) el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de origen del documento certifica la autenticidad de este; 2º) Posteriormente, el Consulado de España en el país de origen certifica la firma de la Ministerio extranjero; 3º) el Ministerio de Asuntos Exteriores español confirma la actuación del Consulado
La Apostilla, vía más sencilla, se regula en el Convenio de la Haya de 1961. Consiste en sustituir los anteriores trámites por un sello único (la “apostilla”) impuesto por la autoridad de origen del documento. Es la vía más seguida en el momento actual. En los últimos años se ha desarrollado un sistema de apostilla electrónica.
El documento reúne los requisitos para hacer prueba en juicio según su ley de origen
El documento ha sido legalizado o apostillado y traducido en los términos del art. 144 LEC
El art.
Si según una norma de conflicto es de aplicación una legislación extranjera, hay que
Esto significa que, si las partes han iniciado la actividad probatoria, el Juez puede completar la prueba iniciada por las partes si esta no le parece suficiente. No se admite, sin embargo, que el Juez investigue de oficio el contenido del Derecho extranjero o que solicite pruebas si las partes no han iniciado la actividad probatoria. El papel del Juez debe limitarse a completar o comprobar la prueba de las partes.
A veces, las partes no cumplen con su deber de probar el Derecho extranjero. En este caso, según el art.
El demandante basa su demanda en el Derecho español, pero el demandado prueba que el demandante sí tenía medios para probar el Derecho extranjero y no lo hizo. En este caso, el art. 33 LCJIMC no actúa, así que no se recurre al Derecho español. La solución puede ser desestimar la demanda o resolver el litigio de acuerdo con el Derecho extranjero que en su caso pruebe el demandado
La ley extranjera debe aplicarse en su integridad, en cuanto sistema jurídico. El Juez español debe colocarse en el papel del Juez extranjero y resolver el asunto cómo haría este. Esto se llama
Los medios de prueba admisibles son numerosos, de acuerdo con el principio de flexibilidad probatoria que rige en nuestro sistema, como se puede apreciar en el siguiente esquema
Existen también Convenios que articulan cauces para la información del Derecho extranjero y una
Hay que diferenciar dos cuestiones:
Cuando se discute si se seleccionó correctamente la norma de conflicto aplicable (ver Módulo IV), cabe recurso de casación;
Pero si se está discutiendo la aplicación del Derecho extranjero en cuanto tal, pueden darse las dos siguientes situaciones:
Si se alega que se aplicó incorrectamente el contenido del Derecho extranjero (p. ej. no se interpretó acertadamente lo que este señala), cabe recurso de casación
Pero si lo que se invoca es que el contenido del Derecho extranjero se averiguó de forma incorrecta (p. ej. hubo un error en la prueba), la vía es el recurso extraordinario por infracción procesal.
A las partes
Al Juez
Al Ministerio Fiscal
Puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación
Debe investigar de oficio el contenido del Derecho extranjero
No tiene ningún papel: la prueba corresponde en exclusiva a las partes
Las decisiones judiciales únicamente surten efectos en el país donde se dictan, salvo que, de forma expresa, se les reconozca eficacia en otro Estado. Las normas de reconocimiento y ejecución de decisiones son las que establecen el valor que surten en cada Estado las decisiones de otro país. Estas normas determinan en qué circunstancias se puede dar efectos a una resolución extranjera, y aseguran el derecho a la tutela judicial efectiva en el plano internacional.
Se suele decir que cabe reconocimiento sin ejecución, pero no existe ejecución sin reconocimiento. Veamos un
Seguir un procedimiento que recibe el nombre de
También se puede optar por el reconocimiento
La
Las normas supranacionales siempre
Si concurren varios Convenios internacionales entre sí, las
Si concurre un Reglamento europeo con un Convenio internacional, la solución es diferente según se trate de un caso de concurrencia con un Convenio bilateral o con uno multilateral especial:
Como regla, el
Pero los
Se aplica en materia civil y mercantil patrimonial (ver exclusiones en tema 3)
Se aplica a decisiones dictadas por un tribunal de un
Deben presentarse los siguientes documentos: 1.- Siempre, copia auténtica de la resolución y 2.- Para la ejecución de la decisión, además, un certificado del Juez de origen que acredite que la misma es ejecutiva. Estos documentos no precisan legalización y la traducción solo es necesaria si el Juez la pide.
El art. 45 RBI bis establece los motivos por los cuales se puede rechazar el reconocimiento o la ejecución de una decisión de un Estado miembro del Reglamento.
El Reglamento parte del principio de
El principio de ausencia de control significa que como
Pero hay
El punto de partida es que no se puede rechazar el reconocimiento de una decisión extranjera por el único motivo de ser diferente de la que hubiera dictado un Juez español. El Juez español no puede revisar el fondo de la decisión extranjera, ni valorar si el Juez extranjero acertó o no al dictar sentencia. Esto se conoce como principio de
Esta causa de denegación del reconocimiento sirve para proteger los derechos procesales del demandado, asegurándose de que ha tenido la posibilidad de ser oído y defenderse.
Para que se pueda rechazar el reconocimiento por este motivo es preciso: (1) Que el demandado haya permanecido en rebeldía en el proceso de origen
El Reglamento incluye una “regla de subsanación” según la cual, aunque se den las anteriores circunstancias, si se notifica al demandado la resolución en su contra y este no la recurre pudiendo hacerlo, queda subsanada la incorrecta notificación y la decisión puede ser reconocida.
Si la decisión extranjera es irreconciliable con una dictada en el foro entre las mismas partes,
Cuando hay que decidir entre el reconocimiento de dos decisiones extranjeras irreconciliables entre sí (con idénticos sujetos, objeto y causa): se tiene en cuenta una regla de
El punto de partida es el principio de
Veamos por separado las reglas de procedimiento establecidas para reconocimiento y ejecución de la decisión.
Existen dos vías para lograr el reconocimiento de una decisión extranjera:
Reconocimiento a
Que se declare que la decisión no incurre en ninguno de los motivos de denegación del reconocimiento vistos, concediéndose el reconocimiento de la sentencia.
O, por el contrario, que se establezca que sí concurre alguno de estos motivos, rechazándose el reconocimiento de la decisión en nuestro país.
El proceso concluirá con la concesión o no del reconocimiento con
En el RBI bis se contempla también un principio de
La decisión será ejecutada en las mismas condiciones que si se hubiera dictado en el Estado requerido. Pero antes de adoptar cualquier medida de ejecución, debe notificarse al demandado el inicio del procedimiento ejecutivo y los documentos en que se sustenta. El demandado
Como hemos visto anteriormente, se utiliza el procedimiento de exequátur (a) si se pide el reconocimiento de la decisión a título principal o (b) si el demandado se opone a la ejecución por uno de los motivos del art. 45 RBI bis,
El procedimiento que se sigue en ambos casos es el mismo. Su tramitación depende
En España, este procedimiento se regula en la DF 25 LEC, que establece lo siguiente:
La competencia corresponde a los Jueces de primera instancia o al Juez que está conociendo de la ejecución
El procedimiento se sustancia por los cauces del Juicio verbal
El Juez resuelve en un Auto contra el que cabe recurso de apelación. Contra la decisión de la Audiencia, se puede interponer recurso de casación o recurso extraordinario por infracción procesal, en su caso
El RBI bis admite el reconocimiento de decisiones no firmes, así como su ejecución
Si se pide el reconocimiento o ejecución de una decisión no firme, se pueden adoptar ciertas
Como hemos visto en los temas 3 y 6, este Reglamento se aplica a resoluciones sobre nulidad, separación, divorcio y responsabilidad parental. No se aplica, entre otros aspectos, a los aspectos patrimoniales de la disolución del
El RBII ter se aplica al reconocimiento de decisiones dictadas por
El concepto de resolución, como en el RBI bis, es amplio e incluye cualquier resolución dictada por un tribunal de un EM (firme o provisional). Según el art. 2 del Reglamento, el concepto también incluye las resoluciones de un Estado miembro que ordenen la restitución de un menor a otro Estado miembro, así como las medidas provisionales, con la condición de que el demandado haya sido citado a comparecer o se le haya notificado la resolución. El Reglamento también se aplica a los documentos públicos y acuerdos con fuerza ejecutiva.
Es contraria al
La decisión se dictó en
La decisión extranjera es
Es contraria al
La decisión se dicta en
La decisión se dicta sin haber dado
La decisión extranjera es
Observe que se alteran las normas de prioridad usuales: en esta materia, prevalece
Se podrá rechazar también el reconocimiento de una resolución sobre responsabilidad parental dictada sin que un menor “capaz de formarse su propio juicio” haya tenido la posibilidad de expresar su opinión (art. 39.2). Esta regla tiene ciertas excepciones, por ejemplo, que la resolución se haya dictado en una situación de urgencia.
Además, se contemplan reglas especiales adicionales para las decisiones sobre acogimiento familiar. Para que se pueda dictar una resolución por la cual un menor es acogido por una familia en otro Estado, es necesaria la aprobación del Estado miembro de acogida, y el respeto del procedimiento previsto en el art. 82 del Reglamento. Pues bien, el art. 39.1.f) del Reglamento establece que se rechazará el reconocimiento de la decisión si no se han respetado las reglas del art. 82 RBII ter
Por otro lado, se contempla en el art. 56.4 la posibilidad de suspender la ejecución con carácter excepcional, cuando la misma exponga a un menor a un riesgo grave después de haber sido dictada, debido a algún tipo de cambio de circunstancias: por ejemplo, la ejecución implica el traslado del menor a un país en que las condiciones han dejado de ser seguras debido a un conflicto armado, un desastre natural, etc.
Este Reglamento ha introducido importantes cambios en el procedimiento para el reconocimiento y, sobre todo, para la ejecución de las decisiones. Para entender adecuadamente el sistema, vamos a diferenciar entre las resoluciones sobre crisis matrimoniales, y las relativas a responsabilidad parental.
La regulación establecida en el Reglamento, como ya sucedía en el RBII bis, parte del principio de “reconocimiento automático” de las decisiones (art. 30).
El reconocimiento de estas decisiones se puede pedir:
a
a
Tanto si el reconocimiento es a título principal como si es incidental, se rechazará cuando operen los motivos contemplados en el art. 38 del Reglamento antes vistos.
El punto de partida es el mismo que hemos visto para las sentencias sobre crisis matrimoniales, esto es, el principio de
En relación con la ejecución, el art. 34 del Reglamento prevé que las decisiones de responsabilidad parental ejecutivas en un Estado miembro serán ejecutivas en los demás sin que sea necesaria una declaración de fuerza ejecutiva. Por tanto, se establece un sistema de
El procedimiento para la ejecución será el previsto en el Derecho nacional, pero el art. 55 del Reglamento establece que antes de adoptar cualquier medida ejecutiva, deberá notificarse a la persona contra la que se insta la ejecución, tanto la resolución que se va a ejecutar, como un certificado que recoge aspectos relativos al carácter ejecutivo de la decisión, la notificación del procedimiento, etc. Recibida la notificación, el demandado puede oponerse a la misma, alegando los motivos del art. 39 RBII ter o los previstos en el Derecho nacional.
