Como se puede observar el número de actuaciones realizadas ha aumentado de forma significativa. Mientras que en el curso 2022-2023 se produjeron 193 actuaciones reflejadas en la correspondiente Memoria de actividades, en el curso 2023-2024 llegaron hasta 425, un aumento de más de un 120%; solo una solicitud no se ha admitido a trámite por falta de identificación del interesado, pese a múltiples requerimientos para que así lo hiciera, teniendo que rechazarse, siguiendo lo reflejado en nuestro Reglamento. Durante este curso, Defensoría Universitaria se ha reformado incorporando a una Adjunta para poder hacer frente a la fuerte demanda de solicitudes. Aprovecho para presentar a Mar Moreno Rebato, Adjunta a Defensoría Universitaria, de quien quisiera resaltar su gran labor realizada y su asesoramiento en temas propios de Derecho Administrativo, claves en la resolución de muchas solicitudes de amparo presentadas. Recordemos, en este sentido, que las Universidades públicas son entes del sector público que se rigen, según lo establecido en la legislación administrativa, por su normativa específica y, supletoriamente, por la legislación administrativa en aspectos claves como el procedimiento administrativo o su propio régimen jurídico. En muchas de las ocasiones hemos observado que la mayor parte de los problemas existentes se deben a un desconocimiento sobre los procedimientos de reclamación. En este sentido, hemos detectado que muchos miembros de la comunidad universitaria no saben cómo y ante quién reclamar. Para paliar esta situación, como han podido observar en la comunicación realizada por esta Defensoría a toda la comunidad universitaria, se ha trabajado en unificar, en un único punto de información, los diferentes canales de comunicación principales con nuestra institución (https://ayuda.urjc.es) creando, adicionalmente, hasta una infografía interactiva sobre los circuitos principales de reclamación a efecto de poder servir de ayuda.

A la espera de que finalice su implementación por los órganos competentes, se está trabajando, también, en ver como incluir el canal del sistema interno de información sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. También hemos considerado necesario seguir trabajando en infografías explicativas de procedimientos habituales que nos son de aplicación para mejorar la comprensión de las reglas que rigen el funcionamiento de la Universidad.

Entendemos que el aumento de solicitudes de amparo se debe al hecho de conocer cada vez más la existencia de la propia Defensoría Universitaria y las funciones asignadas por su Reglamento, tras una labor divulgativa que consideramos necesario reforzar aún más (por ejemplo, en los actos de acogida o reuniones con los representantes de los estudiantes), a una presencia muy activa y un posicionamiento firme en la defensa de nuestras recomendaciones que, en ocasiones, nos ha llevado a enfrentamientos con órganos activos de esta Universidad y, sobre todo, porque se encuentra en Defensoría un sitio de escucha y asesoramiento para solventar conflictos y posibles problemas.

Como se puede ver en la Ilustración 5, el volumen más elevado de solicitudes recibidos en esta Defensoría son reclamaciones o quejas relativas a muy diversas cuestiones. En relación con las solicitudes de información, algunas requieren, tan solo, traslado de información sobre normativa o procedimientos, pero otras (la gran mayoría) han requerido de una labor de asesoramiento, explicación y acompañamiento.

Resaltar que se han realizado varias mediaciones y con buenos resultados. La mediación debería ser una alternativa a tener muy en cuenta para la resolución de conflictos y no solo entre iguales. En este curso académico hemos realizado mediación entre alumnos (mismo nivel), entre alumnos y profesores (distinto nivel), y entre profesores (mismo nivel, pero distinta jerarquía entre ellos) obteniendo buenos resultados en todas ellas; por lo que consideramos que es una técnica de resolución de conflictos por la que se debería apostar más todavía.

Por otra parte, hay que destacar que este curso se ha puesto en marcha la Comisión de convivencia, con la participación de Defensoría Universitaria para ayudar a definir los procedimientos internos de actuación, trasladando nuestro parecer en el seno de dicha Comisión y tratando de apostar por la mediación como primer paso de resolución de conflictos en aquellos asuntos que pudiera resultar factible.

