El número de actuaciones realizadas ha seguido aumentando; mientras que en el curso 2023-2024 se produjeron 425 actuaciones reflejadas en su correspondiente Memoria de actividades, en el curso 2024-2025 han llegado hasta 500 solicitudes, un aumento, por tanto, del 16,5%; de las cuales, 495 han sido admitidas a trámite y cinco no lo han sido, bien por falta de identificación del interesado, o por falta de interés legítimo en la solicitud, teniendo que rechazarse, siguiendo lo reflejado en nuestro Reglamento.

A la vista de las interacciones con la comunidad universitaria y del uso dado, entendemos que parte del aumento de solicitudes de amparo se debe a la mejora en el conocimiento y la percepción del papel institucional realizado por Defensoría Universitaria y las funciones asignadas por su Reglamento, a una presencia muy activa y un posicionamiento firme en la defensa de nuestras recomendaciones que, en ocasiones, nos ha llevado a enfrentamientos con órganos ejecutivos de esta Universidad y, sobre todo, porque se encuentra en Defensoría un sitio de escucha y asesoramiento para solventar conflictos y posibles problemas. Sin embargo, el número de solicitudes que nos llegan es muy elevado si nos comparamos con Universidades públicas de nuestro entorno.

Por ejemplo, durante el curso 23/24 casi duplicamos la ratio de actuaciones/persona respecto del resto de Defensorías de las Universidades Públicas madrileñas, que encima cuentan equipos de Defensoría Universitaria más amplios para atenderlas, y en el curso 24/25 la ratio se ha seguido incrementando, por lo que se observa un problema de base que, sin duda, responde a varios factores, como al funcionamiento administrativo de nuestra Universidad, sustentado en una plantilla escasa de PTGAS que genera, en ocasiones, debido a la carga de trabajo, errores de tramitación, o bien, en otras, una forma de tramitación y gestión anclada en precedentes que hay que renovar y desterrar, o a una escasa formación de aspectos legales y de gestión de cargos académicos en el desempeño de amplias tareas de tramitación y gestión administrativa asignadas que requieren de una formación específica. Nos hemos encontrado, también, y es de justicia indicarlo, con grandes profesionales, excelentes gestores, con un grado de formación, compromiso y vocación de servicio muy elevado que excede lo esperado, tanto PTGAS como PDI. Hemos observado que la mayor parte de los problemas existentes no solo se deben a un desconocimiento sobre las normas (en muchos casos se desconocen y no se sabe bien cómo encontrar las normas de aplicación) y los procedimientos de reclamación (muchos miembros de la comunidad universitaria no saben cómo y ante quién reclamar) sino también a un cierto desconocimiento de los procedimientos administrativos a seguir. En bastantes ocasiones hemos tenido que realizar recomendaciones acerca del funcionamiento de los procedimientos administrativos generales. Además de la correspondiente actualización, al respecto, de los aspectos básicos de tramitación de procedimientos administrativos, sería conveniente aumentar el equipo de Defensoría para poder abordar el elevado número de solicitudes y situarnos, en consonancia, con el número de miembros de las Defensorías de nuestro entorno. Nótese que el equipo de la Defensoría está integrado únicamente por tres personas —secretaría administrativa, adjunta y defensor— que mantienen una dedicación permanente 24/7 a la Defensoría, a pesar de tener que compatibilizar esta labor en los perfiles de personal docente e investigador con sus responsabilidades docentes e investigadoras.

Se ha seguido trabajando en la unificación, en un único punto de información (https://ayuda.urjc.es), de los principales canales de comunicación de nuestra institución, incluyendo entre los ya existentes (véase Ilustración 5), entre otros, al canal del sistema interno de información sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, la comisión de convivencia o la comunicación con las diferentes unidades básicas.

Como se puede ver en la Ilustración 6, el volumen más elevado de solicitudes recibidos en esta Defensoría son reclamaciones o quejas relativas a muy diversas cuestiones. En relación con las solicitudes de información, la mayoría requieren, tan solo, traslado de información sobre normativa o procedimientos (desconociéndose, en muchos casos, hasta dónde se encuentra), pero otras han requerido de una labor de asesoramiento, explicación y acompañamiento.