Además, se contempla un procedimiento especial para las resoluciones “privilegiadas”, que son las referidas a derechos de visita y restitución del menor, que veremos en el tema 12.
Para solucionar los ejercicios que vienen a continuación, le será de ayuda leer antes el programa de prácticas 7, que encontrará al final del tema 12. En el mismo encontrará pautas para solucionar los casos prácticos relativos al reconocimiento y ejecución de decisiones, tanto sobre el tema 11 como sobre el tema 12 del programa.
El tribunal parisino dicta sentencia condenatoria en rebeldía del demandado, y posteriormente se pretende la ejecución de dicha decisión en España. HISPANIA se opone a la misma alegando: 1º) la falta de CJI de los tribunales franceses; 2º) que el proceso se siguió en rebeldía, privándose al demandado de la posibilidad de defenderse
Competencia judicial internacional: Pregunta de repaso del Módulo II: determine, conforme al régimen aplicable a la CJI, si los tribunales franceses tienen competencia judicial internacional para resolver este caso
Reconocimiento y ejecución de decisiones. (a) Determine el régimen aplicable a la ejecución de la decisión francesa en nuestro país; (b) Razone si alguna de las alegaciones realizadas por HISPANIA tiene posibilidades de prosperar; (c) Determine si cabría denegar la ejecución si en el caso se probaran los siguientes datos relativos a la notificación: la cédula de emplazamiento se notifica a la empresa española después de la fecha prevista para la vista y esta no tiene posibilidad de comparecer en el procedimiento. El tribunal francés dicta Sentencia en rebeldía de la empresa española demandada. Dicha sentencia se notifica correctamente a la demandada, señalándole los plazos para recurrir la decisión. La empresa española opta por no interponer ningún recurso y posteriormente se opone al reconocimiento.
Competencia judicial internacional: Pregunta de repaso del Módulo II: (a) Determine el régimen aplicable a la CJI por los tribunales de Madrid;
Reconocimiento y ejecución: Imagine que se solicita el reconocimiento de la sentencia española de divorcio en Portugal antes de que los tribunales portugueses se pronuncien sobre el mismo divorcio. (a) ¿Cuál sería el régimen aplicable al reconocimiento de dicha sentencia?; (b) Determine si hay alguna causa por la que aparentemente se podría denegar el reconocimiento de la sentencia española en Portugal.
El régimen aplicable a la CJI es el RBI bis, al existir una cláusula de sumisión en favor de un tribunal de un Estado miembro de la UE (Bélgica), caso en que el art. 25 RBI bis es aplicable con independencia del domicilio de las partes. De acuerdo con el mencionado art. 25 RBI bis solo pueden conocer del litigio los tribunales de Bruselas. Como el demandado no ha comparecido en el procedimiento, el tribunal de París debe declararse incompetentes de oficio, de acuerdo con el art. 28 RBI bis. Ver tema 8 y 9.
(a) El régimen aplicable a la ejecución de la decisión francesa en España es el RBI bis: la materia objeto del litigio se incluye en el ámbito de aplicación de este y se trata de una decisión dictada por un tribunal de un Estado miembro (Francia); (b) De acuerdo con el RBI bis, no puede prosperar ninguna de las causas de oposición a la ejecución invocadas por el demandado: (i) Es indiferente que los tribunales franceses carecieran de CJI: no se puede controlar la CJI del tribunal de origen, al no estar en juego foros exclusivos o foros de protección (art. 45.1.e); (ii) la rebeldía del demandado por sí sola no impide la ejecución de la decisión. Solamente se podría rechazar la ejecución si la notificación del inicio del procedimiento no se hubiera realizado en forma tal y con tiempo suficiente para organizar la defensa (art. 45.1.b) RBI bis) y en este caso la notificación sí se realizó en tiempo y forma. Así que la decisión sí se puede ejecutar en España. (c) En este caso, también se podría ejecutar la decisión en España, de acuerdo con el 45.1.b) RBI bis. Es cierto que la notificación del inicio del procedimiento no se ha realizado en forma tal y con tiempo suficiente para que el demandado pueda organizar su defensa, pero actúa la regla de subsanación: se notificó correctamente la decisión, pero el demandado no la recurrió pudiendo hacerlo. Por tal motivo, la decisión es susceptible de ejecución en España.
(a) El régimen aplicable a la CJI es el Reglamento de Bruselas II ter. La cuestión se incluye dentro del ámbito de aplicación material del Reglamento que, como ya sabemos, es el texto legal aplicable en España para determinar la CJI en casos de divorcio, con independencia del domicilio y nacionalidad de las partes; (b) Los foros de CJI del RBII ter sí atribuyen CJI a los tribunales españoles para conocer del divorcio: España es el último lugar de residencia habitual de los cónyuges y uno de ellos aún reside allí (art. 3.a) ii RBII ter), y los tribunales españoles también tienen CJI de acuerdo con las reglas del art. 3.a) v y vi) RBII ter. (c) Sin embargo, en relación con la custodia de los menores, los tribunales españoles carecen de CJI, ya que España no es el lugar de su residencia habitual (art. 7). El resto de los foros previstos en el Reglamento de Bruselas II ter, en principio, tampoco atribuyen CJI a los tribunales españoles en relación con la custodia de los hijos de la pareja. Las partes podrían realizar un acuerdo de elección de foro en favor de los tribunales españoles, de acuerdo con el art. 10 RBII ter, pero los datos del caso no indican que lo hayan hecho. (d) En esta situación de litispendencia, el RBII ter atribuye preferencia para conocer del asunto a los tribunales portugueses, por ser aquellos ante los que se ha planteado la demanda en primer lugar. Por ello, el tribunal español debe suspender de oficio el procedimiento mientras el tribunal portugués decide sobre su CJI y en caso de que este se declare competente, debe inhibirse en favor del mismo (art. 20 RBII ter). Ver tema 6 y 9
(a) El régimen aplicable al reconocimiento de la decisión española en Portugal es asimismo el RBII ter: la materia sobre la que trata la decisión se incluye en su ámbito de aplicación y la sentencia proviene de un tribunal de un EM. (b) No existen motivos para pensar que se pueda rechazar el reconocimiento de la decisión española sobre el divorcio en Portugal, si el tribunal portugués aún no ha dictado sentencia. Aunque como se ha visto en la pregunta anterior, en una situación de litispendencia, la preferencia corresponde al tribunal portugués, el incumplimiento de esta regla no impide el reconocimiento de la decisión. En el RBII ter no se controla la CJI del tribunal de origen, así que bajo este instrumento nunca puede rechazarse el reconocimiento por falta de CJI de tal tribunal. Por otro lado, se cumplen todas las condiciones del reconocimiento contempladas en el RBII ter: la decisión aparentemente no resulta contraria al orden público, consta que la notificación se ha realizado en tiempo y forma y la sentencia no es inconciliable con una dictada por los tribunales portugueses: estos aún no se han pronunciado sobre el divorcio, así que no existe una sentencia portuguesa inconciliable con la española (ver art. 38). La sentencia española se reconocería en Portugal y se cerraría el proceso de divorcio en este país.
En España, el régimen interno aplicable al reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras se contiene en los arts.
La LCJIMC se aplica a las resoluciones extranjeras que cumplen dos condiciones:
Tratan sobre materia civil o mercantil. Se incluyen los contratos de trabajo y la responsabilidad civil derivada de delito. La LCJIMC no se aplica al reconocimiento de decisiones sobre derecho público.
Son de carácter firme: A diferencia de los Reglamentos europeos, la LCJIMC solo permite reconocer decisiones extranjeras que no son susceptibles de recurso en el Estado de origen
El
También se pueden reconocer a través de la LCJIMC las siguientes resoluciones:
Medidas cautelares adoptadas en un país extranjero si (a) antes de adoptarlas se ha dado audiencia a las partes, y (b) su no reconocimiento supone una vulneración de la tutela judicial efectiva.
Decisiones extranjeras que son susceptibles de modificación en caso de cambio de circunstancias (p.ej. sobre alimentos o sobre custodia de menores).
La LCJIMC se aplica con
Sentencias dictadas por tribunales de terceros Estados
Sentencias dictadas por cualquier tribunal (EM o terceros Estados) en materias no incluidas en los Reglamentos o Convenios en que España es parte
La LCJIMC recoge un principio favorable al reconocimiento de la decisión. La sentencia extranjera se reconocerá salvo que incurra en una
Contrariedad con el
Manifiesta infracción de los
flnvade los foros
Ha desconocido una cláusula de sumisión a un tribunal español
Ha vulnerado foros de protección
La decisión que se pretende reconocer es
La LCJIMC distingue entre el procedimiento para el reconocimiento y para la ejecución: este texto legal admite el reconocimiento automático de las decisiones extranjeras, pero exige el exequátur para su ejecución. De esta forma, el reconocimiento de la decisión se puede llevar a cabo tanto por vía incidental como a través de un procedimiento de exequátur; sin embargo, la ejecución de la decisión siempre requiere el previo exequátur de la misma. Veámoslo con algo más de detalle:
Como se ha apuntado, el exequátur es opcional para el
El procedimiento de exequátur es contradictorio y se inicia con una demanda de exequátur. Las partes estarán asistidas por Procurador y Abogado y se requiere la intervención del Ministerio Fiscal. El procedimiento finaliza con un Auto, que puede recurrirse en apelación ante la Audiencia; contra la decisión de la Audiencia, cabe recurso de casación o recurso extraordinario por infracción procesal, si procede
La sustracción internacional de menores es un fenómeno que, lamentablemente, ha cobrado auge en los últimos años. Por ello, algunos instrumentos internacionales contemplan normas especiales para prevenir y remediar estos casos. En nuestro país, los textos legales más importantes son:
El
Si se produce el traslado ilícito de un menor a otro Estado miembro, el titular del derecho de custodia puede acudir a las autoridades centrales de su país o de aquel donde se encuentra el menor para solicitar la restitución de este. La autoridad central en España se encuentra en el Ministerio de Justicia.