Sobre la temporalización de la recepción de casos, como se puede observar en la Ilustración 1, se han recibido más solicitudes en los periodos de evaluación, destacando significativamente el periodo extraordinario, ya que, cómo se veremos, el mayor número de solicitudes de amparo se ha debido, principalmente, a asuntos relacionados con la evaluación. El tiempo medio de finalización de actuaciones de la Defensoría se establece en 6,84 días hábiles. Es conveniente resaltar que ha habido algunos casos muy complejos que han requerido de varios meses de actuaciones y seguimiento hasta encontrar una solución factible, por lo que si observamos la mediana, la cual puede ser más adecuada para estas situaciones donde pocos casos tienen una elevada temporalización, se reduce a tan solo 3 días. Esto último ha sido posible gracias al sacrificio personal y profesional de los miembros que integramos el equipo de Defensoría, con una dedicación que excede, con creces, el reconocimiento establecido.

Queríamos aprovechar para recordar a los distintos servicios y a toda la comunidad Universitaria la importancia del papel que desempeña Defensoría Universitaria y la relevancia institucional de la misma, debiendo prestar ayuda en tiempo y forma siempre que sean requeridos en nuestras actuaciones, lo cual es de obligado cumplimiento y así queda recogido en nuestro Reglamento. El objetivo es tratar de construir una Universidad que funcione de forma adecuada y efectiva, con cumplimiento estricto de la legalidad; lo cual redundará en una mejora de nuestra imagen, a la vez que se garantizan, de forma equilibrada y justa, los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Según los últimos datos publicados en el portal de transparencia, contamos de más de 47000 miembros en la Universidad Rey Juan Carlos repartidos de la siguiente manera:

Como se puede observar, en la Ilustración 6, solamente alrededor del 76% de nuestras actuaciones, durante este curso 23-24, se han producido a solicitud de parte de los estudiantes, si bien es cierto que dicho colectivo representa el 92,40% de los miembros que componen nuestra comunidad universitaria, mientras que el 11,74% ha sido a solicitud del PDI. Si tenemos en cuenta que el PDI tan solo representa un 5,87% de los miembros de nuestra comunidad universitaria podemos concluir que, porcentualmente, el colectivo de PDI es quien ha presentado mayor número de solicitudes ante Defensoría Universitaria en proporción al número de personas que representan, por colectivo, frente a lo que mayoría puede pensar que es la acción de Defensoría. Es bueno recordar con esto que la Defensoría Universitaria es la Defensoría Universitaria de todos y todas los que formamos esta Universidad, estudiantes, profesores, PTGAS, etc.

El número de estudiantes de las distintas Escuelas y Facultades se divide de la siguiente manera, según los últimos datos publicados en el portal de transparencia:

Del volumen de solicitudes, y subsiguientes actuaciones mostrado en la Ilustración 7, se desprende que el número de éstas sigue, en líneas generales, el tamaño de nuestras Escuelas/Facultades; aunque se observa cómo la Escuela de Másteres Oficiales y la Facultad de Ciencias de la Comunicación presentan un porcentaje de solicitudes mayor comparativamente con el del número de miembros que poseen.

A continuación, se procede a mostrar en la Ilustración 8 los principales asuntos que, a instancia de parte de estudiantes, han sido tratados a lo largo del presente curso académico 2023/2024.

Hay que señalar que muchos de ellos están relacionados con la evaluación y con conflictos dentro del aula y relaciones de convivencia, ya sea entre compañeros o con profesores, pero también incluyen otros de muy distinta naturaleza que abarcan temáticas muy complejas: convalidaciones, programas de movilidad, matriculación, prácticas externas, devoluciones de becas de estudio, reconocimiento académico de créditos, adaptaciones por discapacidad y necesidades educativas especiales, problemas de salud mental, dificultades económicas, subsanación de solicitudes, motivación de los actos administrativos, notificaciones, indicación de órganos y plazos a efecto de poder interponer recurso y un largo etcétera; solicitudes que nos entran por muy diversos canales: sede electrónica, correo electrónico, teléfono e, incluso, personación directa en la oficina de Defensoría. Todo ello requiere de un gran soporte informático, con apertura de su correspondiente expediente en formato electrónico, comunicaciones con los distintos servicios y unidades administrativas en busca de una posible solución factible dentro de la más estricta legalidad. Gracias al trabajo en equipo de Defensoría Universitaria con los distintos servicios y unidades administrativas de la Universidad se ha conseguido dar solución, de forma justa y equilibrada, dentro de la legalidad, a un gran número de solicitudes de amparo.

