Entre las recomendaciones y sugerencias de mejora procedemos a destacar las siguientes:
Hemos participado, activamente, haciendo alegaciones en el nuevo Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, con el objeto de unificar en una única norma distintas regulaciones dispersas y muchas de ellas no lo suficientemente conocidas, para su mayor claridad y publicidad. Hemos hechos aportaciones basadas en nuestra experiencia, persiguiendo la mayor claridad posible respecto de los derechos y deberes de la comunidad universitaria. Consideramos que su redacción final supone un gran avance, aunque queden todavía aspectos de mejora ya incorporados en otras normativas de Universidades de nuestro entorno más cercano.
Siguiendo nuestras recomendaciones hemos conseguido que se elabore una normativa específica (soporte legal), para solucionar la certificación de expedientes académicos antiguos posibilitando la conversión de una calificación cualitativa (aprobado, notable, etc.) a una cuantitativa, para calcular la nota media de los expedientes académicos que no la tuvieran.
Hemos intervenido, igualmente, a efecto de tratar de aclarar la problemática planteada por un gran número de estudiantes sobre la denegación de convalidación de la asignatura de idioma moderno a través de los títulos oficiales Aptis y Linguaskill durante el curso 2023-2024 siguiendo lo recomendado por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior). Fueron numerosos los alumnos que contactaron con Defensoría al ver rechazados sus títulos a efectos de convalidación y estudiando el asunto descubrimos que la propia CRUE había emitido un comunicado admitiendo los certificados Aptis/Linguaskil como certificados válidos para convalidar, por lo que recomendamos de nuevo su inclusión para la convalidación de la asignatura de idioma moderno, siendo de nuevo aceptados por el consejo de gobierno para el nuevo curso 2024-2025.
Hemos recomendado que la redacción de las normas jurídicas internas, elaboradas desde la Universidad, (normativa interna) sea lo más claras y sencillas posibles, en línea con lo recomendado por la Real Academia Española (RAE), con un lenguaje asequible para todos los miembros de la comunidad universitaria, que genere certidumbre y seguridad jurídica, resaltando la necesidad de que se informe, adecuadamente, sobre todos los derechos y deberes que genera (por ejemplo, el hecho de si una determinada ayuda va a quedar sometida a pago de IRPF, o no) para que los interesados sepan a qué atenerse cuando presentan una solicitud.
Hemos recomendado, también, que los procedimientos trasladados a las distintas Plataformas, en soporte electrónico, generen los mismos derechos que los antiguos procedimientos tramitados en papel: subsanación de errores (incluida la subsanación de firma electrónica), motivación de los actos, cómputo de plazos, notificaciones, indicaciones de tipo de recurso que procede frente a un determinado órgano que dicta un acto administrativo, órgano ante el que hay que presentarlo y plazo de resolución (pie de recurso), aunque queda todavía camino que recorrer en este sentido.
Hemos iniciado, además, la supervisión de diferentes procedimientos. Uno de ellos, sin duda el que más preocupación nos causa por ser un tema muy sensible que debería tener prioridad y especial relevancia, es el funcionamiento del protocolo antiacoso, en cual se ha encontrado un procedimiento actual ineficiente y con trámites excesivamente largos, en el que solo Defensoría Universitaria parece cumplir los tiempos establecidos en la norma. Con el objetivo de sumar y ayudar, hemos recomendado la mejora del protocolo introduciendo en su fase de activación unos requisitos claros de inadmisión, cuando se trate de una causa con carencia manifiesta de fundamentos y requisitos, que pueda resolver directamente y con agilidad el único órgano competente, evitando así la presencia de Defensoría Universitaria en el marco de este protocolo, ya que queda comprometida nuestra autonomía, independencia y neutralidad, que son principios de actuación consensuados con todas las Defensorías Universitarias españolas (CEDU) y recogidos, normativamente, de no ser juez y, al mismo tiempo, parte en un mismo proceso. En definitiva, es conveniente que se convierta en un proceso más ágil, que pueda actuar de forma rápida y contundente, principalmente en protección de las víctimas, en aquellos casos que sea necesario, y descarte los casos fuera de su ámbito de aplicación o que se planteen como un medio de instrumentalización de fines ajenos a los perseguidos por la norma.