Recibida la reclamación, esta se transmite a la autoridad central del Estado de situación del menor, que debe adoptar todas las medidas necesarias para la restitución, incluida la incoación de un procedimiento judicial, de ser necesaria
El Estado de situación del menor debe ordenar la restitución salvo que haya transcurrido un año desde el traslado ilícito o salvo que el menor esté integrado en el nuevo medio. También se permite la no restitución si el retorno del menor le expone a un peligro físico o psíquico o le pone en una situación intolerable
Las autoridades del lugar de situación del menor no pueden decidir sobre el derecho de custodia, salvo que se determine que el menor no debe ser restituido o que transcurra un plazo razonable sin que se solicite su restitución
El
Entre las garantías adicionales que suma el Reglamento a las ya establecidas por el Convenio de la Haya, se contempla la obligación de que los procedimientos de restitución se resuelvan en un plazo de seis semanas, se incluye la posibilidad de adoptar medidas provisionales para proteger al menor, y se da una regulación detallada de los casos en que se considera que el menor queda expuesto a un peligro que impida su restitución.
Antes de certificar como ejecutiva una decisión sobre derecho de visitas o restitución de menores, el Juez que la ha dictado debe comprobar que se cumplen las siguientes condiciones:
Todas las partes afectadas han tenido la oportunidad de ser oídas
Se ha dado al menor la posibilidad de emitir su opinión
Si la resolución se ha dictado en rebeldía del demandado, es necesario que se le haya notificado adecuadamente el inicio del procedimiento, o que resulte inequívoco que esa persona ha aceptado la resolución (p. ej., no la ha recurrido pudiendo hacerlo)
En el Reglamento de Bruselas II ter también se establece el mecanismo llamado de “última palabra”: si el Juez del Estado de situación del menor rechaza la restitución con base en el Convenio de la Haya de 1980, todavía se puede acudir al Juez del Estado donde el menor tiene su residencia habitual previa al traslado, que es competente para decidir sobre el fondo. Se dice que este Juez tiene la “última palabra” porque puede dictar una decisión ordenando la restitución del menor, que se puede certificar como directamente ejecutiva por la vía del art. 47 RBII ter. Esta decisión deberá cumplirse por el Estado de situación del menor. Como excepción, es posible que en este país se ordene la suspensión o denegación del retorno si hay un cambio de circunstancias que someta al menor a un grave daño físico o psíquico (art. 56.4 RBII ter)
Los documentos públicos y transacciones judiciales
Transacciones judiciales: son tanto las que han sido concluidas ante un órgano judicial como las aprobadas por este, pero concluidas extrajudicialmente
Los documentos o transacciones deben provenir de un Estado miembro y su objeto debe entrar dentro del ámbito de aplicación material del RBI bis.
Tres textos europeos de “segunda generación” suprimen la necesidad de exequátur en ciertos casos:
Nos centramos, por su importancia, en el Reglamento sobre el Título ejecutivo europeo.
Este Reglamento permite que ciertas decisiones judiciales, documentos públicos o transacciones judiciales cuyo contenido es un crédito no impugnado por el deudor, puedan certificarse como
Se pueden certificar como título ejecutivo europeo decisiones, documentos públicos y transacciones judiciales de un
La decisión, documento o transacción judicial debe condenar al pago de un
La aceptación expresa se produce, por ejemplo, si el deudor reconoce una deuda allanándose en juicio o en una transacción judicial o documento público
Se considera que hay aceptación tácita de la deuda en los casos en que el deudor se mantiene en rebeldía en el proceso o no comparece en la vista, siempre que la notificación se ajuste a lo establecido en el Reglamento
Que la decisión sea
(c) Respeto de las normas mínimas sobre garantía de los
Cumplidos estos presupuestos, la decisión se certifica como título ejecutivo europeo y es
Hay que observar que la certificación como título ejecutivo europeo y la valoración del cumplimiento de los presupuestos que se han visto se llevan a cabo por la
Las pautas que se indican a continuación le ayudarán para resolver los casos prácticos relativos al reconocimiento y ejecución de decisiones, tanto sobre el tema 11 como sobre el tema 12 del programa.
Tras estudiar en los temas 11 y 12 las normas sobre reconocimiento y ejecución de decisiones, vemos a continuación algunas pautas sobre cómo resolver en la práctica los casos en que se pide el reconocimiento o la ejecución de una decisión extranjera en nuestro país. Para solucionar estos supuestos, al igual que veíamos en el sector de la competencia judicial internacional, hay que resolver dos cuestiones diferentes: (a) En primer lugar, siempre hay que determinar cuál es
La regulación del Reconocimiento y la ejecución de decisiones extranjeras en España se contiene principalmente en el
Para saber cuándo es aplicable cada uno de estos textos legales, se tienen en cuenta las siguientes pautas:
En primer lugar, hay que identificar
Si el caso versa sobre
La determinación del régimen aplicable al RyE se realiza con independencia del domicilio y la nacionalidad de las partes:
En los casos sobre
El
La
El Reglamento 2016/1103 sobre regímenes económicos matrimoniales también incluye normas sobre reconocimiento y ejecución de decisiones. Estas se aplican, en lugar de la LCJIMC, a decisiones sobre régimen económico matrimonial de un EM del Reglamento. Por su parte, en materia de alimentos, como veremos en el tema 18, se aplica el Reglamento 04/09 si se trata de una decisión de un Estado miembro de la UE, el Convenio de Lugano si es una decisión suiza, noruega o islandesa, y la LCJIMC si es una decisión de un tercer estado
Igual que en materia patrimonial, la determinación del régimen aplicable se realiza
Una vez que hemos establecido el régimen aplicable al reconocimiento de la decisión, la solución del caso es sencilla: simplemente se trata de aplicar las condiciones del reconocimiento que se contienen en el texto legal concretamente aplicable. Dichas condiciones se explican con detalle en los temas 11 y 12, que debe consultar para solucionar casos prácticos en esta materia. Se adjunta a continuación un breve resumen de las mismas, comparando las establecidas en el RBI bis, el RBII ter y la LCJIMC.
RBI bis: En este texto legal solo se puede rechazar el reconocimiento o ejecución de la decisión por falta de CJI del tribunal de origen si se han vulnerado 1.- Los foros exclusivos y 2.- Los foros previstos en favor de la parte débil en los contratos de seguro, consumo y trabajo (art. 45.1.e). En el resto de los casos, la falta de CJI del tribunal de origen no impide el reconocimiento de la decisión.
LCJIMC: El art. 46.1.c) LCJIMC permite rechazar el reconocimiento de una decisión extranjera por falta de CJI del tribunal de origen: (a) si la decisión ha invadido los foros
RBII ter: Este Reglamento no contempla un control de la CJI del tribunal de origen en ningún caso.
RBI bis, RBII ter, LCJIMC: la contrariedad con el orden público impide el reconocimiento y la ejecución de la decisión en todos los textos legales que hemos estudiado (art. 45.1.a RBI bis, art. 38.a RBII ter, art. 39.1. a) RBII ter, art. 46.1.a LCJIMC). Si la decisión trata sobre responsabilidad parental, la contrariedad con el orden público se valora atendiendo al interés superior del menor.
RBI bis: En este Reglamento cabe rechazar el RyE de la decisión si no se notificó al demandado el inicio del procedimiento en forma tal y con tiempo suficiente para defenderse. Se establece una regla de subsanación según la cual la decisión se reconoce si el demandado no la recurrió pudiendo hacerlo (art. 45.1.b).
RBII ter: En el mismo se rechaza el reconocimiento si la decisión se hubiere dictado en rebeldía del demandado, no habiéndose notificado al mismo el inicio del procedimiento en forma tal y con tiempo suficiente para defenderse. El Reglamento precisa que la sentencia sí se reconoce si consta de forma inequívoca que el demandado acepta la resolución (art. 38.b y art. 39.1.b)
LCJIMC: Siendo aplicable esta Ley, se rechaza el reconocimiento de la decisión en caso de manifiesta infracción de los
RBI bis: El Reglamento permite denegar el reconocimiento si: (a) la decisión extranjera es irreconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado del foro (art. 45.1.c) o si (b) es irreconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado si esta última reúne las condiciones para ser reconocida en el Estado del foro (art. 45.1.d)
RBII ter: En este,
Si la decisión es sobre divorcio, separación judicial o nulidad, se rechaza el reconocimiento si (a) la decisión es irreconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el foro (art. 38.c) o si (b) Es irreconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado en un litigio entre las mismas partes, si esta última reúne las condiciones para ser reconocida en el Estado requerido (art. 38.d).
Si la decisión es sobre responsabilidad parental, se rechaza el reconocimiento cuando es irreconciliable con (a) una decisión dictada posteriormente en el Estado del foro entre las mismas partes (art. 39.1.d); o con (b) otra decisión dictada posteriormente en otro Estado miembro, si esta reúne las condiciones para ser reconocida en el Estado del foro (art. 39.1.e). Es importante observar que a diferencia de lo que ocurre en otras materias, se prefiere la última decisión dictada. Ello se debe a que las decisiones sobre responsabilidad parental son revisables en función de eventuales cambios de circunstancias.
LCJIMC: Esta Ley establece que se rechaza el reconocimiento si la decisión extranjera es irreconciliable con (a) una decisión dictada entre las mismas partes por un tribunal español; (b) un proceso pendiente en España entre las mismas partes
Además, el RBII ter contempla condiciones adicionales del reconocimiento específicamente establecidas para las resoluciones sobre responsabilidad parental. Este texto legal permite rechazar el reconocimiento de una decisión de este tipo, si la misma se dictó
Por otro lado, la LCJIMC exige legalización (o Apostilla) y en su caso traducción de los documentos que deben aportarse para solicitar el reconocimiento (copia auténtica de la decisión y los documentos que acrediten la notificación y en su caso la ejecutividad de la decisión). En los Reglamentos europeos, sin embargo, no se precisa legalización y la traducción es facultativa para el Juez, siendo solo necesaria si este la requiere.
Sentencia chilena en materia contractual, que condena a un demandado domiciliado en Francia a pagar una indemnización a un demandante domiciliado en Chile. Se solicita la ejecución en España porque el demandado tiene bienes en Madrid.
Sentencia sueca que establece que el régimen económico matrimonial de una pareja de suecos residentes en España es el de separación de bienes.
Sentencia de los tribunales argentinos que establece un régimen de visitas para el padre español de unos menores que residen en Argentina junto a su madre.
Sentencia de un tribunal de Nueva York, que condena a un demandado, domiciliado en España a cumplir un contrato suscrito con una empresa con sede en Nueva York.
Sentencia francesa que declara el divorcio de un francés y una panameña con residencia habitual en España.
Sentencia suiza que atribuye a una sociedad suiza la propiedad sobre un inmueble situado en España.
Sentencia de un tribunal portugués que declara que A, con residencia habitual en Portugal es padre de B, con residencia habitual en España.
Sentencia de los tribunales noruegos que condena a A, domiciliado en Noruega a restituir a B, también domiciliado en Noruega, un bien mueble depositado en una consigna en España.
Sentencia danesa que declara el divorcio de dos españoles con residencia en Dinamarca.