Si se analizan las titulaciones en las cuales se han realizado más actuaciones tras las correspondientes solicitudes (mostradas en la Ilustración 9) se puede ver como el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas encabeza la lista. En concreto, si se analiza teniendo en cuenta el campus de impartición, como se puede ver en la Ilustración 3, dicho Grado en el campus de Fuenlabrada ha sido donde más actuaciones se han realizado. En este caso particular, se han detectado situaciones de elevado conflicto, que han sido escaladas hasta Defensoría Universitaria por parte de los estudiantes y que han requerido de un alto grado de interlocución con la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se recomienda, con carácter general, a todas las Facultades que no minimicen problemas, que escuchen a sus estudiantes, contrastando la información, y que actúen con diligencia ante los problemas incipientes ya que muchos pueden y deben ser resueltos en este nivel teniendo en cuenta que los/as coordinadores de Grado deben desempeñar un papel relevante en este sentido.

Respecto al personal (incluyendo PDI y PTGAS), como se puede observar en la Ilustración 10, nos hemos enfrentado a conflictos de convivencia, pero también a otros con temáticas variadas, como programas de movilidad y retenciones a efecto de pago de IRPF, sexenios, trienios, asignación de carga docente en POD, competenciales entre comisiones de reclamación de la evaluación, problemas de salud mental, modificaciones de las condiciones laborales con efectos retroactivos y conflictos relativos a la nueva RPT que se ha puesto en marcha. Todos estos asuntos, igualmente, nos entran por los canales anteriormente mencionados, implican una tramitación de expediente, una comunicación constante con los distintos servicios y horas y horas de escucha.

En relación con los asuntos de convivencia (asuntos que van en aumento) y entre los que podemos incluir los de acoso, presentes en todos los colectivos anteriormente señalados, nos gustaría reflexionar en alto, y recomendar a todos los miembros de la comunidad universitaria la necesidad de cuidar las relaciones con los que nos rodean guardando el respeto que toda persona se merece, independientemente de la posición que ocupe. Queremos resaltar la necesidad de articular nuevas medidas y servicios específicos para abordar los problemas de salud mental; casos que van en aumento y así se han manifestado, y detectado, de forma generalizada en las distintas Universidades como hemos tenido ocasión de debatir en los correspondientes foros de las Defensorías Universitarias.

A pesar de las mejoras que ha podido traer la RPT es conveniente resaltar que el número de PTGAS de nuestra institución sigue significando un porcentaje muy bajo comparativamente hablando respecto al número de estudiantes y PDI, y más si lo comparamos con lo que ocurre en otras Universidades. Esto implica una carga de trabajo muy elevada para el personal, y no solo para el PTGAS sino también para el PDI que para paliar la situación se ve obligado a asumir una carga administrativa muy significativa, poco reconocida y en algunos casos no remunerada. Por otra parte, se observa un número elevado de PDI, con cargo académico, que intenta suplir dicho déficit. Es por ello por lo que consideramos necesario apostar por un aumento del personal PTGAS, en la medida de las posibilidades, para poder abordar con garantías los diferentes servicios que tiene que prestar una Universidad de nuestro volumen.

Al respecto del presupuesto utilizado por la Defensoría Universitaria mayoritariamente se ha utilizado para la asistencia a los eventos relacionados con redes de Defensorías aquí referidos:

Para el próximo curso se plantea, además, la posibilidad de asistir a la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias (RIdDU), a la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU) e incluso ingresar en la European Network of Ombuds in Higher Education (ENOHE).