Resaltar que en este curso han aumentado el número de mediaciones realizadas, pasando de 9 el curso anterior a 23 en el curso actual, por lo que el porcentaje se ha duplicado con creces. La mediación, aunque sea informal, como herramienta de resolución de conflictos, permite no solo abordar disputas entre iguales, sino también facilitar el entendimiento entre distintos estamentos de la comunidad universitaria. Su carácter flexible y centrado en el diálogo entre ambas partes, y no en la imposición de una postura externa, favorece soluciones consensuadas y sostenibles, reduciendo la escalada de tensión y promoviendo una cultura institucional basada en el respeto y la cooperación. Por ello, consideramos fundamental impulsar una formación continua en mediación, tanto teórica como práctica, que capacite a los diferentes miembros de la universidad para identificar, abordar y resolver conflictos de manera autónoma y constructiva. Esta formación debería integrarse de forma transversal en los planes de formación de todos los colectivos, fomentando así una comunidad universitaria más cohesionada y resiliente.

Sobre la temporalización de la recepción de casos, como se puede observar en la Ilustración 1, se han recibido más solicitudes en los periodos de evaluación, destacando significativamente el periodo extraordinario. Este patrón se ha visto acentuado en el pasado curso académico, en el que registró un volumen elevado de peticiones vinculadas a la falta de profesorado contratado para la impartición de clases durante el primer cuatrimestre. Esta situación generó mucha incertidumbre en los estudiantes afectados, lo que se refleja, claramente, en la concentración de casos en determinados momentos del calendario académico (en un mismo día de octubre se llegaron a recibir más de 20 solicitudes de amparo). La gráfica evidencia cómo las carencias estructurales en la planificación docente pueden tener un impacto, directo, en el desarrollo académico de los estudiantes, por lo que la Universidad debe velar, como entidad educativa, por la más alta calidad de su enseñanza y evitar que situaciones así vuelvan a ocurrir cubriendo la docencia desde los primeros días de clase.

El tiempo medio de finalización de actuaciones de Defensoría se ha establecido en 3,85 días hábiles. Es conveniente resaltar que ha habido algunos casos muy complejos que han requerido de varios meses de actuaciones y seguimiento hasta encontrar una solución factible, por lo que si observamos la mediana, la cual puede ser más adecuada para estas situaciones donde pocos casos tienen una elevada temporalización, se reduce a tan solo 2 días. La reducción de tiempo ha sido posible gracias a la automatización de los procesos administrativos, pero sobre todo a la gran dedicación, con vocación de ayuda, de los miembros que integramos el equipo de Defensoría. Muchos de los casos, que son planteados por los diferentes colectivos que integran la Universidad, son extremadamente complejos, y exigen un estudio específico, coordinación con muchos órganos y servicios, revisión exhaustiva de la documentación aportada, análisis jurídico y propuestas de solución. Tal y como se puede comprobar en el apartado de Recomendaciones, nuestro objetivo muchas veces es poder ofrecer distintas perspectivas de una misma realidad, siempre basadas en el cumplimiento de la legalidad.

Según los últimos datos publicados en el portal de transparencia, contamos con casi 48000 miembros en la Universidad Rey Juan Carlos repartidos de la siguiente manera:

Como se puede observar, en la Ilustración 7, el 74,75% de nuestras actuaciones, durante el curso 24-25 (a la que se podría sumar el 5,86% de los externos ya que la gran mayoría representan al colectivo de futuros estudiantes), se han producido a solicitud de parte de los estudiantes, si bien es cierto que dicho colectivo representa hasta el 92,39% de los miembros que componen nuestra comunidad universitaria. Por otra parte, el 14,54% ha sido a solicitud del PDI, por lo que porcentualmente, el colectivo de PDI ha presentado casi el triple del número de solicitudes ante Defensoría Universitaria, en proporción al número de personas que representan; teniendo en cuenta que representan un 5,86% de los miembros de nuestra comunidad universitaria. Sobre el PTGAS hemos recibido un 2,63% de solicitudes cuando solo representan el 1,75%. Es bueno recordar, con esto, que Defensoría Universitaria es la Defensoría de todos los miembros de la comunidad universitaria y no solo la Defensoría de los estudiantes y trabajamos, por tanto, al servicio del PDI, del PTGAS, los estudiantes y otro tipo de colectivos, unidos, contractualmente, o no, a la Universidad y que pueden ostentar un interés legítimo.

El número de estudiantes de las distintas Escuelas y Facultades se divide de la siguiente manera, según los últimos datos publicados en el portal de transparencia:

Del volumen de solicitudes, y subsiguientes actuaciones mostrado en la Ilustración 8, se desprende que el número de estas sigue, en líneas generales, el tamaño de nuestras Escuelas/Facultades; aunque se observa cómo la Facultad de CC. de la Educación y del Deporte y estudios Interdisciplinares presenta un porcentaje de solicitudes mayor, comparativamente con el del número de miembros que poseen, debido, principalmente, al elevado número de casos recibidos sobre la falta de profesores en sus titulaciones al ser estas de las más afectadas de la Universidad.