El régimen aplicable es la LCJIMC, ya que se trata de una sentencia de un tercer Estado (Chile), de forma que no puede aplicarse ningún Reglamento europeo ni el Convenio de Lugano.
Se aplica el Reglamento europeo 2016/1103 sobre régimen económico matrimonial, ya que se trata de una Sentencia de un Estado miembro (Suecia) que trata sobre la materia incluida en dicho Reglamento;
Es de aplicación el RBI bis: se trata de una sentencia danesa en materia civil y mercantil patrimonial (daños extracontractuales) y Dinamarca sí participa en el RBI bis.
Se aplica la LCJIMC: aunque la decisión verse sobre responsabilidad parental, se trata de una sentencia de un tercer Estado (Argentina), así que el RBII ter es inaplicable;
El régimen aplicable es la LCJIMC: aunque se trate de una decisión en materia contractual, la misma proviene de un tercer Estado (EEUU).
Se aplica el Reglamento de Bruselas II ter, ya que se trata de una decisión de un EM (Francia) sobre divorcio.
Se aplica el Convenio de Lugano: se trata de una decisión suiza en materia civil patrimonial (derechos reales sobre inmuebles).
El régimen aplicable es la LCJIMC: aunque se trate de una sentencia portuguesa, no trata sobre ninguna cuestión incluida en los Reglamentos
Se aplica el Convenio de Lugano: se trata de una decisión noruega en materia civil patrimonial (derechos reales sobre muebles).
El régimen aplicable es la LCJIMC: aunque la decisión trata sobre divorcio, materia incluida en el Reglamento de Bruselas II ter, no proviene de un EM de dicho Reglamento: Dinamarca no participa en el mismo.
En este caso el régimen aplicable al reconocimiento de la decisión norteamericana es la LCJIMC: como se trata de una decisión de un tercer Estado, no puede aplicarse ni el RBI bis ni el Convenio de Lugano, y hay que acudir con carácter subsidiario al Derecho interno.
En el marco de la LCJIMC no cabe el reconocimiento de sentencias que aún no son firmes, así que esta resolución extranjera en todo caso solo se podrá reconocer a partir del momento en que adquiera firmeza (ver art. 41.1 LCJIMC). Si se solicitara el reconocimiento de la decisión después de alcanzar firmeza, el demandado podría oponerse al reconocimiento por falta de CJI del tribunal de origen: la LCJIMC permite denegar el reconocimiento de la decisión extranjera, en materias diferentes de los foros exclusivos “si la competencia del Juez de origen no obedeciere a una conexión razonable. Se presumirá la existencia de una conexión razonable con el litigio cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislación española”. En este caso, la CJI del tribunal norteamericano no obedece a una conexión razonable al existir un acuerdo de sumisión en favor de un tribunal español. Por ello, la decisión norteamericana no será reconocida en España, pese a que el resto de las causas de denegación del reconocimiento aparentemente no plantean problemas en el caso: 1.- No hay motivos para pensar que se hayan infringido los derechos de defensa de las partes y pese a la rebeldía del demandado, consta que fue emplazado en tiempo y forma; 2.- No hay datos que hagan pensar que la decisión es contraria al orden público español y 3.- No existe, según los datos suministrados, una decisión o un proceso pendiente en España inconciliable entre las mismas partes.
Este Módulo se centra en el tercer sector del DIPr, el de la
Para responder a la pregunta indicada, el DIPr utiliza mayoritariamente las llamadas
Las normas de conflicto son normas
Las normas de conflicto buscan la ley más vinculada con el supuesto. Su principal objetivo no es encontrar la respuesta más justa desde el punto de vista del resultado (
Diferencia entre las normas de conflicto y los foros de CJI
Podemos destacar, entre otros, los siguientes tipos de normas de conflicto,
Normas de conflicto
Normas de conflicto
Normas de conflicto con un único punto de conexión (
Normas de conflicto
Dentro del sector de la ley aplicable, junto a la norma de conflicto, existen
A diferencia de las normas de conflicto, las normas materiales especiales no determinan la legislación estatal aplicable, sino que prevén un régimen material especial para algunos supuestos de tráfico externo. Se trata de normas de
En ciertas materias el legislador considera imprescindible que se apliquen las soluciones del Derecho español. Para lograr esto, se utilizan las
Vimos en el tema 10, apdo. F) la aplicación judicial del Derecho extranjero. Nos centramos ahora en algunos problemas que plantea la aplicación de la norma de conflicto:
Si no consideramos el reenvío, simplemente aplicamos las normas sustantivas de derecho inglés y estas nos van a indicar si el Sr. X tiene capacidad o no para concluir el contrato. Sin embargo, si admitimos el reenvío, la solución del caso se complica. En ese caso, no aplicamos el derecho sustantivo inglés sino
Según el art. 12.5 CC, en estos casos, se aplica la ley interna que señalen las normas sobre conflictos internos del sistema plurilegislativo extranjero en cuestión. P. ej. si en Estados Unidos es aplicable la ley de Nueva York, el Juez español aplicará esta (y no la de Florida o California).
El art. 12.5 C.c. plantea problemas cuando, como sucede en los EE. UU., el sistema extranjero no contiene un régimen uniforme de solución de los conflictos internos, sino que cada unidad territorial tiene reglas propias para determinar la ley aplicable. En tal caso, tenemos en cuenta las siguientes soluciones:
Una posible respuesta es aplicar la norma de conflicto considerando la unidad territorial en particular y no el conjunto del Estado: P. ej. si es
Cuando la anterior solución no es posible, la respuesta puede ser aplicar la ley más estrechamente vinculada con la situación.
Art. 9.4 C.c. “La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A falta de residencia habitual del hijo, o si
Art. 10.1 C.c. “La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen”.
9.1 C.c. “La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte”
Art. 30 Convenio de Viena 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías (CCIM) “El vendedor deberá entregar las mercaderías transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención”.
En esta lección se estudia la ley aplicable a los contratos internacionales. Se trata de una cuestión de gran importancia práctica: cuando dos empresas concluyen un contrato internacional, este queda potencialmente vinculado con varios ordenamientos estatales. Para evitar la incertidumbre jurídica que esto puede generar a los operadores, se han elaborado a nivel supranacional dos tipos de reglas de DIPr para los contratos:
Algunos textos
Otros textos optan por establecer un
El Reglamento 593/2008 de 17 de junio de 2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales o
Ya hemos visto como en la UE se han creado Reglamentos de DIPr sobre:
Estos textos a veces recogen términos jurídicos idénticos, que tienen el mismo significado en todos. Por ejemplo, el significado del término “contrato” es similar a los efectos del Reglamento de Bruselas I bis y del Reglamento de Roma I.
Art. 1: El RRI determina la ley aplicable a las
Igual que en el RBI bis, se entiende que una “obligación contractual” es aquella “que deriva de una relación libremente establecida entre las partes” (ver tema 4).
El RRI tiene
Si el RRI entra en conflicto con una Directiva europea o con un Convenio internacional, tenemos en cuenta las siguientes reglas:
Las
Si el RRI entra en conflicto con un Convenio internacional,
Los
Pero prevalece
El CCIM se aplica en dos casos:
Si las dos partes del contrato tienen su establecimiento en un Estado parte del CCIM, este último se aplica sea cual sea la ley aplicable al contrato; P. ej. el CCIM se aplica a un contrato de venta de mercaderías entre una empresa española y una suiza: Suiza y España son EM del CCIM
Cuando la ley aplicable al contrato es la de un Estado parte del CCIM, este se aplica sea cual sea el país donde las partes tienen su establecimiento. P. ej. Un contrato de venta de mercancías entre una empresa española y una empresa marroquí queda sujeto al CCIM siempre que, según el RRI, la ley aplicable al contrato sea la ley española: esta es la ley de un EM del Convenio (España) y basta con eso para la aplicación de este Convenio. Es indiferente que Marruecos no sea EM del Convenio.
El art. 3.1 RRI establece como
Elegir como ley aplicable al contrato la ley de cualquier Estado, vinculado o no con la situación. Sin embargo, la elección solo cabe respecto de una ley estatal: una remisión en el contrato a un Convenio internacional u otro texto supranacional no es una elección de ley aplicable, sino una incorporación por referencia del texto en cuestión.
Elegir la ley aplicable a todo el contrato o solo a una parte del mismo (
Cambiar la ley aplicable en cualquier momento durante la vida del contrato
Además, las partes pueden
En cuanto
Ejemplo: (a) Si las partes acuerdan la “competencia de los
Los contratos vinculados con un único ordenamiento se conocen como
Si las partes no han elegido la ley aplicable al contrato, se acude a las reglas previstas en el RRI sobre ley aplicable en defecto de elección. El Reglamento
Según el art. 4.2, si el contrato no es subsumible en ninguna de las anteriores categorías o lo es en más de una, se aplica la ley de la
Los arts. 4.3 y 4.4 prevén dos supuestos en que las reglas anteriores (art. 4.1 y 4.2) se descartan para aplicar la ley que presenta “los vínculos más estrechos” con el contrato:
El RRI establece reglas encaminadas a la protección de la parte débil en aquellos contratos en que existe una situación de asimetría contractual entre las partes: contratos de transporte, consumo, seguro y contrato individual de trabajo. Estas reglas limitan la autonomía de la voluntad de los contratantes y buscan una ley próxima a la parte débil
Las reglas para los contratos de transporte son distintas según se trate de un transporte de mercancías o de personas. En el primer caso, las reglas no tienen un objetivo de protección de la parte débil, pues en los contratos de transporte de mercancías sí se mantiene la simetría contractual. Sin embargo, las normas para los transportes de personas buscan la protección del viajero, en cuanto parte débil del contrato
Las condiciones generales de los contratos de transporte de personas a veces incluyen cláusulas de ley aplicable y de jurisdicción. En estos casos, junto a las normas del RRI, debe tenerse en cuenta la Directiva europea 93/13 sobre cláusulas abusivas y su normativa de transposición (en España, la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios). Con base en estas normas, la Sent. del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 30 sept. 2013 ha considerado nulas las cláusulas de ley aplicable y de jurisdicción en favor de Irlanda incluidas en las condiciones generales de la compañía aérea Ryanair. Según la Sentencia, las cláusulas son abusivas al causar un desequilibrio importante entre las partes, en contra del consumidor. La sentencia no afecta a las cláusulas fruto de una negociación individual con el consumidor, que siguen siendo válidas.
El art. 6 RRI establece para estos contratos normas que protegen al consumidor a través del principio de “mayor favorabilidad”. Este significa que las partes pueden elegir la ley aplicable al contrato, pero dicha elección no podrá privar al consumidor de la protección que le brindan las normas imperativas de la ley de su residencia habitual.
El art. 6 tiene un ámbito de aplicación limitado y solo se aplica a los contratos que cumplan los siguientes requisitos
Debe tratarse de un
El contrato ha debido celebrarse con un
Art. 6.4: se
De prestación de servicios, si los servicios se prestan exclusivamente en un país diferente del de RH del consumidor.