Hemos participado, activamente, haciendo alegaciones en el nuevo Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, con el objeto de unificar en una única norma distintas regulaciones dispersas y muchas de ellas no lo suficientemente conocidas, para su mayor claridad y publicidad. Hemos hechos aportaciones basadas en nuestra experiencia, persiguiendo la mayor claridad posible respecto de los derechos y deberes de la comunidad universitaria. Consideramos que su redacción final supone un gran avance, aunque queden todavía aspectos de mejora ya incorporados en otras normativas de Universidades de nuestro entorno más cercano.

Siguiendo nuestras recomendaciones hemos conseguido que se elabore una normativa específica (soporte legal), para solucionar la certificación de expedientes académicos antiguos posibilitando la conversión de una calificación cualitativa (aprobado, notable, etc.) a una cuantitativa, para calcular la nota media de los expedientes académicos que no la tuvieran.

Hemos intervenido, igualmente, a efecto de tratar de aclarar la problemática planteada por un gran número de estudiantes sobre la denegación de convalidación de la asignatura de idioma moderno a través de los títulos oficiales Aptis y Linguaskill durante el curso 2023-2024 siguiendo lo recomendado por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior). Fueron numerosos los alumnos que contactaron con Defensoría al ver rechazados sus títulos a efectos de convalidación y estudiando el asunto descubrimos que la propia CRUE había emitido un comunicado admitiendo los certificados Aptis/Linguaskil como certificados válidos para convalidar, por lo que recomendamos de nuevo su inclusión para la convalidación de la asignatura de idioma moderno, siendo de nuevo aceptados por el consejo de gobierno para el nuevo curso 2024-2025.

Hemos recomendado que la redacción de las normas jurídicas internas, elaboradas desde la Universidad, (normativa interna) sea lo más claras y sencillas posibles, en línea con lo recomendado por la Real Academia Española (RAE), con un lenguaje asequible para todos los miembros de la comunidad universitaria, que genere certidumbre y seguridad jurídica, resaltando la necesidad de que se informe, adecuadamente, sobre todos los derechos y deberes que genera (por ejemplo, el hecho de si una determinada ayuda va a quedar sometida a pago de IRPF, o no) para que los interesados sepan a qué atenerse cuando presentan una solicitud.

Hemos recomendado, también, que los procedimientos trasladados a las distintas Plataformas, en soporte electrónico, generen los mismos derechos que los antiguos procedimientos tramitados en papel: subsanación de errores (incluida la subsanación de firma electrónica), motivación de los actos, cómputo de plazos, notificaciones, indicaciones de tipo de recurso que procede frente a un determinado órgano que dicta un acto administrativo, órgano ante el que hay que presentarlo y plazo de resolución (pie de recurso), aunque queda todavía camino que recorrer en este sentido.

Hemos iniciado, además, la supervisión de diferentes procedimientos. Uno de ellos, sin duda el que más preocupación nos causa por ser un tema muy sensible que debería tener prioridad y especial relevancia, es el funcionamiento del protocolo antiacoso, en cual se ha encontrado un procedimiento actual ineficiente y con trámites excesivamente largos, en el que solo Defensoría Universitaria parece cumplir los tiempos establecidos en la norma. Con el objetivo de sumar y ayudar, hemos recomendado la mejora del protocolo introduciendo en su fase de activación unos requisitos claros de inadmisión, cuando se trate de una causa con carencia manifiesta de fundamentos y requisitos, que pueda resolver directamente y con agilidad el único órgano competente, evitando así la presencia de Defensoría Universitaria en el marco de este protocolo, ya que queda comprometida nuestra autonomía, independencia y neutralidad, que son principios de actuación consensuados con todas las Defensorías Universitarias españolas (CEDU) y recogidos, normativamente, de no ser juez y, al mismo tiempo, parte en un mismo proceso. En definitiva, es conveniente que se convierta en un proceso más ágil, que pueda actuar de forma rápida y contundente, principalmente en protección de las víctimas, en aquellos casos que sea necesario, y descarte los casos fuera de su ámbito de aplicación o que se planteen como un medio de instrumentalización de fines ajenos a los perseguidos por la norma.