De forma relevante queremos sugerir un aumento significativo de las ayudas de atención psicológica para estudiantes. Sería conveniente, adicionalmente, poder contar con una convocatoria abierta durante todo el curso académico a efecto de no estar limitados, temporalmente, a la hora de poder derivar a un estudiante con necesidades apremiantes, en este sentido. La salud mental es un tema de máxima preocupación para las Defensorías Universitarias, puesta de manifiesto en los distintos foros que nos aglutinan a todos. Existe un consenso generalizado del aumento exponencial de los problemas derivados de la salud mental en las Universidades y ería conveniente reflexionar sobre la creación de servicios y medios específicos, además de las ayudas de atención psicológica anteriormente mencionadas, para cuidar la salud mental no solo de los estudiantes sino también del resto de miembros de la comunidad universitaria. Nos preocupa la salud mental de todos los miembros de la comunidad universitaria, por lo que se pueden ir explorando medidas y servicios específicos para todos los colectivos.
Igualmente hemos detectado problemas en relación con los programas de movilidad de estudiantes, relativos a discordancias entre lo que reflejan determinadas modificaciones de los acuerdos académicos para cursar asignaturas en la Universidad de destino que después no se trasladan a la correspondiente modificación de matrícula necesaria, al tratarse de dos procedimientos diferenciados que debe iniciar el interesado. En este sentido, y aunque se informa a los estudiantes de este hecho, hemos recibido varias solicitudes de amparo relativas a este asunto. Sugerimos que se estudie alguna fórmula para tratar de solucionar el asunto, por ejemplo, tratando de unificar dichos procedimientos para que se realicen conjuntamente.
Por otro lado, con objeto de mejorar el funcionamiento administrativo, sugerimos la puesta en marcha de cursos de formación, específicos, sobre aspectos básicos de tramitación de procedimientos administrativos (derecho a la subsanación de errores de las solicitudes, la motivación de los actos administrativos que de cumplida explicación de los motivos de las eventuales denegaciones de solicitudes, los pie de recurso con indicación de tipo de recurso procedente, órgano y plazo de interposición de recursos contra los distintos actos de los órganos encargados de la tramitación de procedimientos administrativos, etc.) que permitan a todos los miembros de la comunidad universitaria repasar, actualizar contenidos y profundizar en aspectos básicos de esta temática.
Por último, la adaptación a la LOSU genera un gran desafío a todas las Universidades: el diseño de los cuerpos docentes, el nuevo modelo de carrera académica, la reducción de la temporalidad o el nuevo régimen de dedicación docente que ha empezado ya a tener un gran impacto en nuestro PDI (siempre tan sacrificado y muchas veces poco reconocido). Sin embargo, si bien es un reto difícil y complejo dado el enorme volumen de estudiantes que tiene nuestra universidad, es conveniente que todo este proceso se acometa desde una cuidada planificación. Lo contrario puede acabar repercutiendo en nuestros estudiantes, receptores del servicio público de la educación superior y a los que nos debemos como entidad educativa, pues si hay un claro objetivo común es ofrecer la más alta calidad de su enseñanza, la cual debe empezar por ver cubierta la docencia desde los primeros días de clase.
Igualmente, recordamos que conforme a la propia LOSU es necesario una actualización estatutaria, conforme a Derecho, por lo que esperamos que cuando se aborde, se escuche a los diferentes actores de la comunidad Universitaria para conocer su opinión con el objetivo de poder actualizar nuestra normativa y adaptarnos a los últimos cambios existentes con garantías. Entre otras cosas, y en lo referente al claustro, habrá que actualizar los procedimientos de votación para poder agilizar el desarrollo de estos, teniendo que analizar la adopción de medios electrónicos que proporcionen las suficientes garantías. En definitiva, debemos mirar el futuro para poder crear la Universidad Rey Juan Carlos que entre todos queramos.