De transporte. Sí se incluyen los contratos de viaje combinado.
Sobre derechos reales inmobiliarios o de arrendamiento de inmuebles.
De carácter financiero, celebrados por inversores particulares en el marco de OPVs y OPAs y relativos a participación en instituciones de inversión colectiva
En el caso de los contratos excluidos (consumidor activo y exclusiones del art. 6.4) no se aplica el sistema del art. 6 RRI. Las partes pueden elegir la ley aplicable al contrato y se concreta la ley aplicable en defecto de elección utilizando el art. 4 RRI. Esto no impide aplicar las Directivas europeas que protegen a los consumidores (p. ej. la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas o la Directiva 2008/122 sobre contratos de
La regulación del art. 8 RRI también recoge para estos contratos el principio de mayor favorabilidad. Por tanto, aunque las partes pueden elegir la ley aplicable al contrato, la elección no podrá privar al trabajador de la protección que le otorgan las normas imperativas de la ley que sería aplicable en defecto de elección
Como se acaba de señalar, las partes pueden elegir la ley aplicable a estos contratos, pero esta elección no puede privar al trabajador de la protección que le otorgan las normas imperativas de la ley que sería aplicable en defecto de elección (art. 8.1)
Se aplica en primer lugar, la ley del Estado
En defecto de la ley de realización habitual del trabajo, se aplica la ley del Estado
Las anteriores conexiones están sometidas a la
Hay un desplazamiento temporal “cuando se supone que el trabajador va a reanudar su trabajo en el país de origen tras realizar su tarea en el extranjero” (STJUE as- C-437/00)
El Reglamento parte de la idea de que un desplazamiento temporal no modifica la ley aplicable al contrato, de forma que se sigue aplicando
Las leyes de policía se regulan en el art. 9 RRI. Según este, son normas de policía “aquellas disposiciones cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como la organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito sea cual sea la
Las normas de policía son aplicables, sea cual sea la ley del contrato, para proteger los intereses públicos que defienden, siempre que estemos ante uno de los casos en que el art. 9 RRI permite su aplicación.
Punto de partida: Art. 12: la ley aplicable al contrato regula
En relación con las
Vemos a continuación algunas cuestiones que no quedan regidas por la ley del contrato
Según el art. 10.1 RRI, la existencia y validez del contrato se rigen por la ley que sería aplicable si el contrato fuera válido. Esta es la llamada “ley hipotética del contrato”. Este principio general se corrige en el art. 10.2 RRI, según el cual, “para establecer que no ha dado su consentimiento, cualquier parte podrá invocar la ley del país de su residencia habitual si de las circunstancias resulta que no sería razonable determinar el efecto de su comportamiento según la ley hipotéticamente aplicable al contrato”
Contratos celebrados entre presentes (personas que se encuentran en el mismo país): el contrato es válido en cuanto a la forma si lo es según la ley que rige el contrato o la ley del país donde se ha celebrado
Contratos entre ausentes (personas que se encuentran en distintos países): el contrato es válido en cuanto a la forma si lo es según la ley rectora del contrato o la ley del lugar en que tiene su RH o se encuentra físicamente cualquiera de las partes
los contratos cuyo objeto es un derecho real o un arrendamiento de un bien inmueble. En los mismos, deben respetarse las normas internacionalmente imperativas (aplicables sea cual sea la ley que rige el contrato) del país de situación del inmueble.
La ley aplicable a la capacidad para contratar
PERO el art. 13 RRI regula la llamada
Tenga en cuenta las pautas que se indican a continuación para resolver casos prácticos sobre el tema 14. Resuelva después los ejercicios y casos prácticos sobre el tema que encontrará a continuación
Después de ver en el tema 14 las normas de conflicto previstas para los contratos, vamos a analizar a continuación cómo se determina en la práctica la ley aplicable a un contrato internacional. Los pasos que deben seguirse son similares a los que veíamos para solucionar casos prácticos en los Módulos II y III sobre Derecho procesal civil internacional: (a) En primer lugar, siempre debemos determinar el régimen o texto legal aplicable al caso. Esta operación no plantea ninguna dificultad en el caso de la ley aplicable a los contratos: el
Veamos a continuación cada uno de los pasos con más detalle:
El único instrumento que se tiene en cuenta en el sistema español para determinar la ley aplicable a los contratos es el
El RRI desplaza por tanto al art. 10.5 C.c., norma interna que regulaba la ley aplicable en materia de contratos antes de la entrada en vigor de las reglas europeas. El art. 10.5 C.c., a día de hoy, no se aplica en el sistema español.
Una vez establecido el RRI como texto legal aplicable, son posibles dos situaciones diferentes según el tipo de contrato ante el que nos encontremos: un contrato sujeto al régimen general (art. 3 y 4); o uno de los contratos sometidos a un régimen especial de protección para la parte débil (contratos de transporte, seguro, consumo o trabajo, arts. 5-8). Vemos a continuación un par de ideas sobre las dos posibilidades. Encontrará todo esto más desarrollado en el tema 14, que debe consultar para solucionar casos prácticos en la materia
El RRI permite en primer lugar que las partes elijan la ley aplicable al contrato. Si las partes han acordado la ley aplicable al contrato, se aplica esta, sin restricciones (art. 3 RRI).
Tenga cuidado con lo siguiente: 1. No deben confundirse las cláusulas de elección de foro con las de ley aplicable. Las primeras sirven para atribuir competencia judicial internacional a un tribunal y las segundas determinan la ley aplicable al contrato. Una cláusula de elección de foro puede ser indicio de una elección tácita de ley aplicable, pero solo se trata de un indicio y no significa automáticamente que exista dicha elección. 2. Si el contrato incluye una cláusula por la que las partes incorporan por referencia un Convenio internacional (p. ej. el CCIM), esta no es una cláusula de elección de ley aplicable. La ley
Cuando las partes no han elegido la ley aplicable al contrato, el art. 4 RRI nos suministra las normas de conflicto que nos servirán para establecer la ley aplicable en defecto de elección:
El art. 4.1 RRI incluye normas de conflicto específicas para 8 tipos contractuales: compraventa de mercaderías, prestación de servicios, contratos sobre inmuebles, contratos de franquicia y distribución, venta de bienes mediante subasta y contratos celebrados en mercados financieros organizados. Puede consultar estas reglas con detalle en el tema 14.
Si el contrato no se incluye en ninguna de las categorías anteriores, de acuerdo con el art. 4.2 RRI se aplica la ley de la residencia habitual del prestador más característico del contrato. La prestación más característica del contrato es la que sirve para calificar el contrato como de un tipo determinado. El pago del precio nunca constituye la prestación característica, al ser común a la mayoría de los contratos
En cualquiera de los dos casos anteriores (art. 4.1 o art. 4.2) se acude a la ley de los vínculos más estrechos si (i) resulta manifiesto que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país (cláusula de escape) o si (ii) las normas anteriores no permiten determinar la ley aplicable (cláusula de cierre).
Contratos para los que existe una normativa especial de protección (transporte, consumo, seguro, trabajo).
Los arts. 5, 6, 7 y 8 establecen reglas especiales para estos tipos contractuales. Todas ellas, excepto las previstas para el contrato de transporte de mercancías, tienen como finalidad proteger a la parte débil del contrato (el pasajero, el consumidor, el trabajador, el asegurado, beneficiario o tomador del seguro). Esto se consigue, entre otros aspectos, limitando la posibilidad de las partes de elegir la ley aplicable. En los apuntes del tema encontrará la regulación detallada de cada uno de estos contratos, que le servirá para solucionar los casos prácticos sobre los mismos.
Establezca, determinando previamente el régimen aplicable, qué ley aplicarían los tribunales españoles al supuesto litigioso.
Pregunta de repaso: ¿Tienen CJI los tribunales españoles para conocer del litigio? Imagine en primer lugar que el demandado comparece e impugna la CJI del tribunal; en segundo lugar, responda a la misma cuestión suponiendo que el demando comparece, pero no impugna la CJI del tribunal español, sino que contesta al fondo de la demanda
(a) El régimen aplicable para determinar la ley aplicable al contrato es el Reglamento 593/2008 (“Roma I” o RRI), ya que dicho instrumento establece las normas de conflicto para los contratos internacionales con carácter universal. (b) De acuerdo con el RRI, para determinar la ley aplicable hay que comprobar en primer lugar si se ha realizado un acuerdo de elección de ley, como permite el art. 3 de dicho Reglamento. En este caso, no existe un acuerdo de este tipo ya que
(a) El régimen aplicable a la CJI es el Reglamento 2015/2012 (Bruselas I bis), al existir una sumisión a los tribunales franceses: como sabemos, el art. 25 RBI bis se aplica si existe un acuerdo de sumisión en favor de un tribunal de un Estado miembro, como es el caso. Conforme a este precepto, los únicos tribunales competentes son los franceses. De esta manera, si el demandado impugna la CJI del tribunal español, este debe declararse incompetente en favor de los franceses; (b) Sin embargo, si el demandado comparece sin impugnar la CJI del tribunal, se produce una sumisión tácita en favor del tribunal español que prevalece sobre la sumisión expresa anterior, y que otorga CJI a nuestros tribunales, según el art. 26 RBI bis. En este caso, el motivo de que se aplique el RBI bis es que el demandado tiene su domicilio en un Estado miembro: el régimen aplicable en los casos de sumisión tácita depende del domicilio del demandado (ver tema 8)
Para determinar la ley aplicable al contrato de trabajo debe tenerse en cuenta lo siguiente: (a) El régimen aplicable es el Reglamento 593/2008 (“Roma I”), de carácter universal. (b) Hay que aplicar en particular la regulación especial contenida en el art. 8 de este Reglamento para el contrato de trabajo; (c) De acuerdo con el mismo, al existir en el contrato una cláusula de elección de ley aplicable a favor del Derecho argentino, hay que analizar si la misma es válida según el art. 8 del Reglamento de Roma I. El art. 8.1 RRI indica que “el contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes (…). No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido aplicable”. Esto significa que el acuerdo de elección en favor de la ley argentina es válido en todo lo que proteja al trabajador, pero no lo es en relación con aquellas cuestiones en que la ley elegida le priva de la protección de las disposiciones imperativas de la ley aplicable en defecto de elección. (d) La ley aplicable en defecto de elección, de acuerdo con el art. 8.2, es la española, ya que esta es la “ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato realice su trabajo habitualmente”; un desplazamiento meramente temporal al extranjero no modifica la ley aplicable. Por ello se puede concluir que la
Para determinar los salarios que debían pagarse durante el desplazamiento a Francia, hay que tener en cuenta la Directiva 96/71/CE, modificada por la Directiva 2018/957, sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el
Las normas de conflicto del sistema español para las obligaciones extracontractuales
La norma más importante de las mencionadas es el Reglamento núm. 864/2007 sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (
El concepto “obligación extracontractual” es subsidiario del de “obligación contractual”:
El RRII se aplica con independencia de la jurisdicción competente (Cdo. 8). Esto significa que se aplica a:
La responsabilidad de un ente público que actúa
La responsabilidad civil derivada de delito interpuesta ante un tribunal penal.