A continuación, se procede a mostrar en la Ilustración 9 los principales asuntos que, a instancia de parte de estudiantes, han sido tratados a lo largo del presente curso académico 2024/2025.

Hay que señalar que muchos de ellos están relacionados con la evaluación, con conflictos dentro del aula y con relaciones de convivencia, ya sea entre compañeros o con profesores, pero también incluyen otros de muy distinta naturaleza que abarcan temáticas muy complejas: posibles episodios de acoso, trato inapropiado o hasta percepción de adoctrinamiento de profesores, programas de movilidad, admisión y matriculación, becas, dispensas académicas, prácticas externas, adaptaciones por discapacidad y necesidades educativas especiales, subsanación de solicitudes, notificaciones, indicación de órganos y plazos a efecto de poder interponer recurso y un largo etcétera.

Por ejemplo, se han realizado varias actuaciones relacionadas con reclamaciones sobre la resolución de la convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional (Beca MEC). Estas actuaciones no se han limitado a la atención de consultas, sino que han incluido apoyo hasta en la elaboración de escritos de reclamación, con el objetivo de facilitar la resolución favorable en solicitudes de devolución de importes de becas junto con intereses de demora, obteniendo buenos resultados en un colectivo especialmente vulnerable.

Igualmente, la posibilidad de que pueda ser trasladado un examen, o una actividad de evaluación, a un día u hora distinta a la establecida con carácter general, por motivos religiosos, fue trasladada a Defensoría Universitaria. Resolvimos la duda planteada por la profesora y, adicionalmente, emitimos informe que compartimos con el resto de Defensoría Universitarias, donde se nos agradeció, expresamente, el informe que realizamos al haber sido objeto de una consulta general en el foro nacional de Defensorías. En dicho informe relatamos que el derecho a poder realizar el cambio de fecha y hora de dichas actividades de evaluación, de los estudiantes pertenecientes a las confesiones religiosas viene establecido para evangélicos, musulmanes, judíos y católicos en sus respectivos acuerdos de cooperación con el Estado, aprobados por Ley. En concreto Ley 24/1992 (evangélicos), Ley 25/1992 (judíos), 26/1992 (musulmanes) y los católicos por el Acuerdo sobre asuntos jurídicos de 1979 que tiene naturaleza de Tratado Internacional. Dicho traslado de exámenes cubre tanto las situaciones derivadas de su descanso semanal como de sus festividades religiosas. Cualquier otro creyente, de otra religión (aunque esté legalmente inscrita su confesión religiosa en el registro de entidades religiosas) no lo tiene reconocido porque no tienen acuerdo de cooperación con el Estado. Nótese que la LOSU, específicamente, impide cualquier tipo de discriminación, entre ellas por cuestiones religiosas. El Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje URJC ampara estas solicitudes en base al ordenamiento jurídico, si bien dicha solicitud debe plantearse con al menos 20 días naturales de antelación a la actividad evaluadora junto con los justificantes oportunos; entendemos que, al menos, un certificado de un ministro de culto de esa confesión en el que el/la estudiante conste como registrado en dicha confesión.

Otros temas recurrentes han tenido que ver con la desatención de labores de tutorización por parte de los docentes asignados en relación con la elaboración de los TFGs por parte de los estudiantes. Dicha desatención ha originado, en ocasiones, perjuicios considerables de difícil y, a veces, de imposible reversión que tienen serias repercusiones, incluso, en la imposibilidad de finalización de los estudios en un determinado curso docente.

Las conductas inapropiadas, discriminatorias e, incluso, machistas, también suscitaron quejas. La interlocución con todos los actores implicados recomendó acudir, en casos concretos, a procedimientos de mediación para dirimir tales conflictos lo cual dio buenos resultados; sin tener que acudir en estos casos a otros procedimientos sancionadores establecidos en el marco de la normativa de convivencia universitaria.

Hay que destacar, también, que, en este contexto, se ha observado un aumento significativo en el número de asuntos relacionados con el desarrollo de la docencia, duplicando las cifras del año anterior. Por el contrario, el número de casos vinculados al desarrollo de la evaluación se ha mantenido estable, a pesar del incremento general de solicitudes. Cabe destacar que muchos de estos últimos han podido resolverse de forma ágil gracias a la aplicación del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje; una normativa que, pese a su complejidad y mejoras que se pueden incluir, ha supuesto un avance relevante, al regular aspectos que anteriormente carecían de cobertura normativa.