De forma relevante queremos sugerir un aumento significativo de las ayudas de atención psicológica para estudiantes. Sería conveniente, adicionalmente, poder contar con una convocatoria abierta durante todo el curso académico a efecto de no estar limitados, temporalmente, a la hora de poder derivar a un estudiante con necesidades apremiantes, en este sentido. La salud mental es un tema de máxima preocupación para las Defensorías Universitarias, puesta de manifiesto en los distintos foros que nos aglutinan a todos. Existe un consenso generalizado del aumento exponencial de los problemas derivados de la salud mental en las Universidades y ería conveniente reflexionar sobre la creación de servicios y medios específicos, además de las ayudas de atención psicológica anteriormente mencionadas, para cuidar la salud mental no solo de los estudiantes sino también del resto de miembros de la comunidad universitaria. Nos preocupa la salud mental de todos los miembros de la comunidad universitaria, por lo que se pueden ir explorando medidas y servicios específicos para todos los colectivos.

Igualmente hemos detectado problemas en relación con los programas de movilidad de estudiantes, relativos a discordancias entre lo que reflejan determinadas modificaciones de los acuerdos académicos para cursar asignaturas en la Universidad de destino que después no se trasladan a la correspondiente modificación de matrícula necesaria, al tratarse de dos procedimientos diferenciados que debe iniciar el interesado. En este sentido, y aunque se informa a los estudiantes de este hecho, hemos recibido varias solicitudes de amparo relativas a este asunto. Sugerimos que se estudie alguna fórmula para tratar de solucionar el asunto, por ejemplo, tratando de unificar dichos procedimientos para que se realicen conjuntamente.

Por otro lado, con objeto de mejorar el funcionamiento administrativo, sugerimos la puesta en marcha de cursos de formación, específicos, sobre aspectos básicos de tramitación de procedimientos administrativos (derecho a la subsanación de errores de las solicitudes, la motivación de los actos administrativos que de cumplida explicación de los motivos de las eventuales denegaciones de solicitudes, los pie de recurso con indicación de tipo de recurso procedente, órgano y plazo de interposición de recursos contra los distintos actos de los órganos encargados de la tramitación de procedimientos administrativos, etc.) que permitan a todos los miembros de la comunidad universitaria repasar, actualizar contenidos y profundizar en aspectos básicos de esta temática.

Por último, la adaptación a la LOSU genera un gran desafío a todas las Universidades: el diseño de los cuerpos docentes, el nuevo modelo de carrera académica, la reducción de la temporalidad o el nuevo régimen de dedicación docente que ha empezado ya a tener un gran impacto en nuestro PDI (siempre tan sacrificado y muchas veces poco reconocido). Sin embargo, si bien es un reto difícil y complejo dado el enorme volumen de estudiantes que tiene nuestra universidad, es conveniente que todo este proceso se acometa desde una cuidada planificación. Lo contrario puede acabar repercutiendo en nuestros estudiantes, receptores del servicio público de la educación superior y a los que nos debemos como entidad educativa, pues si hay un claro objetivo común es ofrecer la más alta calidad de su enseñanza, la cual debe empezar por ver cubierta la docencia desde los primeros días de clase.

Igualmente, recordamos que conforme a la propia LOSU es necesario una actualización estatutaria, conforme a Derecho, por lo que esperamos que cuando se aborde, se escuche a los diferentes actores de la comunidad Universitaria para conocer su opinión con el objetivo de poder actualizar nuestra normativa y adaptarnos a los últimos cambios existentes con garantías. Entre otras cosas, y en lo referente al claustro, habrá que actualizar los procedimientos de votación para poder agilizar el desarrollo de estos, teniendo que analizar la adopción de medios electrónicos que proporcionen las suficientes garantías. En definitiva, debemos mirar el futuro para poder crear la Universidad Rey Juan Carlos que entre todos queramos.