Se
Daños nucleares
Daños a
El RRII, igual que el RRI, es un texto de
Lo anterior significa que el RRII
Las normas de relación del RRII con otros instrumentos son muy similares a las del RRI. Si este Reglamento entra en conflicto con una Directiva europea o con un Convenio internacional, tenemos en cuenta las siguientes reglas:
Las
Si el RRII entra en conflicto con un Convenio internacional,
Los
Pero prevalece
El Reglamento incluye las siguientes posibilidades a la hora de determinar la ley aplicable:
Las partes pueden elegir libremente la ley aplicable (art. 14): Esta regla es común para las obligaciones extracontractuales y los cuasicontratos.
Se establecen reglas subsidiarias para determinar la ley aplicable en defecto de elección:
El RRII permite a las partes
Condiciones para la elección de ley aplicable:
La elección no cabe en el marco del Derecho de la competencia ni en los daños a la propiedad intelectual o industrial (arts. 6 y 8)
La elección debe ser posterior al hecho dañoso si afecta a particulares. Sí se admite la elección
La elección puede ser expresa o tácita; igual que en los contratos, la elección tácita es la que se deduce con razonable certeza de los elementos del caso
La elección no puede perjudicar los derechos de terceros (art. 14.1
Admitir la autonomía de la voluntad de las partes en relación con las obligaciones extracontractuales no siempre tiene mucho interés práctico: antes de que se produzca el hecho dañoso, a salvo de alguna excepción, no tiene interés acordar la ley aplicable; después de producido el hecho dañoso, las partes suelen estar más interesadas en acordar el monto de la indemnización que en realizar un pacto de ley aplicable.
Sí resultan útiles los pactos de ley aplicable en el caso de negociaciones precontractuales entre empresas, en los casos en que finalmente no se concluye el contrato y surge responsabilidad por culpa
La regla general del art. 4 RRII se articula en tres escalones:
El art. 4.1 RRI establece la aplicación de
Esta regla es de
En la interpretación del concepto de
En los
Solo se considera como lugar del daño aquel donde se sufre el
En caso de
La ley del daño no se aplica si las dos partes tienen residencia habitual en el mismo Estado. En este caso prevalece
La RH se concreta igual que en RRI (art. 23 RRII).
Para completar el sistema, el art. 4.3 RRII establece una cláusula de escape, que dispone que las leyes de los arts. 4.1 y 4.2
El hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país
La aplicación de la regla del lugar del daño resulta infructuosa, p. ej. los daños se producen en un territorio no sujeto a la soberanía de ningún Estado
En los daños causados por infracción de la libre competencia y en el ámbito de la competencia desleal,
Los
Entre los daños que
Por último, los
En los daños al medio ambiente, se aplica la ley del daño, a menos que la víctima opte por la ley de origen. No se aplica ni la ley de la RH común ni la cláusula de escape
La regla del art. 7
En el caso de los daños por infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual,
Hay una regla general para los daños a los derechos de propiedad industrial e intelectual: esta establece la aplicación de la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección (principio de territorialidad).
Junto a la anterior, existe una regla especial para daños a derechos de propiedad industrial europeos unitarios (p. ej. marca comunitaria, patente europea con efecto unitario): Se aplica la ley del EM donde la infracción fue cometida
El art. 8 excluye la aplicación del art. 4: en ningún caso actúa la ley de la RH común ni la cláusula de escape
La regla del art. 9
Se parte del
Las condiciones y alcance de la responsabilidad;
La responsabilidad por actos ajenos;
Las causas de exoneración, la limitación y el reparto de la responsabilidad;
La existencia, la naturaleza y la evaluación de los daños.
Las medidas que se pueden tomar para prevenir o poner fin a un daño;
La transmisibilidad de un crédito extracontractual
Los modos de extinción de las obligaciones incluidas la prescripción y caducidad.
El RRII no impide la aplicación en los Estados miembros de los Convenios internacionales concluidos por los Estados miembros con terceros Estados. En consecuencia, en España se siguen aplicando los Convenios de la Haya sobre accidentes de circulación por carretera (1971) y responsabilidad por productos (1973). Ambos Convenios desplazan al RRII debido a su carácter universal.
Si en el accidente interviene un
El conductor, poseedor o dueño: se aplica
Un pasajero que viaja a bordo del vehículo: se aplica la ley de la matrícula
Un peatón externo al vehículo: se aplica la ley de la matrícula
En caso de haber varias víctimas, se determina la ley aplicable por separado para cada una de ellas utilizando las reglas anteriores
Si en el accidente están
En todos los casos, para valorar la conducta del responsable se tienen en cuenta las
En España, la normativa para estos casos se incluye, con carácter universal, en el Convenio de la Haya 1973 sobre ley aplicable a la responsabilidad por productos. En los Estados parte de este Convenio, incluida España, este es el texto legal aplicable para establecer la ley aplicable en supuestos de responsabilidad por productos, quedando desplazado el art. 5 RRII
El Convenio determina la ley aplicable a la responsabilidad de fabricantes y otras personas por los daños causados por un producto. No se aplica a las relaciones entre el vendedor del producto y la víctima del daño (art. 1.2)
En primer lugar, se aplica la
la RH de la víctima
el establecimiento principal del responsable
el lugar de adquisición del producto
En defecto de la anterior, se aplica la
el establecimiento principal del responsable
el lugar de adquisición del producto
En defecto de las anteriores, la víctima puede
En todos los casos se aplican las
En los casos de daños a los derechos de la personalidad a través de internet se puede extender la jurisprudencia del TJUE en el asunto
Tenga en cuenta las pautas que se indican a continuación para resolver casos prácticos sobre el tema 15. Resuelva después los ejercicios y casos prácticos sobre el tema que encontrará más adelante
Después de estudiar en el tema 15 las normas de conflicto previstas para las obligaciones extracontractuales, vemos a continuación cómo se solucionan en la práctica los casos en que debe determinarse la ley aplicable en un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Los pasos que deben seguirse son similares a los que veíamos en lecciones anteriores: (a) En primer lugar, siempre debemos determinar el régimen o texto legal que debe aplicarse para solucionar el caso. En este caso, las posibles opciones son el Reglamento 864/2007 (Roma II o RRII), los Convenios de la Haya sobre accidentes y responsabilidad por productos y el art. 10.9 C.c.; (b) Una vez que hemos establecido el texto legal aplicable, debemos resolver el caso aplicando las normas de conflicto contenidas en el mismo.
Veamos a continuación cada uno de los pasos con más detalle:
Para establecer si en un supuesto de obligaciones extracontractuales se aplica el RRII, un Convenio de la Haya o el art. 10.9 C.c., basta con atender a la materia objeto del litigio:
En los casos de responsabilidad por productos, se aplica el Convenio de la Haya de 1973. Este excluye la aplicación de (i) el RRII, sobre el que prevalece y (ii) del art. 10.9 C.c., que resulta desplazado por el Convenio, al ser este de carácter universal
En cualquier otro caso que encaje dentro de la noción “obligaciones extracontractuales”, es aplicable en principio el RRII, con exclusión del art. 10.9 C.c. El Reglamento es de carácter universal y, dentro de su ámbito material, desplaza el derecho interno.
Solamente se aplica el art. 10.9 c.c. en los supuestos excluidos del ámbito de aplicación material del RRII: el caso más importante es el de los daños a los derechos de la personalidad.
En el tema 15 encontrará una exposición detallada de las normas de conflicto establecidas en el Reglamento de Roma II, los dos Convenios de la Haya sobre accidentes de circulación y responsabilidad por productos, y el art. 10.9 C.c. Debe consultar estas normas para resolver casos prácticos en la materia. A continuación, se hace un breve resumen, no exhaustivo, de algunas de las normas más importantes del Reglamento de Roma II.
Siendo aplicable el RRII, la ley aplicable se determina utilizando las siguientes normas de conflicto:
El RRII contempla en primer lugar la posibilidad de que las partes
Si una de las partes es un particular, la elección ha de ser posterior al hecho dañoso. Si ambas partes son profesionales, se admiten también los acuerdos de elección de ley anteriores al hecho dañoso
No se admite la elección de ley aplicable en los daños causados en el marco del derecho de la competencia o de propiedad intelectual o industrial
La ley aplicable se puede elegir de forma expresa o tácita
La elección no puede perjudicar los derechos de terceros.
En defecto de elección de ley aplicable, se acude a las normas de los arts. 4 a 9: en primer lugar, de ser posible, se aplican
Tenga en consideración que la norma especial establecida en el art. 5 RRII para la responsabilidad por productos no se aplica en nuestro país, ya que, en estos casos, en España se aplica el Convenio de la Haya de 1973 sobre ley aplicable a la responsabilidad por productos
Si no es aplicable ninguna de las normas especiales de los arts. 5 a 9 RRII, se acude al
En primer lugar, se aplica la ley de la
En defecto de esta, se acude a la ley del
Una y otra (ley del daño y ley de residencia habitual de la víctima) se descartan en virtud de la
Sea cual sea la ley aplicable, según el art. 17 RRII, “para valorar el comportamiento de la persona cuya responsabilidad se alega, habrán de tenerse en cuenta, como una cuestión de hecho y en la medida en que sea procedente, las
Determine conforme al régimen aplicable, la ley rectora de la responsabilidad civil;
Imagine ahora que tanto el Sr. Dupont como el Sr. Tignol tuvieran residencia habitual en Bélgica: determine la ley aplicable al supuesto
El régimen aplicable para solucionar este caso es el Reglamento de Roma II (núm. 864/2007) que, debido a su carácter universal, desplaza al art. 10.9 C.c. Como no nos encontramos ante ninguno de los supuestos regulados por las normas de conflicto especiales de los arts. 5 a 9 del Reglamento, es aplicable la regla general del art. 4. Según el art. 4.1 RRII, como las partes no tienen residencia habitual común, se aplica la ley española, ya que es la ley del lugar del daño;
Aunque el Sr. Dupont fallezca en Bélgica, no cambia la determinación de la ley aplicable, puesto que según el art. 4.1 la ley aplicable es la “del país donde se produce el daño (…) cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión”; y en este caso, el daño directo se ha producido en España. El fallecimiento en Bélgica es una consecuencia posterior del daño inicialmente sufrido en España y no se tiene en cuenta a efectos de determinar la ley aplicable.