Si se analizan las titulaciones en las cuales se han realizado más actuaciones tras las correspondientes solicitudes (mostradas en la Ilustración 10) se puede ver como el Grado en Educación Primaria encabeza la lista. Esto se debe, principalmente, a que fue uno de los grados más afectados por la falta de profesorado a principio de curso. Otros grados con elevada conflictividad, por diferentes aspectos de evaluación y de la organización de la docencia, han sido Administración de Empresas, Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo.

Respecto al personal (incluyendo PDI y PTGAS), como se puede observar en la Ilustración 11, nos hemos enfrentado, principalmente, a conflictos de convivencia, donde ha habido un incremento significativo respecto del curso anterior, pasando de 20 a 35 actuaciones. También se han tratado otras temáticas variadas, como asignación de docencia en POD, modificación de condiciones laborales, ejercicio de competencias derivadas de la condición de cargo académico, retribuciones económicas, reconocimiento de la carrera horizontal, contratos, acoso, utilización de la inteligencia artificial y fraude académico, propiedad intelectual, años sabáticos, profesores eméritos, etc.

En relación con lo anterior, por ejemplo, se han recibido varias reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de la carrera horizontal del colectivo de PTGAS de nuestra Universidad, incluyendo casos de personas que han prestado servicios previos en otras universidades o Administraciones Públicas. En este caso, la normativa vigente establece que dicho reconocimiento depende de convenios de reciprocidad entre instituciones, siguiendo criterios similares a los aplicados en otras universidades públicas. Entendemos que conjugar el derecho a la carrera profesional, entre ella la horizontal, con el reconocimiento de servicios previos y la movilidad interadministrativa, es una tarea que compete al legislador, pero se ha trasladado la conveniencia de analizar como atender la situación del personal incorporado antes de la entrada en vigor del reglamento, explorando fórmulas que permitan reconocer su trayectoria.

En lo que respecta a los departamentos de adscripción del personal, se observa que aquellos con mayor número de solicitudes coinciden previsiblemente, con los que han generado una mayor cantidad de actuaciones. Tal y como se muestra en la Ilustración 12, destacan especialmente los departamentos de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física, ámbitos en los que se ha identificado una elevada conflictividad.

Respecto del presupuesto utilizado por Defensoría Universitaria, mayoritariamente se ha utilizado para la asistencia a los eventos relacionados con redes de Defensorías antes referidos:

En relación con los estudios de Grado el elevado número de quejas presentadas por no tener cubierta la docencia, especialmente en múltiples asignaturas de determinados Grados, no solo al inicio del curso sino, en algunos casos, hasta la misma finalización del primer cuatrimestre, culminaron en diversas recomendaciones dirigidas a los Vicerrectorados, salientes, de Profesorado y Ordenación Académica. Nuestras recomendaciones, precedidas de numerosas peticiones de información sobre el estado de la situación, se orientaron primeramente a reclamar la asignación de docencia solicitando que se apuraran todas las opciones posibles ante la gravedad de la situación, incluyendo nuevos procedimientos selectivos con carácter de urgencia que, eventualmente, pudieran culminar con la provisión candidatos idóneos para el desempeño docente en asignaturas muy específicas que requerían un alto grado de especialización y perfil, especialmente en el Grado de Lengua de signos y en Grados bilingües en inglés, y finalmente a que se articularan los mecanismos de adaptación horaria necesarios o se habilitaran mecanismos de devolución de precios públicos si lo anterior no podía garantizarse.

También, en relación con los estudios de Grado, se han recibido numerosas quejas por el hecho de no aplicar, algunos docentes, los criterios de evaluación establecidos en las guías docentes o bien no dar desarrollo a los contenidos establecidos en las mismas. Las recomendaciones realizadas en este sentido han ido dirigidas a que las distintas Facultades y Escuelas, principalmente a través de los coordinadores de titulación, supervisen estos hechos para evitar que estas situaciones se repitan tratando de que se cumpla lo establecido en las guías docentes y lo enunciado en las propias normas de la Universidad, ya que los estudiantes tienen derecho, tanto por normativa externa como interna, a ser evaluados por unos criterios objetivos de evaluación, previamente conocidos, que sigan lo enunciado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y sean los mismos para todas las asignaturas de los distintos campus donde se imparte una misma asignatura de un mismo Grado.

La pretensión de modificación de actas docentes minorando la nota a los estudiantes también ha sido objeto de recomendación. Queremos aprovechar para recordar a todos los miembros de la comunidad universitaria que, según la normativa vigente, tanto por lo establecido en la legislación administrativa general como por lo establecido en el Reglamento de Evaluación de los resultados del aprendizaje URJC, no es posible minorar una nota ya establecida y publicada, ni en un procedimiento de revisión ni cuando el acta académica ya está cerrada, si no es en unos supuestos muy concretos de error material, de hecho o aritmético, pues lo contrario supondría realizar una revisión de oficio de acto favorable al margen de los procedimientos legalmente establecidos. Razones de seguridad jurídica recomiendan arbitrar mecanismos que permitan detectar una minoración al realizar una rectificación de actas, y así lo hemos recomendado, para que se pueda comprobar la concurrencia de los requisitos correspondientes, por los órganos competentes, antes de su realización.

El derecho a las adaptaciones de los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales también ha sido objeto de quejas. La queja, principal, es que algunos docentes no tienen en cuenta las adaptaciones propuestas por la Unidad de discapacidad y necesidades educativas especiales o, bien, también, el hecho de que no están conformes con las adaptaciones que han sido aprobadas para ellos. Nuestra recomendación, dirigida al servicio correspondiente, ha sido valorar la posibilidad de comunicar el plan individualizado de adaptaciones no solamente al coordinador o coordinadora de titulación y que este o esta, a su vez, de traslado a los docentes sino notificarlo, formalmente, a los estudiantes, con una resolución motivada, con la indicación de un plazo para interponer recurso si no están conformes con las adaptaciones propuestas y, al tiempo, establecer un mecanismo de retroalimentación y concienciación, por parte de los docentes, informándoles del derecho de estos estudiantes a recibir “ajustes razonables”.

El acceso a los Grados a través de cupos de reserva establecidos en relación con determinados colectivos como titulados universitarios, personas con discapacidad y deportistas de alto nivel y alto rendimiento también ha suscitado quejas. La queja, principal, ha sido la falta de transparencia en la gestión de las listas de espera de los cupos específicos. Este asunto implica conciliar un sistema de gestión de asignación de plazas gestionado de forma centralizada, a través de una única plataforma, por el Distrito Único de la Comunidad de Madrid, con el hecho de que deben conocerse las listas de espera por cupos de reserva específicos y que esos cupos se mantengan en las diferentes convocatorias. Tras la consulta planteada al servicio competente, donde se nos informó que en nuestra Universidad no existe como tal una publicación de listas por cupos específicos, sino que los candidatos que no obtienen plaza son derivados al grupo general si bien mantienen su posición por el cupo correspondiente, recomendamos que se aclarase el procedimiento, para que los estudiantes interesados pudieran ser informados de la posición específica que ocupaban, dirigiendo una solicitud de reclamación frente a la no admisión al respecto. Trasladamos la cuestión a las distintas Defensorías de las Universidades públicas madrileñas y tras constatar que, en algunas de ellas, se publicaban listas específicas con la posición que ocupa cada candidato en las listas de reserva, con mención específica de la puntuación obtenida y su concreta posición por el cupo de reserva por el que pretenden el acceso, con cumplimiento estricto de la protección de datos debida, nuestra recomendación para el próximo curso es que en nuestra Universidad, por transparencia, se publique, igualmente, listas de espera específicas por el cupo de reserva en cada grado.

La defensa de los TFGs también ha originado quejas relativas al hecho de entender algunos estudiantes, de distintas Facultades y Grados que, o bien han sido calificados con suspensos sus TFGs, o bien han sido inducidos a no presentarse al acto de defensa, pese a haberse presentado el día señalado para su defensa ante el Tribunal estando autorizados en la plataforma de defensa de TFG, por no contar con el certificado del Comité de Ética de la Investigación, al no haber sido elevados, por parte de sus tutores, dichos TFGs, al Comité de Ética de la Investigación para su valoración y eventual certificación de buenas prácticas, o bien haberse considerado por estos que no era necesaria su elevación. Nuestra recomendación ha sido dirigida a poner de relieve la necesidad de aclarar la conexión y la regulación establecida en el Reglamento Marco de TFGs y en el Reglamento de Comité de Ética de la Investigación (CEI), en relación con la defensa de los TFGs, por posible vulneración de derechos de los estudiantes, debiéndose articular, por lo menos, en la Plataforma de gestión de trabajos finales de titulación toda la información relativa a la conexión entre ambas normativas, los requisitos exigidos, en su caso, desde los acuerdos de tutorización acordados hasta la aceptación expresa de los términos establecidos.