Si el Sr. Dupont y el Sr. Tignol tuvieran residencia habitual en Bélgica, la ley aplicable sería la ley belga (residencia habitual común de las partes), de acuerdo con el art. 4.2, que prevalece sobre el art. 4.1
El régimen aplicable para solucionar este caso práctico es el Convenio de la Haya de 1971 sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, ya que dicho Convenio tiene ámbito de aplicación universal y prevalece sobre el Reglamento de Roma II;
Responsabilidad respecto del conductor, A: se rige por la ley española (ley de la matrícula) puesto que, si la víctima es el “conductor, el poseedor, el propietario o cualquier otra persona que tenga un derecho respecto del vehículo”, se aplica siempre la ley de la matrícula (art. 4.a) primera regla).
Responsabilidad respecto del pasajero, B: se rige por la ley italiana (ley del accidente), ya que si la víctima es un pasajero se aplica la ley de la matrícula “si tenía su residencia habitual en un Estado distinto de aquel en cuyo territorio haya ocurrido el accidente” (art. 4.a) segunda regla). Esto no sucede en el caso, ya que B tiene RH en Italia, lugar del accidente. Por ello, no es aplicable la ley de la matrícula y se acude a la regla subsidiaria, la ley del accidente (art. 3)
Responsabilidad respecto del peatón C: la ley aplicable es la ley italiana (lugar del accidente), ya que, si la víctima es un peatón, se aplica la ley de la matrícula “si tenía su residencia habitual en el Estado en que dicho vehículo estuviere matriculado” (art. 4.a) tercera regla). Esto no sucede en el caso: C tiene residencia habitual en Suiza, que no es el lugar de la matrícula. Por tanto, no se aplica la ley de la matrícula y se acude a la regla subsidiaria, la ley del accidente (art. 3)
Las normas de circulación y tráfico que deben tenerse en cuenta son en todo caso las italianas, ya que conforme al art. 7 del Convenio, “cualquiera que sea la ley aplicable, para determinar la responsabilidad se deberán tener en cuenta las normas sobre seguridad y circulación que estuvieren en vigor en el lugar y momento del accidente”.
Esta lección se dedica a la ley aplicable a los derechos reales sobre bienes tangibles
Para determinar la ley aplicable a los derechos reales sobre bienes, hay que aplicar las normas de conflicto establecidas en el
La regla general establecida en el art. 10.1 C.c. dispone que los derechos reales sobre bienes se rigen por la
los derechos de propiedad y posesión;
otros derechos reales de uso y disfrute (usufructo o servidumbre);
los derechos reales de garantía (prenda o hipoteca).
Tanto a los derechos sobre
Una transacción sobre un bien abarca aspectos contractuales y jurídico-reales, así que puede generar dos series de problemas jurídicos: (a) Los relativos al contrato y su validez (aspectos obligacionales) y (b) los que se refieren a las consecuencias que tiene el contrato sobre la transmisión de los bienes (aspectos jurídico-reales).
Ambos aspectos están íntimamente relacionados, pero se someten a
La ley del lugar de situación del bien (
Para saber si se ha transmitido el derecho real, hay que acudir a la
Si se produce un nuevo acto con trascendencia real, sus consecuencias jurídicoreales se rigen por la nueva
Las facultades o derechos que confiere el derecho real siempre quedan sujetas a la nueva
Los medios de transporte son bienes de vocación circulatoria transfronteriza, así que el criterio de la localización física no es adecuado y conduce a soluciones aleatorias. Por ello, para estos bienes, el art. 10.2 C.c. prevé una
Estos bienes plantean una problemática especial y requieren el establecimiento de reglas adicionales. Los bienes culturales deben ser objeto de una protección reforzada para combatir el tráfico ilícito internacional de obras de arte. A nivel internacional se han establecido reglas cuyo objetivo es facilitar la recuperación de los bienes culturales sustraídos del Estado al que pertenecen
En nuestro país, los bienes que pertenecen al patrimonio cultural español se protegen a través de
Por otro lado, junto a las leyes de policía del sistema español, existen diferentes Convenios internacionales, así como normativa europea que incluyen reglas de cooperación entre Estados para recuperar los bienes objeto de tráfico ilícito internacional de obras de arte.
Para resolver la primera cuestión, acudimos al tema 14. El texto legal aplicable para determinar la ley aplicable al contrato es el Reglamento 593/2008 (Roma I), texto legal aplicable con carácter universal. Su art. 3 indica que “el contrato se regirá por la ley elegida por las partes”, así que la ley aplicable en este caso será el derecho español, puesto que se indica que en el contrato se incluye una cláusula de elección de ley en favor del derecho español. Sin embargo, para resolver la segunda cuestión, debemos consultar el tema 16. Esta cuestión ya no depende de la ley del contrato, sino que se trata de un aspecto jurídico-real, puesto que queremos saber a quién corresponde la propiedad de la escultura. El art. 10.1 C.c. indica que “la posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. La misma ley será aplicable a los bienes muebles”, de forma que será la ley francesa la que resuelva este problema, ya que el bien se encuentra situado en Francia en el momento de su venta. El derecho francés transmite la propiedad con la formalización de un contrato válido, así que el Sr. Ribeiro en principio adquiere la propiedad del bien. Asimismo, el Derecho francés determinará los efectos de la adquisición “a non domino” que puede tener la venta por el Sr. Mario González, que ya no es dueño, al Sr. Dupont. Por otro lado, conviene recordar que, si el bien formara parte del patrimonio cultural español, además, habría que tener en consideración las leyes de policía establecidas en la Ley de Patrimonio Histórico que puede consultar en el tema 16.
En España no existe una única ley rectora del matrimonio sino
En esta lección se estudian por separado las tres cuestiones. Comenzamos por la
Según el art. 9.1 C.c., la ley aplicable a la
Las legislaciones extranjeras que admiten el matrimonio poligámico o poliándrico
Las que admiten el matrimonio infantil
Las legislaciones que no permiten el libre desarrollo de la personalidad, p.ej. las que prohíben contraer matrimonio a transexuales o personas del mismo sexo
Legislaciones que restringen el derecho a contraer matrimonio por razones religiosas
El análisis de la capacidad de los contrayentes a veces se realiza antes de la celebración del matrimonio, y otras veces
Si el matrimonio se celebra ante
Si el matrimonio se contrae ante una
Si el matrimonio se celebra ante una
En España, la válida celebración de un matrimonio requiere el consentimiento pleno y libre de los cónyuges. Esta es una
La forma de celebración del matrimonio se regula en nuestro país en los
Los arts. 49 y 50 C.c. diferencian entre los matrimonios celebrados en España y en un país extranjero; a su vez, dentro de cada uno de estos casos, se distingue según si al menos uno de los contrayentes es español (matrimonio entre dos españoles o entre un español y un extranjero) o si ambos contrayentes son extranjeros. Veamos las distintas posibilidades:
El matrimonio se celebra en España
Nuestra legislación admite el matrimonio ante un
Desde enero de 2019, las relaciones entre cónyuges quedan reguladas por el
El Reglamento se ha elaborado en el marco de la cooperación reforzada. En él participan Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, España, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suecia.
El Reglamento incluye soluciones para los tres sectores del DIPr: (a) Competencia judicial internacional; (b) ley aplicable; y (c) reconocimiento y ejecución de decisiones. En este Módulo solo estudiamos sus normas de ley aplicable: las de competencia judicial internacional se vieron brevemente en el Módulo II (ver tema 6, apdo. B) y las de reco- nocimiento y ejecución no se analizan con detalle.
La capacidad jurídica de los cónyuges
La existencia, validez y reconocimiento del matrimonio
las obligaciones alimenticias entre cónyuges
La sucesión por causa de muerte de uno de los cónyuges
El derecho de transmisión o ajuste de los derechos de pensiones
La naturaleza de los derechos reales sobre un bien o su inscripción registral
Como en otros Reglamentos europeos de Derecho de familia, se admite que las partes elijan la ley aplicable a sus relaciones, aunque con limitaciones. En defecto de elección, se establece un sistema de conexiones en cascada.
Se aplica en primer lugar la
Los acuerdos de ley aplicable se pueden celebrar y modificar en cualquier momento.
Se podrá observar que las conexiones se
El Reglamento 2016/1103
La ley personal común de los cónyuges: entendemos por esta la ley de la vecindad civil común al tiempo de contraer el matrimonio (art. 16 C.c.)
A falta de esta elección, rige la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración,
Y a falta de dicha residencia, la ley del lugar de celebración del matrimonio.
Las normas de conflicto establecidas para (i) la nulidad matrimonial y (ii) el divorcio y la separación judicial se contienen en diferentes instrumentos normativos
La ley aplicable a la nulidad matrimonial se regula en el
Si la nulidad deriva de defectos de consentimiento o capacidad se aplica la ley nacional de la persona (art. 9.1 C.c.)
Este Reglamento tiene los mismos
En cuanto a su
El RRIII es de
El Reglamento, en primer lugar, da la opción a las partes de elegir la ley aplicable a la separación o al divorcio; a continuación, establece soluciones subsidiarias para determinar la ley aplicable en defecto de elección. En ningún caso se aplicará una legislación extranjera que sea contraria al orden público. Las posibilidades establecidas son:
Aplicación de la
Las leyes anteriores
La ley designada por RRIII
Los presupuestos de la separación o divorcio;
Los efectos de estos sobre el vínculo conyugal (p. ej., su disolución);
Los derechos de uso de la vivienda si no hay menores implicados
La misma ley
Régimen económico: ver apdo. B) tema: se aplica el Reglamento 2016/1103.
Responsabilidad parental: se aplica el Convenio de la Haya de 1996
Atribución del uso de la vivienda cuando hay menores implicados: se aplica la ley que rige las medidas de protección de los menores (Convenio Haya 1996)
Obligaciones alimenticias y pensiones compensatorias: se aplica el Protocolo de la Haya 2007 (ver tema 18)
Régimen sucesorio: se aplica el Reglamento europeo 651/2012 sobre sucesiones.
Para determinar la ley aplicable en esta materia, se acude al art.
El art. 9.4 C.c. establece una norma de conflicto materialmente orientada, a través de un sistema de conexiones en cascada. Según este, la
La ley de la RH del hijo en el momento de establecimiento de la filiación
A falta de RH del hijo o si dicha ley no permite el establecimiento de la filiación, se aplica la ley nacional del hijo en ese momento
Si esta ley no permite el establecimiento de la filiación o el hijo carece de RH y de nacionalidad, se aplica la ley sustantiva española.
La finalidad de esta norma es lograr como resultado material que se establezca la filiación siempre que sea posible. La norma se inspira en un principio de
En cuanto al
Se descarta la ley aplicable cuando es contraria al
El art. 9.4 remite en este punto al
Este programa incluye las pautas para solucionar casos prácticos de ley aplicable en Derecho de familia, tanto sobre el tema 17 como sobre el tema 18. Utilícelo para solucionar los casos prácticos y ejercicios de los dos temas.