Por otro lado, la alta carga ideológica, desde distintas posiciones ideológicas situadas en los extremos, calificada como adoctrinamiento por parte de algunos estudiantes, trasladada a la impartición de docencia por parte de algunos docentes también ha acumulado un alto número de quejas. Nuestra recomendación se dirige a hacer compatible, en el desempeño docente, la libertad de expresión y la libertad de cátedra dentro de los límites que legal y jurisprudencialmente han sido establecidos, para no cometer excesos y conciliar así el ejercicio de estos con dichos límites.

En relación con los estudios de Doctorado hemos tenido oportunidad de realizar Recomendaciones en relación con la normativa de evaluación de los estudios de doctorado y en la normativa de permanencia y matrícula. Algunas de ellas han tenido reflejo en la normativa recientemente aprobada. Hemos resaltado, entre otros aspectos, la necesidad de que la calificación de “No Apto” en el procedimiento de evaluación debe ser motivada, en relación con cada “item”, y que se articule un mecanismo de subsanación en dicho procedimiento. También, hemos resaltado el hecho de que las actuaciones u omisiones que no sean imputables al doctorando no puedan dar lugar a la calificación de “No apto”.

Los estudios de Máster también generaron recomendaciones. En relación con las prácticas externas hemos realizado recomendaciones que han sido atendidas, relativas a la posibilidad de realizar prácticas externas fuera del periodo ordinario para poder realizarse en un periodo extraordinario, dentro del mismo curso escolar, a efecto de evitar una eventual discriminación por razón de embarazo y maternidad. También en relación con las prácticas externas en los estudios de Máster hemos recomendado que se garantice una publicación, restringida, del posicionamiento de los candidatos en relación con la adjudicación de dichas prácticas, con una información mínima que garantice la protección de datos pero que, al tiempo, garantice la eventual reclamación de los interesados, articulándose, al tiempo, trámites de alegaciones y subsanación de errores. El reconocimiento de créditos por experiencia profesional de la asignatura de Prácticas externas en distintos Másteres de nuestra Universidad también suscitó quejas, por la falta de publicidad, en alguno de ellos, de las horas de desempeño profesional requeridas para dicho reconocimiento y, también, por el amplio número de horas exigidas para ello, en otros casos. La Escuela de Másteres Oficiales URJC nos informó que el criterio mínimo establecido por la Fundación Madri+d es reconocer hasta 6 ECTS por 12 meses de experiencia profesional acreditada para cualquier asignatura, entre las que se incluiría también Prácticas Externas, siguiendo la Guía para la verificación y modificación de los títulos oficiales de Grado y Máster, adaptada al RD 822/2021. A raíz de lo anterior hemos podido observar cómo existe una gran disparidad de criterios, a este respecto, entre distintas titulaciones y Universidades; también entre Universidades madrileñas, según lo publicado en sus propias páginas web. Trasladamos la cuestión, directamente, al director de Madri+d, solicitando su parecer, tanto sobre las memorias de verificación de títulos oficiales donde se establecía un criterio, específico, de forma expresa, a este respecto, como de los que no lo incluyen. La duda que nos surgía era, precisamente, si existía una proporcionalidad entre las horas de prácticas externas que se exigen anualmente para 6 ECTS (150 horas) y los 12 meses de experiencia profesional mínima acreditada para un eventual reconocimiento de las asignaturas prácticas externas por experiencia profesional y si este criterio para la asignatura de prácticas externas puede ser definido de forma más laxa por los responsables de cada titulación en función de la especificidad concretan que requieran en su titulación. Pese a lo que pudimos comprobar consultando las webs de otras Universidades, incluso de nuestro entorno más cercano, el director nos contestó que “la guía es clara y se aplica por igual a todo el sistema universitario” por lo que nuestra recomendación quedó circunscrita a que en la web de los distintos másteres quedará, expresamente, publicado el número de horas requerido para la convalidación de prácticas externas por experiencia profesional.

Por lo que respecta al Protocolo de prevención y actuación frente al acoso URJC, la memoria de actividades de 2023-2024 ya reflejaba la recomendación realizada por esta Defensoría Universitaria, dirigida a los órganos ejecutivos competentes en ese momento, relativa a la necesidad de modificar dicho Protocolo en relación con determinados aspectos que entendíamos especialmente relevantes, evidenciados tras nuestras actuaciones en este contexto. Fruto de nuestra insistencia se iniciaron las primeras reuniones de trabajo para la reforma de dicho Protocolo. Tras la toma de posesión del nuevo equipo rectoral trasladamos, con premura, tal necesidad de reforma y la propuesta ha sido entendida y bien acogida, habiendo mostrado el nuevo equipo de gobierno predisposición para dicha reforma. La recomendación de Defensoría Universitaria, en este caso, pivota en tres ejes. En primer lugar, la necesidad de que Defensoría Universitaria no tenga atribuidas funciones en el marco de dicho Protocolo, por la necesidad de preservar nuestra independencia y autonomía, pues nuestro papel asignado en el Protocolo, principalmente de elaboración de un informe inicial no vinculante, nos situaba en una situación de “juez y parte” incompatible con el régimen de funciones asignadas por el Reglamento del Defensor Universitario y los Estatutos de nuestra Universidad. En segundo lugar, la necesidad de que sea un único órgano, aunque pueda variar en función de la especificidad concreta del acoso, el que gestione todo el procedimiento, pues de esta manera se ganaría en eficacia y podrían acortarse los plazos de tramitación. En tercer lugar, se propone reforzar determinadas garantías procedimentales, entre ellas, las medidas de protección a las víctimas que puedan acordarse en su seno, así como los derechos de defensa y la reducción de plazos procesales.

En relación a los cargos académicos, y tras diversas quejas que planteaban la misma cuestión, en relación a los efectos económicos derivados de los correspondientes nombramientos y ceses, relativas a que los efectos económicos de los nombramientos no se producían hasta el mes siguiente del nombramiento hemos realizado una recomendación encaminada a modificar dichos efectos y que estos se produzcan desde la fecha de nombramiento y hasta el día de cese, siguiendo lo establecido en la legislación administrativa sobre los efectos de los actos administrativos, y no a partir del día uno del mes siguiente y hasta el último día de cese del mes correspondiente como se estaba llevando a cabo hasta entonces. Adicionalmente, pudimos comprobar que, si el cargo docente finalizaba la relación laboral con la Universidad antes de finalizar el mes, dicho abono no se practicaba por haber finalizado la relación contractual. Analizada la cuestión entendimos que la configuración actual de devengo económico por cargo académico generaba cierta situación de injusticia por no reflejar, con precisión, los días de desempeño, efectivo, del cargo. La red de Defensores Universitarios de Universidades de nuestro entorno más cercano nos confirmó que en sus universidades los efectos económicos para los cargos académicos se derivaban desde la fecha concreta de nombramiento y hasta el cese y así lo trasladamos a nuestra recomendación que fue aceptada y se está aplicando.

La duración de los contratos de profesores Ayudantes Doctores tras la regulación contenida en el artículo 78 de la LOSU, así como la interpretación inicial por parte del anterior Vicerrectorado de Profesorado y de algunas otras Universidades según se nos informó de someterlos a prórrogas anuales eventualmente condicionados a que no existieran informes motivados en contra, también ha sido objeto de quejas y subsiguiente recomendación en la línea de no exigir requisitos no contemplados en la legislación a este respecto. Esta problemática fue también trasladada a la red de Defensorías y, finalmente, ha habido un cambio de criterio general a este respecto, acogiéndose dicha interpretación. Hecho que valoramos muy positivamente.

Por último, una queja recurrente, y que comparten los distintos colectivos, ha sido la falta de contestación por parte de algunos órganos y servicios cuando elevan alguna cuestión, algunas de ella de máxima relevancia y, trascurrido el tiempo, no obtienen respuesta alguna. Nuestra línea de actuación, a este respecto, ha sido contactar con dichos órganos y servicios, interesándonos por la cuestión y recomendándoles la emisión de respuestas expresas, aduciendo el derecho de los interesados a ser informados, de conocer el estado de tramitación de los procedimientos que les afecten y a obtener una resolución expresa de las solicitudes que presenten que incluya, adicionalmente, un “pie de recurso” que permita al interesado conocer las posibilidades administrativas de recurrir la decisión.

Hemos detectado problemas en relación con los programas de movilidad de estudiantes, relativos a discordancias entre lo que reflejan determinadas modificaciones de los acuerdos académicos para cursar asignaturas en la Universidad de destino que después no se trasladan a la correspondiente modificación de matrícula al tratarse de dos procedimientos diferenciados que debe iniciar el interesado. En este sentido, y aunque se informa a los estudiantes de este hecho, y se ha mejorado el proceso al requerir que solo se puedan hacer modificaciones en el Learning Agreement a un mes de la llegada a la Universidad de destino, hemos recibido varias solicitudes de amparo relativas a este asunto. Hemos dado traslado al Vicerrectorado competente. Sugerimos que se estudie alguna fórmula para solucionar el asunto, por ejemplo, tratando de unificar dichos procedimientos de forma que no se apruebe la modificación del acuerdo inicial hasta que no esté reflejado en la modificación de matrícula correspondiente, o bien que de oficio se envíen modificaciones de los acuerdos académicos al servicio de matrícula para que se puedan revisar, conforme a las modificaciones solicitadas, advirtiendo expresamente a los interesados de esta circunstancia para poder subsanar, en su caso, dicho defecto o, si no, advertir que se dejará sin efecto su solicitud.