El Derecho internacional privado español establece soluciones de ley aplicable diferentes para tres grandes instituciones dentro del Derecho de familia: Matrimonio (tema 17), filiación (tema 17) y alimentos (tema 18). Se estudian por separado cada una de ellas.
El DIPr español regula por separado los diferentes aspectos de la institución del matrimonio.
La ley aplicable a la
Si el matrimonio se celebra en España:
Si al menos uno de los contrayentes es español: el matrimonio es válido solamente si se ha celebrado en la forma prevista en la ley española (civil o religiosa).
Si ambos contrayentes son extranjeros: es válido el matrimonio celebrado (i) en la forma prevista en la ley española (civil o religiosa) o (ii) en una forma civil (Cónsul) o religiosa admitida por ley nacional de cualquiera de los contrayentes
Si el matrimonio se celebra en el extranjero:
Si al menos uno de los contrayentes es español: es válido el matrimonio contraído según: (i) la ley del lugar de celebración; también es válido el matrimonio celebrado ante el Cónsul del otro contrayente si lo admite la ley del lugar de celebración, o (ii) la ley española, tanto si es un matrimonio en forma civil (ante el Cónsul) o religiosa (si se celebra en el extranjero, solo se admite el matrimonio canónico)
Cuando ambos contrayentes son extranjeros: es válido el matrimonio celebrado según (i) la ley del lugar de celebración o (ii) la ley nacional de cualquiera de los contrayentes
Se aplica en primer lugar
En defecto de elección, el art. 26 del Reglamento, establece un sistema de conexiones en cascada. Según este, se aplica:
En primer lugar, la ley de la primera RH cónyuges tras la celebración del matrimonio
En su defecto, la ley con la que ambos cónyuges tengan una vinculación más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio
Según el art. 9.2 C.c., la ley aplicable a los efectos del matrimonio es:
La ley de la vecindad civil común de los cónyuges al tiempo de contraer matrimonio
En defecto de esta, la ley de la vecindad civil o de la RH de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio
A falta de dicha elección, la ley de la RH común inmediatamente posterior a la celebración
A falta de dicha residencia, la ley del lugar de celebración del matrimonio
Según el art. 9.3 C.c. son válidas las capitulaciones matrimoniales siempre que sean conformes a (a) La ley rectora de los efectos del matrimonio, o (b) La ley de la vecindad civil o la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento
Se aplica, en primer lugar,
la ley del Estado de la RH de los cónyuges en el momento de celebración del acuerdo;
la ley de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges en el momento de celebración del acuerdo;
La ley del foro.
En defecto de elección, el art. 8 RRIII prevé un sistema de conexiones en cascada, según el cual se aplica:
La ley de la RH de los cónyuges en el momento de la interposición de la demanda
En su defecto, la ley de la última RH de los cónyuges, con la condición de que el periodo de residencia no haya finalizado más allá de un año antes de la interposición de la demanda y que uno de ellos aún resida allí en tal momento.
En su defecto, la ley de la nacionalidad común de ambos cónyuges en el momento de interposición de la demanda
En su defecto, la ley del foro
Si la nulidad deriva de la falta de capacidad o consentimiento de uno de los contrayentes, se aplica su ley nacional (art. 9.1 C.c.)
Si la nulidad se debe a un defecto de forma, se aplica la ley señalada por los arts. 49 y 50 C.c.
A la hora de determinar la ley aplicable en esta materia, conviene diferenciar entre:
La ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación
A falta de RH del hijo o si esta ley no permite el establecimiento de filiación, la ley nacional del hijo en el momento de establecimiento de la filiación
Si la anterior ley no permite el establecimiento de la filiación o si el hijo carece de RH y nacionalidad, se aplicará la ley española
Si tiene domicilio en Suiza, Islandia o Noruega, se aplica el Convenio de Lugano
Si está domiciliado en cualquier otro Estado, se aplica el Reglamento 4/2009, de ámbito de aplicación universal.
Nota: No se estudian las soluciones previstas en el Convenio de Lugano para los alimentos, así que los casos prácticos se ceñirán al Reglamento 4/2009
Se admite la
el tribunal de la RH o la nacionalidad de una parte;
si se trata de obligaciones de alimentos entre cónyuges y ex cónyuges, también se puede acordar la competencia del tribunal que conoce del litigio en materia matrimonial o del tribunal de la última RH de los cónyuges
En defecto de sumisión, el art. 3 contempla una serie de f
El tribunal de la RH del demandado
El tribunal de la RH del acreedor de alimentos
El tribunal que está juzgando una acción de responsabilidad parental de la que deriva la obligación de alimentos (p.ej. determinación de los derechos de custodia y visita), excepto si la CJI del tribunal se basa en exclusiva en la nacionalidad de una parte
Si conforme a los foros anteriores, no tiene CJI ningún tribunal de un EM, se puede recurrir a los f
El tribunal de la nacionalidad común de las partes (art. 6)
En defecto del anterior, tiene CJI cualquier tribunal de un EM ante el que se interponga la demanda, con base en un
Se admite la
La ley de la nacionalidad o RH de alguna de las partes;
la ley rectora del régimen económico matrimonial;
la ley rectora del divorcio;
la ley del foro
En
Pero existen reglas especiales para los siguientes casos:
El régimen aplicable y las soluciones difieren según cual sea el Estado de origen de la decisión
Si el Estado de origen es un
Un EM parte del Protocolo de la Haya (todos los de la UE menos Dinamarca): la decisión es ejecutable en todos los EM sin necesidad de exequátur (art. 17)
Dinamarca: se contempla para sus decisiones un procedimiento de exequátur inspirado en el del Reglamento 44/2001
Para las decisiones
Para las decisiones de un
Determine, estableciendo previamente el régimen aplicable: 1. la ley aplicable a la nulidad del matrimonio. ¿Se deduce del texto del caso práctico alguna razón que haga pensar que el matrimonio es nulo? 2. La ley aplicable al divorcio. 3. La ley aplicable al régimen económico matrimonial de la pareja
El
Para determinar la ley aplicable al divorcio, el
El
En materia de obligaciones alimenticias existe una pluralidad de textos legales que regulan las diferentes cuestiones de DIPr. Las normas más importantes son:
El
El
El
Los foros se articulan en el siguiente
Solo se admite la sumisión expresa en favor del tribunal de (a) la nacionalidad o RH de una de las partes o (b) de la última RH común de los cónyuges
La sumisión expresa no se admite en relación con menores de 18 años y debe realizarse por escrito. Como en el RBI bis, salvo que se acuerde otra cosa, es de alcance exclusivo
La RH del demandado
La RH del acreedor de alimentos
El tribunal que está juzgando una acción de estado civil o de responsabilidad parental de la que derivan los alimentos, excepto si la CJI del tribunal se basa en exclusiva en la nacionalidad de una parte
El último foro indicado, que da la posibilidad de conocer del litigio al tribunal que está juzgando una acción de estado civil o de responsabilidad parental, resulta muy útil en la práctica. Es frecuente que la reclamación de alimentos se interponga ante el tribunal que está juzgando una acción principal sobre estado civil (p. ej. sobre paternidad o divorcio) o sobre responsabilidad parental (p. ej. sobre los derechos de custodia y visita). En estos casos, como hemos visto en el tema 6, para saber si un tribunal español tiene CJI en relación con la acción de filiación, acudimos a la LOPJ, mientras que el RBII ter es el texto aplicable si la demanda es sobre divorcio o responsabilidad parental. Cuando, según estas normas, un tribunal tiene CJI para la cuestión principal (la custodia, la paternidad o el divorcio), el Reglamento 4/09 le atribuye asimismo CJI para fijar la pensión de alimentos, salvo que la CJI para la acción principal se haya fundado en un foro ba- sado en exclusiva en la nacionalidad de una de las partes.
Cuando el anterior foro no es aplicable (las partes no tienen nacionalidad común), el art. 7 contempla un
Los foros de CJI se completan con
El régimen aplicable para determinar la ley aplicable a las obligaciones de alimentos es el
Se incluyen en el
El Protocolo es de
En cuanto a las
Las soluciones de ley aplicable del Protocolo se articulan jerárquicamente conforme a este esquema
Veamos ahora con más detalle cada una de las soluciones establecidas
Sólo se puede elegir como ley aplicable una de las siguientes:
La ley de la nacionalidad de cualquiera de las partes
La ley del Estado de la RH de cualquiera de las partes
La ley que regula las relaciones patrimoniales entre las partes
La ley rectora del divorcio o separación
La ley del foro
No se admite la elección de ley aplicable en relación con menores de 18 años o adultos que tienen mermada su capacidad
El acuerdo debe cumplir ciertos requisitos formales: debe estar firmado por ambas partes y constar por escrito
La
El art. 4 articula una serie de conexiones en cascada para proteger al acreedor de alimentos. Según este sistema, si conforme a una de las leyes el acreedor no puede obtener alimentos del deudor, se acude a la siguiente ley prevista y así sucesivamente. La ley aplicable depende de ante qué tribunal se interponga la demanda
El TJUE ha aclarado que el paso de una de las leyes a la siguiente procede cuando el acreedor no puede obtener alimentos del deudor conforme a la anterior porque no cumple alguno de los requisitos impuestos por dicha ley (por ejemplo, hacer un requerimiento previo de pago al deudor) (TJUE, as. C-83/17)
Se descarta la ley de la RH del acreedor prevista en el art. 3 si una parte se opone a esta y el caso presenta una vinculación más estrecha con la ley de la última RH común de los cónyuges
No se aplica la ley RH del acreedor si el deudor se opone a la pretensión del acreedor con base en que
La ley determinada por el Protocolo rige los presupuestos y alcance de la obligación alimenticia, incluido el montante de esta. No obstante, para determinar la cuantía de los alimentos hay que atender a lo establecido por el art. 14 del Reglamento: según este, para fijar la pensión se tendrán en cuenta, diga lo que diga la ley aplicable,
El régimen de reconocimiento depende del Estado de origen de la decision
Haga los ejercicios tras consultar el programa de prácticas 10 con las pautas necesarias para solucionar casos sobre Derecho de familia, incluidos los del tema 18
Para solucionar este supuesto, empezamos por determinar el
En ambos casos, ya se plantee la demanda ante un tribunal español o ante un tribunal belga, hay que determinar en primer lugar si el pacto de ley aplicable realizado entre padre e hija es válido o no, ya que la primera posibilidad establecida en el Protocolo es la aplicación de la ley elegida por las partes. Aunque según el art. 8.1, las partes pueden elegir como ley aplicable, entre otras, la ley de la nacionalidad de cualquiera de ellas, en este caso, el
Para determinar la