También en el contexto de los programas de movilidad de estudiantes se presentaron quejas en relación con la publicación de listados definitivos sin haberse articulado plazo para adjuntar certificado de familia numerosa que implicaban una aportación adicional de 250 euros en la Convocatoria del año 2024 de movilidad de estudiantes para prácticas en el extranjero del Programa Erasmus+; estas quejas requirieron de nuestras actuaciones. Desde el servicio de Relaciones Internacionales se reconoció la existencia de errores en la resolución final y se procedió a revisar, de oficio, las resoluciones, adquiriendo el compromiso de realizar modificaciones para futuras convocatorias. Sugerimos, por tanto, la revisión de dicho procedimiento a este respecto.

En los procedimientos de contratación también se ha suscitado la falta de transparencia respecto a los requisitos y documentos que debían acompañarse a la solicitud, así como la falta de posible subsanación al respecto, por lo que sugerimos la supervisión de estos. Igualmente, nos hemos encontrado problemas con la rescisión de contratos, al requerir información que ya obraba en poder de la Universidad y era requerida a través de correo electrónico, por lo que sugerimos revisar los procedimientos y recomendamos que cuando sea necesario se notifique fehacientemente, por ejemplo, a través de sede electrónica.

Sugerimos, también, una mayor publicidad de los plazos y requisitos para poder presentar una solicitud de revisión de la evaluación, así como de los órganos que realizan dichos procedimientos de revisión, pues son muchos los estudiantes que contactan con Defensoría Universitaria, entendiendo que somos nosotros los que realizamos dicha revisión, con claro desconocimiento de los plazos y el procedimiento establecido. Sugerimos a las Facultades y Escuelas que hagan más publicidad del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y los procedimientos de reclamación que en el mismo se establecen.

El Protocolo de prevención y actuación frente al acoso y la normativa de Convivencia Universitaria también deberían ser objeto de mayor difusión y conocimiento por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria. Es esencial promover una mayor concienciación en toda la comunidad universitaria al respecto, especialmente en ámbitos tan sensibles que son fundamentales para garantizar entornos seguros, respetuosos y de responsabilidad compartida. A instancia de varias Facultades y Escuelas que han contactado con Defensoría Universitaria, preocupadas a este respecto, se está trabajando de forma conjunta con la Comisión de Convivencia en la elaboración de información explicativa de concienciación, que podría repartirse y explicarse en los futuros actos de acogida de estudiantes y, adicionalmente, difundirse entre los representantes de los estudiantes. También, en relación con la normativa de Convivencia Universitaria, se sugiere articular cursos de formación específicamente en materia de mediación, formal e informal, de resolución de conflictos.

La utilización de la inteligencia artificial en el contexto de la educación superior, tanto desde el punto de vista de los riesgos asociados como de los beneficios que, sin duda, puede reportar, en la docencia, en las pruebas de evaluación, en la investigación científica, en la gestión administrativa y, en definitiva, en todos los ámbitos universitarios, también debe de centrar nuestra atención, por lo que sería oportuno trabajar en la gobernanza de la IA, específica, de nuestra organización a modo de código de conducta donde se fijaran los usos permitidos, recomendados y prohibidos.

Finalmente, parece que ha llegado el momento de abordar la necesaria reforma estatutaria. Confiamos en que se garantice la escucha de todos los distintos colectivos que conforman la Universidad para que de esta forma se contribuya a construir una institución más sólida y adaptada a los retos actuales que plantea la LOSU y la sociedad en su conjunto. Igualmente, la adecuada dotación presupuestaria no solo es esencial para el funcionamiento ordinario de las universidades, sino también para garantizar su capacidad de adaptación a los retos a los que nos enfrentamos. En el contexto de la Comunidad de Madrid, resulta imprescindible que las administraciones competentes aseguren una financiación suficiente y estable que permita mantener la calidad docente, impulsar la investigación, reforzar los servicios de apoyo y seguir garantizando derechos a todos los colectivos. Sin esta base económica, cualquier reforma normativa, incluida la estatutaria, corre el riesgo de convertirse en un mero ejercicio formal sin impacto real en la mejora de la institución y sin capacidad de responder a las demandas sociales.